La oficina antifraude observa un “posible conflicto de intereses” en una contratación de Madrid Destino

“Posible conflicto de intereses”. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha emitido un informe en referencia a un contrato realizado el año pasado por la empresa pública Madrid Destino. Se trata de la vacante para cubrir una plaza en Cineteca, en el centro cultural Matadero Madrid, puesto que acabó consiguiendo Jara Fernández. Fernández es hija de Antonio Joaquín Fernández Segura, consejero delegado de Madrid Destino desde abril de 2017. Ese contrato —junto con el de Eva Nuño, también en Cineteca— protagonizó una bronca comisión de cultura. Tras ese encuentro, Ciudadanos llevó el contrato de Fernández a la oficina antifraude, que acaba de publicar un informe de seis páginas al respecto.

Tras examinar la información aportada, y pedir algunos datos más al Ayuntamiento, la oficina estima que de la contratación de Jara Fernández “podría inferirse un conflicto de intereses”. La base del razonamiento es que el consejero delegado de Madrid Destino es quien “determina los requisitos que deben reunir los candidatos al puesto, cuando se presume que conocía que uno de los aspirantes a dicha plaza era su hija”. Jara Fernández fue contratada antes de la llegada de su padre a la ejecutiva de la empresa pública: estuvo en nómina entre febrero y julio de 2017. Posteriormente, se le hizo un nuevo contrato, entre agosto de ese año y septiembre de 2018.

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Cuando se produjo esa segunda contratación, Fernández Segura ya era consejero delegado y como la gerente de Cineteca estaba de baja, el CEO, como máximo responsable de la empresa, tuvo que firmar la provisión de plazas. “El consejero no ha valorado a los candidatos ni ha formado parte del procedimiento de contratación”, explican desde el área de Cultura, última responsable de Madrid Destino. “El procedimiento, un concurso público, lo hizo un jurado formado por cuatro personas, procedentes de varios centros culturales, así como un representante de recursos humanos de la empresa. Lo que dota al proceso de unas garantías que antes no existían en los procesos de contratación del personal de Madrid Destino”, inciden desde Cultura, que remarca que la oficina contra el fraude ve un “posible conflicto de intereses” y que esperan al dictamen final.

“Presentamos una denuncia a la oficina antifraude para intentar dilucidar qué es lo que pasa en Madrid Destino. Y la oficina ha concluido que [en ese contrato] existen serios indicios de conflicto de intereses y una causa de abstención en la persona del consejero delegado”, argumenta Begoña Villacís, al frente de Ciudadanos en la capital. La causa de abstención obliga a los administradores [de empresas públicas] a “abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos y decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses directo o indireto”, según el Real Decreto 1/2010. “Esto no se ha producido ni con transparencia ni con objetividad y ya no lo dice Ciudadanos”, agregó Villacís, “sino la oficina antifraude creada por Carmena. ¿Esto va a ser razón suficiente para que la alcaldesa lo explique?”.

Los socialistas opinan que, como el dictamen de la oficina habla de una posibilidad, hay que esperar a que llegue a sus conclusiones finales. Por su parte, Isabel Rosell, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Cultura, ha pedido la dimisión del consejero delegado de Madrid Destino “por el escándalo de la contratación de su hija”. Rosell ha pedido explicaciones a Carmena y ha acusado al PSOE de “cómplice de este posible nepotismo” ya que en un Pleno municipal, los socialistas votaron en contra de pedir la dimisión del consejero delegado como reclamaban los populares junto a Ciudadanos. "El partido socialista es el primero que ha denunciado cualquier contrato irregular", ha dicho Mar Espinar, portavoz municipal de cultura del PSOE, "eso sí, en ningun momento hemos buscado el titular fácil. Algo que interesa al PP y C`s que nunca han mostrado una preocupación real por lo que suceden en la empresa pública".