Colau antepone las cuentas del Gobierno y la Generalitat a las municipales

Finales de noviembre y el Ayuntamiento de Barcelona sigue sin presupuesto por la falta de apoyo político al proyecto del gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Ayer, durante el pleno del consistorio, la alcaldesa dejó clarísimo que la prioridad de los comunes es pactar las cuentas del Gobierno español y del de la Generalitat. Y la razón es sencilla: es de las transferencias de estas dos administraciones por donde le pueden aumentar los ingresos a la ciudad. Sino, dijo, siempre hay tiempo para prorrogar las actuales cuentas municipales.

La cuestión de la falta de presupuesto afloró durante una pregunta del líder del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz. “Los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona son los más sociales de todo el Estado y la prórroga no la queremos ni en Barcelona, ni en la Generalitat ni en el Estado. Pero en la actual coyuntura a quien menos afectaría [una prórroga] es a Barcelona porque la base del presupuesto de Barcelona es un presupuesto más social y más expansivo que nunca, en cambio, los de la Generalitat son de recortes y los del PSOE en el Estado también y de privatizaciones”, afirmó.

Tasa para bicis y solares

A nivel ejecutivo, en el pleno de ayer se aprobó provisionalmente la tasa en concepto de ocupación del espacio público, de 71 euros anuales, para bicicletas y motos de las empresas de alquiler compartido. Barcelona en comú contó con los votos favorables de ERC, PSC y del concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé. El PDeCAT, Ciutadans y la CUP votaron en contra.

La tasa es polémica porque el gobierno de Colau la vincula a un futuro decreto de alcaldía que regulará la operativa de los operadores de movilidad compartida. Y algunos partidos de la oposición reprochan al gobierno que la segunda fase se haga sin consenso. La normativa que preparan los comunes prevé cuestiones como acotar el número de licencias o que los operadores cedan datos sobre el movimiento de sus vehículos al consistorio.

El pleno también aprobó la inversión de 31 millones de euros en expropiar siete solares para hacer equipamientos públicos en el distrito del Eixample. En total, suman 12.500 metros cuadrados y permitirán atender, según el gobierno, las necesidades de equipamientos de proximidad o vivienda en un distrito donde no hay solares vacíos.