Material de los zulos hallados en Tui tras la explosión perdura incautado dentro de la pirotecnia ilegal

Distribuido en un par de casetas de una fábrica de fuegos de artificio sobre la que pesa desde 2015 una sentencia firme de demolición. Así se custodia una cantidad imprecisa de material pirotécnico clandestino que fue incautado por la Guardia Civil en los días posteriores a la explosión de una nave en Paramos (Tui) que acabó con la vida de un matrimonio y dejó dos niños huérfanos y 37 vecinos heridos, además de 340 casas dañadas, 26 totalmente destruidas. En la resaca de la catástrofe del 23 de mayo, a poco más de un kilómetro del pueblo arrasado de Paramos, en Baldráns, se descubrieron dos almacenes ilegales en los que el dueño de la pirotecnia La Gallega, Francisco González Lameiro, acumulaba en total unos 1.700 kilos de material explosivo, entre el ya elaborado y la materia prima para fabricarlo. Los dos zulos se hallaban muy cerca de la sede de La Gallega, también en Baldráns, una pirotecnia que desde hace tres años ya no existiría si los sucesivos alcaldes de Tui hubiesen llegado a cumplir la orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pese a su situación de ilegalidad, parte de este producto de los zulos fue depositado allí en aquel momento y más de cinco meses después continúa en el lugar, una zona poblada, sin ser destruido.

Este hecho consta recogido desde el pasado 10 de septiembre en el acta municipal del precinto que, al fin, a la vuelta del verano, ordenó el actual regidor de Tui, Carlos Vázquez Padín (Converxencia 21, en el gobierno desde octubre de 2017), después de un par de multas por parte del juzgado encargado de ejecutar la sentencia de demolición. Hasta ese momento, y ya desde mayo con el empresario en prisión preventiva tras el hallazgo de los zulos, no existía veto oficial para la entrada al recinto. En el acta se desvela que la pirotecnia La Gallega alberga una veintena de casetas y que al menos en dos de ellas "existe material del que se intervino y no fue destruido". Estos productos, especifica el escrito, estaban "en la casa del propietario" y en "distintos almacenes que se encontraron". La juez instructora del accidente mortal de Paramos, una causa diferente de la de la demolición, que se sigue en Pontevedra, investiga a González Lameiro por un delito de riesgo catastrófico, dos homicidios imprudentes, daños y lesiones imprudentes y tenencia ilícita de explosivos.

Esta mañana, el Tribunal Superior ha confirmado que, tras el decomiso, "el material explosivo fue destruido en el momento por los Tedax" y que provisionalmente se decidió que lo que el juzgado define como "el material pirotécnico" fuese "trasladado a La Gallega", a pesar de la orden de derribo que pendía sobre las instalaciones. Recientemente, la juez de Instrucción número 1 de Tui, que investiga la explosión de mayo, recibió un oficio por el que se le pedía permiso para que la Guardia Civil dispusiese de ese producto para su destrucción. La magistrada autorizó su eliminación porque ese material, desde hace meses, no está pendiente de ninguna prueba.

Ayer por la tarde, intervención de armas de la Guardia Civil aprovechaba un desprecinto momentáneo de las instalaciones (para una venta del producto legal que todavía se conserva dentro de la pirotecnia y que ahora la empresa debe retirar antes de la demolición) para elaborar un inventario sobre el material de origen clandestino que se acumula sin que se le haya dado salida. Según algunas fuentes, debe ser enviado para su destrucción al Laboratorio Oficial José María de Madariaga (LOM), el centro de referencia del Gobierno para minería, atmósferas explosivas, explosivos y pirotecnia, con sede en Madrid.

Junto a este material decomisado, en otras casetas de La Gallega se acumula todavía una cantidad indeterminada de material que la empresa sí podrá vender siempre y cuando la Subdelegación del Gobierno facilite una autorización. La empresa está ahora obligada por el Ayuntamiento a desalojar en breve las instalaciones para su derribo y ha pedido permiso para elaborar su propio inventario. En las fechas del desastre de Paramos, tanto en los galpones y almacenes ocultos como en la pirotecnia se guardaba gran cantidad de producto con vistas a las fiestas del verano.

Un portavoz oficial de la Subdelegación en Pontevedra aseguró ayer que su organismo no fue responsable de la decisión de trasladar el material pirotécnico a la empresa en un caso que está judicializado y tampoco pudo precisar ni la naturaleza ni la cantidad de lo incautado que no destruyeron al principio los Tedax y que se acopia en Baldráns. No obstante, recordó que a pesar de su ilegalidad urbanística las casetas cumplen las medidas de seguridad que en caso de cualquier explosión contendrían la onda expansiva. Si se produjera un accidente, como ya se registraron en La Gallega en dos ocasiones anteriores (1980 y 2005), los daños serían menores que los de Paramos (hubo incluso tejas y ventanas rotas en Portugal).

La explosión sería vertical en lugar de horizontal, lo cual no ayuda a tranquilizar los ánimos de vecinos como Francisco Gómez, el hombre que tras una explosión en 2005 que causó destrozos en 20 viviendas emprendió una cruzada en solitario contra la pirotecnia. Después de que la sentencia de demolición fue firme en 2015, Gómez siguió hasta ahora luchando contra el Ayuntamiento, en manos de sucesivos alcaldes de varios colores, para que acatara el fallo. Este vecino siempre defendió que si se hubiera clausurado definitivamente y derribado La Gallega, González Lameiro habría tenido que abandonar Tui y no hubiera acumulado cantidades ingentes de pólvora en tres zulos, uno de los cuales causó el siniestro mortal de mayo.

Ocho meses de plazo para el derribo

El actual alcalde, que ostenta el cargo desde que en octubre una moción de censura impulsada por el PP desbancó al PSOE del gobierno local, defiende su gestión tras el accidente a pesar de las trabas puestas por otras Administraciones, como la central, que han aplazado cuestiones cruciales como la declaración de zona de emergencia y el desescombro del núcleo arrasado. Según él, si no puso en marcha antes el proceso de precinto, desalojo y demolición de La Gallega (para el que esta semana anunció un cronograma con pasos que se deben cumplir en un plazo de ocho meses), fue por falta de "asesoramiento".

"El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento es un auténtico desastre y acumula gran cantidad de expedientes judicializados", afirma Vázquez Padín: "Así que a principios de septiembre contraté a un asesor judírico externo y a partir de ahí todo se activó". En una providencia del día tres del mes pasado en la que le notificaba una multa de 1.500 euros, la juez de Pontevedra acordaba "deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al alcalde, habida cuenta de los sucesivos requerimientos que fueron desatendidos".

Vázquez Padín cree que el hecho de ser un alcalde "independiente", no vinculado a los grandes partidos, le ha convertido en "cabeza de turco". "Soy un eslabón súper débil", resume. Lamenta que se quiera desviar hacia él toda la responsabilidad cuando "la verdadera cuestión, de la que nadie habla, es la falta de control" sobre toneladas de explosivo que compraba, vendía y manejaba clandestinamente el pirotécnico, una materia sobre la que tiene competencias el Gobierno central, con inspecciones de la Guardia Civil. El propio consistorio de Tui contrataba siempre fuegos para la fiesta patronal de San Telmo a La Gallega. Tras la tragedia de Paramos, la última factura, de 10.000 euros, quedó sin abonar por orden del Gobierno local.

Exención fiscal de las ayudas

El Gobierno central mantuvo congeladas sus decisiones acerca de la explosión de Paramos hasta después del verano. Y solo contestó a la catástrofe de Tui cuando en septiembre dio respuesta rápida a los lugares de la Comunidad Valenciana arrasados por el incendio forestal de Llutxent. Entonces aceptó incluir Paramos en el decreto de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil, lo que antes se llamaba zona catastrófica, como reclamaban sin descanso los vecinos de Tui desde mayo. Hace unos días, el Ejecutivo de Pedro Sánchez confirmó a los centenares de afectados la exención fiscal de las ayudas recibidas para rehacer sus casas, que algunos ni se atrevieron a solicitar por temor a no poder pagar los impuestos.

Pero todavía está pendiente de aprobación el proyecto de desescombro de la zona cero, imprescindible para que las familias que habitaban más cerca del almacén ilegal de Paramos (donde explotó al menos tonelada y media de material) puedan empezar a reconstruir de la nada sus viviendas. Según informa la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, el protocolo de desescombro, fruto de un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Política Territorial, está ahora en manos de este último departamento, en fase de elaboración. La plataforma de afectados quiere que se encargue la tarea a la empresa pública Tragsa para "agilizar" la retirada de cascotes. Pero de momento ni siquiera se pone fecha al comienzo de los trabajos.

El alcalde ha hecho pública esta mañana una nota de prensa en la que reprocha a la Subdelegación su falta de "colaboración": "No colabora, ni se reúne, ni subministra información alguna". Y asegura que hasta ayer no tuvo "conocimiento" de que se "hubiera ordenado el depósito en la pirotecnia del material encontrado en los zulos ni de que el juzgado ordenase a la Subdelegación su retirada y destrucción".