Los letrados del Parlament alertan de los riesgos de que voten los diputados suspendidos

Los servicios jurídicos del Parlament de Cataluña han emitido un informe contundente en el que se advierte de los riesgos de que participen en las votaciones de la Cámara los cuatro diputados de Junts per Catalunya que aún no han designado una persona para que les sustituya: Carles Puigdemont, huido en Bruselas, así como Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, los tres en prisión.

El informe suscrito por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y por el letrado mayor, Joan Ridao, alerta de que estos cuatro parlamentarios han de adecuarse al contenido de la resolución aprobada por el Parlament el pasado día 2 y que, en consecuencia, han de seguir el camino de Oriol Junqueras y Raül Romeva, y designar a un diputado para seguir ejerciendo sus derechos parlamentarios.

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En caso contrario, las votaciones podrían ser invalidadas, se podría estar vulnerando la Constitución e incluso se podría estar cometiendo un delito de desobediencia al auto dictado el pasado 9 de julio por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el que suspendió a los seis diputados, al tiempo que abrió la puerta a que pudieran ser sustituidos.

Hasta ahora, Junts per Catalunya ha presentado diversos escritos a la Mesa del Parlament que "en ningún caso" cumplen con el requisito establecido, porque se limitan a mantener una delegación del voto anterior al auto del juez del Tribunal Supremo. Por todo ello, los letrados constatan que los escritos presentados por Junts per Catalunya "no pueden desplegar los efectos jurídicos previstos" y, por tanto, "la eficacia jurídica de los actos parlamentarios en los que puedan participar los referidos diputados queda seriamente afectada y son susceptibles de ser invalidados". Es decir, si la lista de Puigdemont no cambia de criterio, todas las votaciones que se celebren a partir de ahora en las que participen esos parlamentarios serían nulas.

Este martes está previsto un pleno en el que se han de votar las propuestas de resolución del debate de política general celebrado la semana pasada y será el primer test para poner a prueba la reacción de Junts per Catalunya. El informe de los letrados se ha emitido a petición del presidente del Parlament durante la reunión de la Mesa celebrada este lunes.

Los juristas advierten claramente que si los diputados delegan su voto, como pretende Junts per Catalunya, "no podrán computarse válidamente" y que, si eso sucede, se estaría vulnerando el derecho constitucional de participación política del resto de parlamentarios de la Cámara. Y ese escenario, prosiguen los letrados, sería susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por esos diputados, así como de recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

Además de eso, concluye el informe, han de considerarse también "las eventuales responsabilidades que pudiera apreciar la Sala Penal del Tribunal Supremo por estimar, en su caso, que se ha incumplido su auto de 9 de julio". Es decir, podrían incurrir en un delito de desobediencia los miembros de la Mesa que den luz verde a la celebración del pleno si no existe una rectificación previa. Y el primero de los afectados en ese escenario sería Roger Torrent, presidente de la Cámara catalana.