La fractura con la CUP agrava la debilidad del Govern de Torra

“Se da la paradoja de cómo los Mossos han protegido la movilización fascista a la vez que agredían al movimiento antifascista. Pedimos todas las responsabilidades y la dimisión inmediata de Buch”, aseguró el diputado de la CUP Carles Riera tras los incidentes del sábado. En las cargas fueron detenidas seis personas —que ya están en libertad—, 19 sufrieron contusiones y otras cinco heridas leves. El defensor del pueblo catalán anunció una investigación de oficio.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, rechazó, en una entrevista a TV3, atender la petición de los anticapitalistas. Pero el propio president también salió cuestionado. Los autollamados Comités de Defensa de la República (CDR) fueron más allá y pidieron que también renuncie Torra, al que acusaron de “traidor”. “Lo pagaréis”, dice un tuit de la cuenta oficial de los CDR.

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Buch se explicó en un tour de entrevistas por medios catalanes. En primer lugar, negó que hubiera cargas policiales y dijo que los agentes se limitaron “aguantar los cordones policiales”. Tras atribuir los incidentes a una “minoría violenta” que “no forma parte del procés”, el consejero retó a la formación anticapitalista a aclarar “si piensan que la violencia lleva a algún sitio”. Para el consejero, los agresores acudieron “con la cara tapada” a “enfrentarse violentamente contra personas que pensaban distinto”.

Torra también dijo que se revisará la actuación policial, aunque cerró filas en torno a Buch. “Hay imágenes en las que hay golpes de defensa que están por encima de la cintura y eso es algo que el protocolo no prevé”, aceptó el consejero. Desde ERC, el consejero Ernest Maragall se mostró confiado en que su homólogo de Interior hará un informe exhaustivo y “será capaz de dirimir responsabilidades, si las hay, en cualquier sentido”.

El encontronazo entre la CUP y el Govern llega en el momento en que la coalición que conforman Junts per Catalunya y Esquerra Republicana necesita más que nunca a los anticapitalistas. Sus votos serán fundamentales mañana para aprobar en el Parlament el dictamen que los grupos independentistas diseñaron para hacer efectivo el auto del Tribunal Supremo que suspende a Carles Puigdemont y a otros cinco diputados procesados por rebelión y malversación.

Ese dictamen cuenta con dos puntos. Primero, que la Cámara decida si suspende o no a los diputados. Aquí la CUP es partidaria de mantenerlos. El problema se produce en el segundo apartado, que pretende que los diputados afectados designen a un sustituto mientras se aclara su situación judicial y así no se altere la mayoría. Los anticapitalistas creen que este punto implica acatar la orden del Supremo y por tanto se oponen. El pasado viernes, los letrados del Parlament aseguraron que ambas votaciones tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta, lo que resultaría imposible sin el apoyo de la CUP.

El debate presupuestario

El otro problema es el de los presupuestos catalanes. Torra aseguró hace una semana que la CUP y los comuns serán sus socios preferentes en las negociaciones. Los cuatro votos de los anticapitalistas permiten superar los 68 apoyos requeridos. Tras los incidentes del sábado, se antoja muy difícil que el Govern convenza a Riera y el resto de diputados.

Las relaciones entre el Govern y los anticapitalistas estaban en el congelador después de que, en marzo, la CUP no se aviniera a votar a Jordi Turull como president justo antes de que fuera enviado a prisión preventiva por un supuesto delito de rebelión y malversación. Los anticapitalistas incluso aseguraron que pasaban a la oposición.

El ambiente entre la CUP, los CDR y el Govern venía caldeándose desde hace días, a raíz de una acampada en reivindicación de la república que se instaló en la plaza Sant Jaume justo después de la manifestación masiva de la Diada. La intención era mantenerla hasta que “la república catalana no se haga efectiva”.

El propio Torra y varios miembros del Govern bajaron a saludar a los acampados hace dos semanas, mientras que diputados de la CUP y de Junts per Catalunya también expresaron su simpatía con la manifestación. Con motivo de las fiestas de la Mercè, la protesta se redujo, pero finalmente Interior pidió desalojarla el pasado miércoles, argumentando motivos de seguridad y tras recordar que Cataluña se encuentra en nivel 4 de alerta terrorista. La actuación del Govern contrasta con las declaraciones habituales de Torra llamando a una movilización permanente para lograr la liberación de los políticos presos y la independencia.

El sindicato policial Jusapol se manifestó el sábado en Barcelona para homenajear a los policías y guardias civiles que trataron de impedir el referéndum ilegal del año pasado. Para el independentismo, celebrar la “represión” del 1-O es una afrenta. Unos 6.000 manifestantes se concentraron en la plaza de Sant Jaume para protestar contra la marcha policial. Un grupo de personas, incluidos miembros de CDR y de la izquierda anticapitalista, trataron de romper el cordón policial que protegía la manifestación de los agentes.

La actuación de los Mossos impidió el choque entre los dos bandos, pero la tensión se desbordó por momentos. “No se protegió a unos u otros, sino la seguridad de todos. Si el cordón policial no hubiese aguantado, ahora estaríamos hablando de una batalla campal o de un drama”, dijo Buch. La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, también intervino en el debate. Desde Suiza, donde huyó para no responder ante la justicia española, criticó que se autorizara una manifestación de Jusapol en la vigilia del 1-O. “Estos días el recuerdo de las porras está a flor de piel”, escribió en Twitter.