La parálisis se cronifica en Cataluña un año después del 1-O
La división entre el independentismo marca la legislatura
El pleno del Parlament tiene previsto volver a reunirse esta semana, tras un lapso de más de 70 días, para el Debate de Política General. La mayoría independentista ha mantenido bloqueada la Cámara catalana durante todo este tiempo por desacuerdos sobre cómo afrontar la suspensión de Carles Puigdemont y el resto de diputados procesados por un supuesto delito de rebelión y malversación. El hemiciclo vacío durante más de 10 semanas es la viva imagen de la parálisis que se ha apoderado de las instituciones catalanas un año después del la consulta del 1 de octubre de 2017, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, y que derivó en la suspensión del autogobierno, el encarcelamiento o fuga de buena parte del Govern y unas elecciones anticipadas que poco o nada clarificaron el panorama político. Y nada indica que el desbloqueo esté cerca.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha optado por un estilo de gobierno que consiste en exacerbar el simbolismo a favor de los políticos presos. Insiste en que “el mandato del 1-O” es el sustento de su Govern, pero ante la imposibilidad de hacer efectiva la república se resigna a gestionar la autonomía asegurando que ello también es “hacer república”. De esta forma, intenta combinar asuntos como el traspaso de los trenes de Cercanías con un inconcreto proceso constituyente.
A Torra no le interesa matar al padre y se limita a ejercer como jefe de un Ejecutivo provisional a la espera de un improbable retorno de Puigdemont, que sigue moviendo los hilos de la Generalitat y la política catalana desde su morada de Waterloo (Bélgica). Prueba de ello es que Torra lleva toda la semana dedicado a conmemorar los acontecimientos del pasado 1 de octubre en una agenda que mañana culminará con una reunión de todo su gabinete ni más ni menos que en Sant Julià de Ramis (Girona), el pueblo del expresident y desde el cual, en directo por la televisión catalana, se pudieron ver los detalles de las cargas policiales con las que el Gobierno del PP intentó frenar la votación.
“Ya nadie espera nada de la Generalitat”, se queja amargamente una importante alcaldesa catalana incómoda con la actual situación política en Cataluña pero también con la falta de iniciativa a todos los niveles que está exhibiendo la Generalitat. “El Govern hasta ha acudido a nosotros para pedirnos mantas para atender a los menores inmigrantes indocumentados que llegan en masa cada semana... ¡ni mantas han previsto!”.
Un vida legislativa bajo mínimos
El desacuerdo entre el expresidente Carles Puigdemont y Esquerra se vive con fuerza en la Cámara catalana. Algo que impacta directamente en la vida legislativa. Hasta el momento solo se han aprobado dos normas: una reforma para permitir la investidura telemática y una moratoria sobre el conocimiento de la segunda lengua en la Universidad.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, consecuencia del 1-O y de la declaración política de la república, implicó disolver la Cámara. Tras el 21-D, la dinámica parlamentaria ha estado marcada por la rivalidad entre los grupos de Junts per Catalunya y el republicano. El último desencuentro, por la suspensión de los seis diputados procesados por rebelión y malversación por el Tribunal Supremo. La falta de acuerdo ha hecho que desde el 19 de julio no haya plenos.
Junts per Catalunya defendía una solución a la medida de Puigdemont mientras que ERC respondió que no podía haber diputados de primera y de segunda. Los socios de Govern, por primera vez, se tiraron los trastos por la cabeza en público y se acusaron mutuamente de mentirosos.
La semana pasada, en teoría, llegaron a un pacto para la suspensión, que fuentes jurídicas consideran que no se adecua a lo que pide el Supremo. Puigdemont se vio obligado a ceder en sus pretensiones y hubo una única solución para todos. Sin embargo, un dictamen mal redactado deja en el aire la posibilidad de llegar a un acuerdo, plantea un eventual bloqueo al debate de política general que comienza en teoría el martes y obliga a que la CUP se avenga a apoyar la propuesta. Un recuerdo más al independentismo de que su mayoría es débil.
La falta de cintura para abordar la crisis de los menores inmigrantes —acompañada de quejas constantes porque el Gobierno central no permite que la Generalitat acoja a miles de refugiados pese a estar “preparados”— es solo un ejemplo de que la parálisis provocada por el procés y por el empeño de Puigdemont en mantener su influencia.
La situación de provisionalidad de la radio y televisión pública de la Generalitat es otra consecuencia directa. Todos los miembros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) tienen vencido su mandato y no hay un calendario para renovarlos por las resistencias del expresident y su entorno a ceder más poder a sus socios de Gobierno de Esquerra Republicana.
La economía también envía señales preocupantes. En el primer semestre del año la inversión extranjera en Cataluña ha caído un 41% frente al incremento del 1,3% del conjunto de España según datos del Ministerio de Industria. La primera comunidad española en número de turistas tampoco exhibe buenos indicadores y el sector asegura que ello no se explica solo por el bajón generalizado del turismo de sol y playa de los últimos meses. El procés ha influido, y no poco según el gremio de hoteleros de Barcelona, en que la facturación de sus establecimientos haya bajado un 14% este verano.
“Legislatura perdida”
“Vamos a una legislatura perdida”, admite un alto cargo del Gobierno catalán alineado en las filas de ERC, partido que lucha pero no consigue, al menos de momento, capitanear el día a día de la Generalitat. Torra no solo no esconde, sino que exhibe sin pudor que es Puigdemont quien manda. Sus reuniones vía Skype son constantes y cuando no habla con Puigdemont se reúne con los exconsejeros presos que también marcan a su manera el día a día de la política catalana. “Se hace más política dentro de la prisión de Lledoners que en el Palau de la Generalitat”, admite este alto cargo.
El único remezón en sobre el tablero ha sido el cambio de Gobierno en La Moncloa. La apertura del diálogo entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat ya empieza a dar sus primeros frutos, en forma de compromisos económicos por 1.400 millones de euros por cuatro años, los recursos que estaban comprometidos en el Estatut de Autonomía y que nunca habían sido pagados. El silencio con el que Junts per Catalunya recibió esta noticia —fue el vicepresidente, el republicano Pere Aragonès, quien llevó la rienda de las negociaciones con Hacienda la semana pasada— da una muestra del distanciamiento entre ambos socios.
La cercanía a las elecciones municipales y europeas también ha comenzado a agrietar unas relaciones ya de por sí maltrechas. La lucha por la hegemonía del independentismo y la decisión de Puigdemont de crear una formación panindependentista —la Crida— tiene atado de manos al PDeCAT, cuyos votos son vitales para el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes de Junts per Catalunya y de Esquerra se acusan mutuamente de electoralismo y de desoír el clamor de entidades soberanistas como la Asamblea Nacional Catalana, que piden unidad de acción.
Las elecciones europeas son, de cierta manera, la cita electoral en que tendría más sentido que el independentismo uniera fuerzas para tener una voz unitaria en Europa de cara a internacionalizar el conflicto. El anuncio ayer de los republicanos de ungir a Oriol Junqueras, en prisión preventiva y procesado por un supuesto delito de desobediencia, pone fin a esta posibilidad e implica que Esquerra comienza a tener la iniciativa. La gran prueba de fuego del Govern y el Parlament será abordar una incierta negociación presupuestaria, en la que la CUP y los Comuns son, en teoría, los socios preferentes.
