Críticas al gobierno de Colau por la agresión de un ‘mantero’ a un turista

Dos días después de que un grupo de manteros increpara a un turista norteamericano en la plaza de Cataluña de Barcelona y uno de ellos le hiriera en la cabeza, arrecian las críticas al gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su actuación respecto al fenómeno del top manta. Si ayer las críticas llegaron desde los partidos de la oposición y los comerciantes --y no es la primera vez--, este viernes han sido los gremios de restauración y los hoteleros.

Desde el gobierno de la ciudad, la teniente de alcalde y alcaldesa accidental, Laia Ortiz, ha condenado la agresión de un vendedor de 'top manta' a un turista la noche del miércoles, que resultó herido en la cabeza. Ortiz ha defendido el abordaje del Ayuntamiento respecto al fenómeno y ha pedido más colaboración del resto de administraciones.

El Gremio de Restauradores ha pedido a la alcaldesa que interrumpa sus vacaciones (fuentes municipales apuntan que no está de vacaciones sino en un encuentro sobre migraciones en el municipio italiano de Riace) y convoque "de urgencia" el consejo de seguridad. "La multiplicación de situaciones de violencia protagonizadas por manteros hace imposible hablar de hechos aislados y cuestiona la seguridad de vecinos y visitantes", afirman los representantes de bares y restaurantes.

Desde el Gremio de Hoteles, también han condenado y han considerado "inadmisibles" los hechos, que han asegurado que eran previsibles: "Por desgracia era previsible, y es muy preocupante. Son necesarias soluciones urgentes para erradicar el top manta", ha subrayado el director general del Gremio, Manel Casals. La entidad ha asegurado que el Ayuntamiento no está poniendo los medios necesarios para poner fin a estas actividades, "que además de perjudicar gravemente al comercio local proyectan una imagen muy negativa de Barcelona en todo el mundo". Casals ha recordado que se trata de una actividad ilegal y ha asegurado que está "presente impunemente en numerosas áreas de la ciudad”.

Por parte del gobierno, Ortiz ha afirmado: "Condenamos los hechos. Más allá de que sean unos hechos puntuales o aislados, son inaceptables", ha respondido en rueda de prensa y ha remarcado que el ejecutivo de Colau condena con toda la firmeza esta muestra de violencia. Ortiz ha asegurado que se ha puesto en contacto con servicios sanitarios para interesarse por la situación del herido, que fue dado de alta unas horas después de la agresión: "Hemos seguido la situación de cerca" y lo harán también con la investigación, en la que ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento.

Preguntada por las críticas de algunos colectivos y de todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento salvo la CUP, ha replicado que "no se puede decir que hay impunidad", y ha resaltado que continuamente se requisa material y se ponen sanciones. En 2017 las multas fueron 70.000. Ortiz ha lamentado que no se puede actuar si no hay suficientes efectivos policiales y que en cualquier caso hay que hacerlo siguiendo el principio de proporcionalidad, garantizando la seguridad de la ciudadanía y los agentes. También ha añadido que este verano se ha reforzado la presencia policial en el distrito de Ciutat Vella, con 100 agentes más de la Guardia Urbana.

La alcaldesa accidental ha advertido de que, "si alguien cree que a partir solo de actuaciones en la calle se va a resolver el asunto, tiene completamente desenfocada la situación del problema" y, preguntada por si el Ayuntamiento se personará en una eventual causa judicial, ha dicho que todavía no hay denuncia y que lo estudiarán si se da el caso.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales ha insistido en que el 'top manta' no es un problema solo de Barcelona, sino de muchas otras ciudades, y ha recordado que el consistorio de la capital forma parte de la mesa de trabajo impulsada por el Síndic de Greuges de Catalunya junto a otras ciudades y administraciones para abordar el asunto.

También ha insistido en la idea de que los vendedores ambulantes "no tienen capacidad de regular su situación y optar a un puesto de trabajo en el mercado regulado por su condición administrativa", razón por la cual el Gobierno de Colau pide habilitar permisos de trabajo y ha impulsado 130 planes de empleo para reconducir su situación.

En este sentido, Ortiz ha pedido "más esfuerzos económicos y recursos de todas las administraciones" y también responsabilidad y lealtad institucional a los grupos de la oposición, porque el 'top manta' existe en municipios gobernados por todos los partidos, ha señalado. "Es importante no hacer de este tema un arma política, sino arremangarse y ver qué soluciones podemos encontrar al abordaje complejo de esta cuestión", ha señalado, y ha remarcado que no habría 'top manta' si se impidiese la entrada de mercancía falsificada.