Comerciantes y oposición se unen contra Colau por el ‘top manta’

Colau insistió en la idea ya expresada anteriormente de que el fenómeno de la venta ambulante ilegal requiere “un abordaje integral y estructural”, con soluciones vinculadas a la Ley de Extranjería, “racista”, —porque la ejercen migrantes en situación irregular que “están condenados a la ilegalidad”, dijo—, que escapan a las competencias de Barcelona o cualquier otra ciudad donde se instala. Por ello pidió al Gobierno central, que es quien tiene las competencias, que facilite permisos de temporales de empleo.

Con todo, la alcaldesa admitió que “es una actividad ilegal” y aseguró que la ciudad “no permitirá que sea un espacio de impunidad”. Colau quiso también mostrar complicidad con los comerciantes. “El tejido comercial es un tesoro que da vida y seguridad a nuestros barrios”, afirmó.

El presidente de Amics de La Rambla y de la plataforma de comerciantes, restauradores y entidades vecinales, Fermín Villar, celebró sus palabras pero afirmó que habrá que ver en un futuro si se produce un cambio. “Igual que se nos pide cumplimiento normativo, nosotros se lo pedimos a la administración”.

Colau aseguró que el Consistorio está ejerciendo presión sobre los mercados ilegales y que el Ayuntamiento “hace dos operativos policiales a la semana”. Por ello pidió a la Generalitat que si no puede aumentar la cifra de Mossos d’Esquadra destinados al fenómeno, “aumente las horas extra”, como ha hecho el consistorio con la Guardia Urbana. La alcaldesa explicó que, en vistas al pleno del próximo viernes, trasladará todas estas consideraciones a los grupos para que las apoyen en forma de Declaración Institucional.

Pero la oposición a Colau tiene otros planes con la lucha del top manta. Ayer la plataforma de afectados —donde además de empresarios solo figura una asociación de vecinos, la de la Barceloneta— tras reunirse con Colau tenía preparado lo que bautizaron como “acuerdo de ciudad”. Se trata de un documento firmado por el PDeCAT, C’s, ERC, PSC y PP mediante el cual los grupos se suscribieron de principio a fin a la denuncia que la plataforma presentó el pasado 6 de junio en el Ayuntamiento.

El documento exige a Colau que actúe contra la “competencia desleal” que supone la ocupación del “dominio público” que realizan los manteros. La plataforma acusa al equipo de gobierno de no cumplir ni respetar las ordenanzas siendo permisivos con la venta ilegal y exige que se “adopte de forma urgente las medidas pertinentes para que se paren y cesen estas actividades de venta no sedentaria no autorizadas ni autorizables”. Además, mantiene que la presencia del top manta está provocando un descenso de la facturación de los comerciantes y perjuicios en la marca comercial.

Tras ese “acuerdo de ciudad” los grupos redactarán una declaración que se votará en el pleno del viernes.Villar advirtió ayer que tanto si se aprueba el pacto como la declaración institución de Barcelona en Comú se debe hacer cumplir y poner freno a esa práctica, con la que sobreviven centenares de vendedores ilegales.