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El ‘síndic’ denuncia la pasividad para acabar con el ‘top manta

Ribó tacha de insuficientes las actuaciones de los Ayuntamientos

Dos clientes comprueban los productos de un mantero.
Dos clientes comprueban los productos de un mantero.

El Síndic de Greuges denunció ayer que los compromisos acordados por las Administraciones catalanas para abordar el fenómeno del top manta son “insuficientes y no han evitado que persista la venta ilegal”. El síndic, Rafael Ribó, criticó que nueve meses después de que convocara la primera reunión con los diferentes Ayuntamientos, Puerto de Barcelona, la delegación del Gobierno y los departamentos de Interior, Empresa y Conocimiento y Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat no se hayan aportado soluciones. “Doy por finalizado mi trabajo. No tiro la toalla pero las actuaciones que se han efectuado son desiguales”, lamentó.

El defensor denunció que “el top manta, es una actividad ilegal en manos de entramados mafiosos” y cuestionó que ninguna Administración posea datos sobre cuál es el alcance del fenómeno. “Sólo el Ayuntamiento de Barcelona nos ha dicho que en 2015 había en la zona portuaria un millar de vendedores ambulantes y en 2016 cerca de 300, pero ningún dato más”.
Ribó recordó que las instituciones públicas acordaron, hace nueve meses, estudiar el fenómeno desde el punto de vista “policial, social y teniendo en cuenta al consumidor”.

El defensor del pueblo catalán denunció ayer que el fenómeno persiste e “incluso se ha mezclado con otras conductas que son criminales como es la venta de sustancias estupefacientes. Las Administraciones no disponen de datos compartidos y las pocas iniciativas destacables son algunas como las del Ayuntamiento de Barcelona, que pronto presentará una cooperativa integrada por 15 exvendedores ambulantes ilegales”.

La cooperativa se presentará el próximo 23 de marzo. El Ayuntamiento ha formado a los manteros para que vendan artesanías en puntos de venta legales. Según el propio Ribó, el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, anunció ayer que la Generalidad también invertirá un millón de euros para reinsertar a 170 personas que hasta ahora se dedican a la venta ambulante ilegal. “Pero nada más, no hay más datos, la alcaldesa de Roses [Montserrat Mindan] incluso ha manifestado en la reunión de esta tarde que han vuelto a aparecer los vendedores ambulantes ilegales en su municipio”, denunció.

“Creo que hemos pasado de mirar el fenómeno con cientro buenismo, hemos mirado a otro lado, sin pensar que a los que menos beneficiaba era a los propios vendedores. Ahora lo miramos con realismo pero sin aportar soluciones”, concluyó Ribó. El síndic pidió también más campañas de sensibilización para los consumidores.