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La Generalitat y el Gobierno constatan su profundo desacuerdo en la Comisión bilateral

La ministra Meritxell Batet anuncia la constitución de las subcomisiones y el consejero Maragall muestra su decepción por el resultado

En primer plano, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Al fondo, de izquierda a derecha los consejeros Elsa Artadi, Ernest Maragall y Pere Aragones. En vídeo, declaraciones de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado esta noche en Barcelona que la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde 2011, ha concluido sin "acuerdos materiales" aunque ha apuntado que el diálogo entre las dos Administraciones está encauzado. El cónclave, celebrado en el Palau de la Generalitat durante cuatro horas, ha arrojado únicamente el pacto para crear tres comisiones mixtas y cuatro subcomisiones para abordar hasta final de año diferentes asuntos desde infraestructuras o la retirada de recursos de inconstitucionalidad. La reunión, en cualquier caso, ha servido para constatar las profundas diferencias y distancias que separan a las dos Administraciones.

Batet subrayó que el Gobierno "tiene un proyecto para Cataluña" que pasa por abordar varios asuntos fundamentales. El Ejecutivo pretende culminar los traspasos pendientes, bloqueados en los últimos años. Su plan es reducir la conflictividad entre La Moncloa y la Generalitat. Activar las inversiones públicas. Y llegar a acuerdos económicos y financieros para suavizar las dificultades de la Generalitat. La agenda del lado catalán, sin embargo, era muy distinta: el consejero de Exteriores y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, destacó la negativa en redondo del Gobierno a hablar de presos y cuestiones judiciales, o a un nuevo referéndum. En definitiva, "graves discrepancias", según destacaron ambas partes, y ni un solo acuerdo concreto más allá del calendario de reuniones para los próximos meses.

La relación de comisiones

El acuerdo contempla crear la comisión mixta de asuntos económicos; la de traspasos –que abordará la política de becas- y la de infraestructuras –en aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatut que contempla que la inversión sea proporcional al PIB-. El pacto comprende también la constitución de subcomisiones, entre ellas la que lleva el epígrafe de "Seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos" que abordará, entre otras cosas, la decena de recursos interpuestos por el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Las otras tres subcomisiones son la de colaboración y cooperación, Infraestructura y equipamientos y asuntos europeos y acción exterior.

El de este miércoles no era un paso fácil en el proceso emprendido por el Gobierno central para recuperar cierta normalidad en Cataluña. La Generalitat llegó a la reunión con una agenda repleta de peticiones imposibles de asumir por parte del Gobierno central, basadas en la demanda de un referéndum de independencia y la libertad para los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva. “Todas aquellas cuestiones que están en el ámbito judicial escapan de las competencias del Gobierno”, recordó la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, para zanjar el asunto. Con todo, Batet llevaba un mensaje político de fondo para dejar claro que el cambio de Gobierno tiene un impacto muy importante en Cataluña. La ministra destacó que “se ha recuperado la normalidad institucional entre los dos Gobiernos” y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “tiene un proyecto para Cataluña” basado en la “lealtad”, el “respeto a la Constitución y al Estatuto” y con la “recuperación del diálogo como método”.

En este sentido, el Gobierno rechazó crear una comisión para estudiar la posibilidad de un referéndum. “Constituir un grupo de trabajo no era pertinente puesto que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat tiene que desarrollar y aplicar el marco constitucional y estatutario”, dijo. Batet deslizó en este punto una petición concreta a la Generalitat: que garantice la “neutralidad” de las instituciones y del “espacio público”, muy maltrecha por más de cinco años de pugna entre partidarios y contrarios de proceso independentista.

La reunión estuvo liderada, por parte de la Administración central, por Batet, mientras que la delegación catalana tuvo una participación más coral para dar salida a las diferentes sensibilidades de su Gobierno de coalición. El consejero de Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, llevó la voz cantante por parte de la Generalitat y también participaron el vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi (Junts per Catalunya).

Tenemos conceptos muy diferentes de lo que es la normalidad", afirma el consejero Ernest Maragall

Maragall fue más pesimista en su valoración del encuentro, especialmente porque entiende que para nada se ha restablecido la normalidad en Cataluña. “Tenemos conceptos de normalidad muy diferentes”, dijo en referencia a la cuestión de los presos. La Generalitat, que llegaba a la reunión con serias divisiones internas entre los sectores independentistas más pragmáticos y los más combativos, considera que el encuentro dio menos de sí de lo ya esperado. Y pese a haber admitido previamente que no esperaban acuerdos concretos sí que, fuentes del Govern, echaron en falta ofertas concretas por parte del Gobierno como, por ejemplo, la retirada inmediata de recursos contra leyes como la de la pobreza energética. Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, confiaba en arrancar ese compromiso ya. "Pero ni eso", lamentó Maragall. "Parecía que estuvieran más pendientes de la reunión con Pablo Casado de este jueves que otra cosa". El consejero recalcó que en el cónclave no se mencionó en ningún momento -"Que quede claro", recalcó- el proyecto que tiene Pedro Sánchez para Cataluña. "Nosotros tenemos uno y lo defenderemos con convicción", remachó.

El Govern no recogió el guante de acudir a las reuniones multilaterales

Si la reunión no fue un fracaso en toda regla es porque se abrieron varias vías para lograr acuerdos los próximos meses en cuestiones que son auténticas urgencias para la Generalitat, como vías para aligerar el déficit público o la retirada de recursos ante el Constitucional presentados por el Gobierno de Rajoy. Los dos Ejecutivos acordaron volver a poner en marcha la comisión de traspasos y la que debe dirimir sobre la retirada de los recursos. La reunión abordó también la voluntaria ausencia de la Generalitat de las reuniones de los organismos autonómicos que en estos momentos están trabajando sin la presencia del Gobierno catalán. Batet pidió a la Generalitat que se incorpore a estos foros, particularmente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, guante que no recogió el Govern.

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