El delegado del Gobierno limita la negociación sobre la V-21 a los tramos sin desarrollar

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, está dispuesto a dialogar sobre una posible reforma de la V-21 -autovía de acceso a Valencia por el norte diseñada originalmente con tres carriles y todavía incompleta-, pero solo en los tramos que están sin desarrollar. Según Fulgencio, también será necesario abordar el proyecto de acceso norte al puerto de Valencia. "Hay que darle una solución", ha dicho.

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Compromís, socio del PSPV-PSOE en el Gobierno del Botànic, presentó ayer lunes una alternativa a la ampliación de la V-21, que supondría una "afectación prácticamente nula" sobre los terrenos de huerta colindantes -estiman que se reduciría en alrededor de un 90% el terreno a expropiar-. Y la consejera de Obras Públicas, la socialista Maria José Salvador, ha precisado que no renuncia a la ampliación de la autovía pero sí acepta estudiar con Fomento "cómo reducir al máximo las afecciones" sobre el suelo.

Sobre los tramos pendientes, Fulgencio ha explicado que el límite a la negociación del proyecto de la V-21 está en los expedientes administrativos, en las licitaciones que no estén acabadas, porque no se pueden vulnerar los derechos de los contratistas y adjudicatarios de las obras ya licitadas.

El delegado del Gobierno ha recordado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente valenciano, Ximo Puig, acordaron ver cómo se puede mejorar el proyecto, y también ha insistido en la importancia de que los municipios afectados por la ampliación de la infraestructura tengan voz en el proceso. Fulgencio ha citado expresamente el caso de Alboraia, donde la autovía parte en dos el municipio.

Fulgencio se ha referido también a otra de las cuestiones que enfrentan a las dos administraciones públicas: la retirada por parte del Gobierno español de los recursos presentados contra varias leyes valencianas. Es el caso de la legislación sobre pobreza energética, la ley del taxi, la de Función Social de la Vivienda, o anteriormente la que pretende anular el nombramiento de senadores territoriales, el decreto sobre el plurilingüismo -derogado tras sustituirse por una ley- o la de Sanidad Universal -anulada por el Constitucional al colisionar con la legislación aprobada por la entonces Administración del PP-.

El político socialista ha dicho que los recursos se estudiarán y se resolverán en las comisiones bilaterales entre el Ejecutivo central y la Generalitat aunque no se ha comprometido a su retirada que, en algunos casos puede realizarse al completo, y en otros casos, no. "Aquellas cuestiones que susciten mayor problema jurídico serán tratadas en las comisiones bilaterales; hay voluntad de llegar a acuerdos por ambas partes", ha señalado el delegado del Gobierno.

Para la próxima legislatura

Ya habló de ello en el acto de toma de posesión del cargo y hoy, Fulgencio, ha vuelto a referirse al aplazamiento de la  reforma de la financiación autonómica, por la que la Generalitat lleva peleando desde 2015 porque castiga a los valencianos.

"Debamos de tratar de llegar a un acuerdo en dos años" y mientras se darán soluciones transitorias, como adelantó el propio presidente Pedro Sánchez. "Son absolutamente necesarias y de justicia", ha dicho. El político ha defendido que junto a la financiación autonómica se resuelva también la local, unas entidades que sufren para mantener los servicios municipales.