El Gobierno recurre al Constitucional las leyes valencianas de vivienda y pobreza energética
El Ejecutivo considera que las normas invaden sus competencias
El Gobierno ha recurrido otras dos leyes de la Generalitat valenciana. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, en concreto, un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre artículos de la ley valenciana por la función social de la vivienda y la aprobada para paliar la pobreza energética.
Según la referencia del Consejo de Ministros, los preceptos objeto de impugnación incurren en extralimitación competencial e invaden las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica.
Si bien la ley, mantiene el Gobierno en el comunicado del Consejo de Ministros, tiene por objeto regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Valenciana, en los apartados objeto de impugnación se extralimita el ámbito competencial.
Además, el Consejo también ha aprobado un acuerdo por el que se insta al Gobierno a poner recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad Valenciana.
Dicho artículo regula la declaración de un hogar en situación de vulnerabilidad social, en cuyo caso determina un procedimiento previo al corte de suministro.
Según la referencia del Consejo, la ley autonómica, en su artículo 3, establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro.
Por tanto, el Gobierno argumenta el recurso de inconstitucionalidad en la invasión de competencias y cita la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016 que ya afirmó la preferencia de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, recogidas en la Constitución.
Las normas fueron aprobadas por las Cortes Valencianas en enero de este año. La norma de vivienda concede a la Generalitat capacidad para expropiar de forma temporal viviendas en caso de desahucios que afecten a personas en situación de "emergencia social", una categoría definida por la renta.
La norma fue aprobada con el voto de socialistas, Compromís, Podemos y Ciudadanos, si bien este último partido consideró que nacía "herida de muerte" al exceder las competencias autonómicas.
La ley de pobraza energética contempla, entre otras cuestiones, que las compañías comercializadoras de energía, antes de cortar el suministro a una vivienda, deban comunicarlo a los servicios sociales de la población en que se halle. Y obliga a la Generalitat a garantizar suministros básicos a las personas que se encuentren en emergencia social.
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