El Consell expropiará temporalmente viviendas vacías para alquileres sociales

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El Gobierno valenciano podrá expropiar el uso de casas vacías para destinarlas a viviendas sociales en caso de que vaya a producirse un desahucio. Lo recoge la ley aprobada este miércoles por el Parlamento autonómico, que persigue movilizar el stock de inmuebles sin utilizar y fomentar el alquiler. La Cámara también ha aprobado medidas para paliar la pobreza energética.

La consejera de Vivienda, la socialista María José Salvador, ha pedido al Gobierno que no recurra la norma, como ha hecho en otras autonomías que han aprobado iniciativas similares.

Las Cortes Valencianas han aprobado la Ley de Función Social de la Vivienda con los votos a favor de socialistas, Compromís, Podemos y Ciudadanos. El PP ha votado en contra y su portavoz, Elisa Díaz, ha calificado la nueva norma de "Frankenstein" y ha pronosticado que resultará imposible de aplicar. Pese a haber votado a favor, Ciudadanos ha considerado que la ley "nace herida de muerte" al abordar materias que escapan de la competencia autonómica.

La ley prevé la creación de un registro de viviendas vacías disponibles y ofrecer a los particulares garantías para alentarlos a alquilar sus pisos.

Dota a la Generalitat de la capacidad de expropiar temporalmente viviendas en caso de desahucios que afecten a personas en situación de "emergencia social" —definida por criterios de renta—. Antes de llegar a hacerlo, la ley contempla que los grandes propietarios de viviendas, como los bancos, adopten medidas alternativas al desalojo de los inquilinos, como el alquiler social con opción a compra.

Este alquiler sería fijado por la Generalitat y abonado al propietario también por la Administración autonómica durante un periodo de tres años prorrogables a otros tres. Si el dueño se niega, el Ejecutivo valenciano podrá expropiar el uso de forma temporal, y a su vez arrendarlo a los inquilinos, corriendo con el coste del alquiler.

La última medida coercitiva en una ley que apuesta en general por estimular la movilización de los pisos vacíos, que ascienden a unos 500.000, el 15% del total de la Comunidad Valenciana, según los cálculos de la Generalitat, consiste en la imposición de multas.

Estas, que podrán alcanzar los 30.000 euros, se aplicarán a los grandes propietarios (más de 10 viviendas) que no colaboren informando de cuántas viviendas tienen vacías para incorporarlas al registro de la Generalitat. O que, habiéndolo hecho, no las pongan en alquiler. Se consideran vacías las viviendas que cumplen una serie de requisitos, entre ellos llevar dos años deshabitadas.

La ley para reducir la pobreza energética, promovida por Podemos, ha sido aprobada por los mismos cuatro grupos y ha contado con la abstención del PP. La norma prevé que las empresas comercializadoras de energía tengan que comunicar previamente el corte del suministro a los servicios sociales del municipio. Y obliga a la Administración autonómica a garantizar los suministros básicos de las personas en situación de emergencia social.