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La Generalitat gana 3,8 millones por la subasta de 27 pisos

La protesta de las entidades, que ocuparon un ático y un local, retrasó la puja

Subasta de la Generalitat de Cataluña de pisos sin heredero.
Subasta de la Generalitat de Cataluña de pisos sin heredero. EL PAÍS

La subasta organizada ayer por la Generalitat de pisos cuyos propietarios murieron sin herederos (herencias intestadas) fue una metáfora del mercado inmobiliario. En tres imágenes. Una: en la calle, entidades que defienden el derecho a la vivienda manifestándose e intentando paralizar una venta de pisosque el gobierno asegura que no reúnen las condiciones para ser vivienda social o que le costaría dinero quedarse. Dos: en la sala de la puja, parejas de particulares que no pueden pagar los precios de mercado e intentaban conseguir, con poco éxito, una vivienda a buen precio. Y tres: representantes o propietarios de sociedades mercantiles que se llevaron la mayoría de los pisos. La Generalitat habla de 22 “personas físicas” y cinco empresas.

Había incluso extranjeros con traductor. Pujaban de mil en mil euros en las propiedades más económicas. O de 3.000 en 3.000; y hasta 10.000 en 10.000 euros. Se vendieron incluso viviendas que han sido ocupadas ilegalmente, como una en la calle de Blasco de Garay, en el barrio del Poble Sec de Barcelona. Salía por 141.500 euros y se compró por 243.000.

Finalmente, de los 46 inmuebles previstos se vendieron 27. El resto, sobre todo pisos fuera de Barcelona, no recibió ofertas y se venderán directamente por el precio de salida. En total, la Generalitat ha obtenido 3,8 millones. De éstos, 2,9 “que se destinarán de manera inmediata a rescatar pisos procedentes de ejecuciones inmobiliarias”. Es decir, a comprar pisos de bancos. El resto, 0,9 millones son de herencias no liquidadas que tienen otros activos para subastar: cuando se vendan, la Junta de Herencias decidirá qué hacer con ellas.

“Te das cuenta de que la manifestación de la calle tiene razón de ser, al final la mayoría se la han quedado empresas frente a las que estamos en desigualdad de condiciones”, lamentaba Darío, que lleva años en la lista de solicitantes de vivienda pública. Aspiraba a un piso en Ciutat Vella por 49.300 euros que tenía 27 licitadores, de los que solo tres eran particulares y se vendió por 132.000 euros. Mabintu, de 31 años, acudió acompañada de sus padres con la mira puesta en un piso del Raval que salía por 64.400 euros y se vendió por el doble.

La protesta en la calle, donde activistas de entidades como la PAH, el Sindicato de Inquilinos o el Sindicato de Barrio del Poble Sec intentaron impedir la entrada de los licitadores, retrasó la subasta casi dos horas. Además, la Plataforma Paremos la Subasta ocupó ayer mismo dos de las propiedades: un ático en el Clot y un local en el barrio del Putxet-Farró. El Ayuntamiento de Barcelona insistió en su crítica a la Generalitat por “tirar millas cuando tenían la oportunidad de poner estas viviendas al servicio público”, en palabras de la concejal Janet Sanz.