La subasta de pisos sin heredero abre un conflicto entre Colau y el Govern

La subasta de la Generalitat de pisos que no tienen herederos en Barcelona (algunos con inquilinos) cuando la ciudad vive una alarmante crisis por la falta de vivienda pública, ha abierto un conflicto entre el gobierno catalán y el de la alcaldesa Ada Colau. El Ayuntamiento y varias entidades exigen al Govern que paralice la subasta, prevista para julio, mientras la Generalitat dice que ya no se puede frenar. Y argumenta que los pisos intestados que ha sacado a subasta no pueden destinarse a vivienda social y que será más útil el dinero que obtenga (2,5 milones de euros), que revertirá en políticas de vivienda. El departamento de Economía también señala que las condiciones de la subasta obligan a mantener los contratos de los inquilinos.

La alerta la lanzaron hace unos días los vecinos del barrio Gòtic de Barcelona al conocer que entre los pisos que saldrán a subasta están los que tienen inquilinos de renta antigua del edificio del Mesón del Café, en la calle de Llibreteria, al lado de la plaza de Sant Jaume. Están convencidos de que los comprarán empresas que especulan con la vivienda y que sus vecinos serán expulsados.

"La Generalitat nos dice que es su obligación vender, pero está claro que la empresa que gane la subasta será la más especuladora y no tenemos ninguna duda de que les echará [a los vecinos]", aseguró ayer Martí Cusó, de la plataforma vecinal del barrio. En este caso concreto, la Generalitat explica que los saca a subasta porque ya tienen vecinos y no podrían incorporarse al parque público; y porque a las viviendas se accede por el café, por lo que habría que hacer división horizontal de la finca y resolver el acceso.

La presión ciudadana de los últimos días llevó al equipo de Colau a escribir el miércoles a la Generalitat para que "detenga la subasta", al tiempo que recordó que la administración local ha comprado más de 500 pisos y está construyendo 66 promociones de alquiler, pero que es insuficiente, porque en la Mesa de Emergencias hay 300 familias en lista de espera. Hoy mismo Colau se ha ofrecido para gestionar los pisos que van a subasta.

Ante la polvareda levantada, este jueves, el secretario de Hacienda del departamento de Vicepresidencia y Economía, Albert Castellanos ha detallado cómo gestiona el patrimonio que recibe porque ningún heredero reclama (hasta cuarto grado de parentesco). Y también ha afeado al equipo de Colau que se preocupe ahora por unos pisos cuya lista y subasta "es pública desde el pasado mes de marzo". "Colau tenía el compromiso de sumar 4.000 pisos sociales, un reto que solucionará como considere pertinente, hablamos de diez herencias intestadas, una pequeñísima parte de los retos y objetivos de la vivienda en Barcelona", añadió y aseguró que si el Ayuntamiento se hubiera interesado los habría podido comprar antes de que fueran a subasta.

En síntesis, y citando el Código Civil y un decreto del año pasado sobre la gestión del patrimonio intestado, Castellanos explicó que la Generalitat saca a subasta los pisos que recibe en tutela y que le costaría dinero quedarse. Bien porque las deudas que acarrean son superiores a su valor. O porque no reúnen las condiciones para incorporarse al parque público (porque no son fincas urbanas, no tienen cédula de habitabilidad, tienen inquilinos, son demasiado grandes o están en edificios con gastos elevados).

El secretario precisó que los pisos pasan un primer filtro de la dirección de Patrimonio y que la decisión final sobre qué hacer con cada piso la toma la Junta de Herencias, de la que forman parte la Generalitat (con los departamentos de vivienda, bienestar o cultura) y las asociaciones municipalistas. "La junta decide el destino de las fincas o cómo se reparten los importes de las ventas", apuntó. En el caso de Barcelona "se firmó un convenio con la Agencia de Vivienda de la Generalitat y con el tercer sector", destinatarios de los pisos que no se venden. Castellanos ha asegurado que el año pasado destinó cinco pisos a vivienda social en la ciudad y que, en breve, prevé hacerlo con otros seis.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, lamentó que desde 2017 el Ayuntamiento de Barcelona no forma parte de la Junta de Herencias, y no conocía el listado de pisos. "Consideramos erróneo que se subasten, porque serían cruciales para la bolsa pública, pero además si los compra un inversor, por experiencia, sabemos que los inquilinos, por mucho que tengan contratos indedifindos, entran en situación de indefensión". Montaner también ha reprochado a la Generalitat "que en los últimos años haya desatendido a la ciudad de Barcelona en las inversiones en materia de vivienda".