Un testigo en la causa de las muertes por hepatitis C: “El Sergas no contestaba a las peticiones”

Evaristo Varo, jefe del Servicio de Trasplante Abdominal del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y uno de los médicos que ha acudido este miércoles a declarar en la causa judicial por la muerte de pacientes de la hepatitis C, ha ratificado ante el juez instructor que el Sergas "no contestaba a las peticiones" para que se les suministrara a los pacientes los caros fármacos que acababan de salir al mercado. Dos altos cargos sanitarios de la Xunta, Félix Rubial y Carolina González-Criado, están siendo investigados por homicidio imprudente tras una denuncia de la fiscalía.

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Tras prestar declaración durante casi dos horas como testigo ante el titular del juzgado número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, Varo ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, su "satisfacción por poder decir lo que ocurrió. El también integrante del colectivo de médicos Batas Blancas, que fue quien denunció los hechos ante el ministerio público, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, del juez, de la acusación y de la defensa de los dos investigados.

Varo ha indicado que, mientras que el Ministerio de Sanidad definió "tres supuestos claros" en los que se debían aplicar los nuevos medicamentos, el Sergas "estableció criterios arbitrarios" y "quitó dos", mientras en "la mayoría de comunidades" se aplicaban esos criterios definidos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que la instrucción de la causa ha emprendido la fase final del proceso y se podrá cerrar la fase actual tras practicar las últimas pruebas pendientes. Una de ellas es la declaración pendiente de la médico del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Alejandra Otero, que se celebrará este jueves, después de haber sido suspendida el pasado mes de febrero como consecuencia de la huelga de funcionarios de la Justicia.

El Sergas considera que las nuevas declaraciones realizadas este miércoles ante el juez "no acreditan" que puedan atribuirse "retrasos" a la subcomisión de Farmacia, encargada de decidir el suministro de los fármacos. El Gobierno gallego defiende que este órgano "resolvió los casos de manera rápida, con una media de 13 días" en una enfermedad que tiene un desarrollo de entre 30 y 40 años, y que se siguieron los protocolos y los criterios farmacoterapéuticos comunes establecidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los criterios, asegura el Sergas, fueron "facultativos" y no se tuvieron en cuenta "razones presupuestarias".

La Fiscalía, sin embargo, sostiene lo contrario. El ministerio público denunció en una querella que los altos cargos investigados "tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación" el suministro de nuevos tratamientos contra la hepatitis C a pacientes gallegos, algo que, apuntó en su escrito inicial, se realizó por "criterios presupuestarios". De los nueve casos iniciales, ocho se correspondían con fallecidos y, de ellos, seis fueron incluidos en la investigación judicial. Además, hubo una ampliación con otros tres casos de personas enfermas.

Inicialmente, Lago Louro llamó a los miembros del Sergas a declarar en abril de 2016 solo como investigados por un delito administrativo, pero en diciembre de ese año la Audiencia Provincial de A Coruña emitió un auto en el que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, y acordó citarlos de nuevo, en febrero de 2017, por un supuesto de delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluía la causa.