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La memoria de Madrid sigue partida

El Comisionado del Ayuntamiento termina sus trabajos tras dos años de polémicas por el cambio del callejero y un memorial a los asesinados en La Almudena

Desde la izquierda, Andrés Trapiello, Francisca Sauquillo, Manuela Carmena y José Álvarez Junco, en la reunión del pasado viernes.
Desde la izquierda, Andrés Trapiello, Francisca Sauquillo, Manuela Carmena y José Álvarez Junco, en la reunión del pasado viernes.

El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid se va. Tras dos años de trabajo, los siete expertos que lo formaban consideran que su tarea ha acabado. No ha sido fácil y les han llovido críticas desde todas las sensibilidades. Ya lo decía la responsable del organismo asesor, Francisca Sauquillo, el día que se dirigió por primera vez a los partidos políticos en el Consistorio: buscarían un punto intermedio entre ambas partes, la de quienes no quieren que se toque nada y la de quienes quieren cambiarlo todo.

El Comisionado se creó en 2016 después de que la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) retirara las responsabilidades a la concejal Celia Mayer por sus errores de gestión en la depuración del callejero. El Ayuntamiento de la capital quería emprender al fin una revisión completa de la ciudad que vivió de lleno la Guerra Civil para enmendar años de olvido hacia los perdedores y quiso hacerlo siguiendo la ley de Memoria Histórica de 2007.

La propuesta del nombre de la abogada laboralista Francisca Sauquillo llegó del PSOE. “Sabíamos que buscaría el consenso”, afirma Purificación Causapié, portavoz municipal del partido. Otros miembros también fueron sugeridos por formaciones políticas: Octavio Ruiz-Manjón, por el PP, y Andrés Trapiello, por Ciudadanos. El grupo se completó con expertos nombrados directamente por Sauquillo: José Álvarez Junco, Amelia Valcárcel, Teresa Arenillas y Santos Urías. Ninguno ha cobrado sueldo, aunque sí han percibido 300 euros por día trabajado en concepto de dietas.

Las tareas del Comisionado han sido esencialmente tres: retirar los honores otorgados por el Ayuntamiento a aquellas personas que no se consideran merecedoras de estos, crear el mapa de la memoria de Madrid —en el que se incluye un memorial en el cementerio de la Almudena que ha resultado enormemente conflictivo—, y hacer una revisión completa del callejero de Madrid.

En su trabajo, el Comisionado ha encontrado algunas dificultades. Quisieron visitar los calabozos de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, donde fueron ejecutados durante la dictadura miembros de la oposición. A principios de 2017, mantuvieron una reunión con el actual presidente de la región, Ángel Garrido, entonces consejero de Presidencia, y acordaron una cita. Sin embargo, la Comunidad la canceló y un año después el encuentro no ha tenido lugar “por problemas de agenda”, informa un portavoz de la Comunidad, que recuerda el cambio de Gobierno habido en la región.

Los dos puntos más amargos para el Comisionado han sido el memorial de la Almudena y los 11 recursos judiciales que han llegado al Ayuntamiento tras acometer el cambio de nombre de las calles. Cuando se pusieron a estudiar las identidades de las 2.934 personas asesinadas en el camposanto entre 1939 y 1944 surgieron, entre estos, las de alrededor de 300 miembros de las checas, los centros de detención y tortura de la zona republicana en la Guerra Civil. Además, les señalaron que, entre 1936 y el 1939, cientos de personas habían sido asesinadas por parte del bando defensor de la República, aunque no se sabe con exactitud cuántas fueron. El Comisionado deliberó y recomendó hacer dos memoriales, ambos sin nombres, y para los muertos a partir del 39 añadir un código QR para poder ver todos los nombres con el móvil, también a los chequistas.

El mapa de la Memoria Histórica en Madrid

Fuente: Comisionado para la Memoria Histórica

El Ayuntamiento, sin embargo, no está de acuerdo y ya ha anunciado que recogerá los nombres de todos los asesinados durante la dictadura porque, en opinión de Carmena, los nombres son "lo que identifica" a las víctimas. Causapié coincide con la alcaldesa. “En este asunto, no puedo ser equidistante”. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, afirma que si el Ayuntamiento aceptara la propuesta del Comisionado, su grupo la apoyaría, pero que la que han adoptado es “inaceptable”.

Para el historiador Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, una de las máximas autoridades en la materia y ajeno al trabajo y las polémicas del Comisionado, el problema para abordar la memoria histórica en Madrid es que los muertos no son todos de un bando. “En mi opinión, teniendo como hay allí [él vive en Zaragoza] tantos mausoleos de los ganadores de la guerra, habría que reconocer a los asesinados a partir del 39. En esto no se puede pedir un 50/50”.

El tema de las calles está en estos momentos por resolver. El punto de inflexión lo marcará la resolución de la primera denuncia que llegó al Ayuntamiento por parte de la Fundación Francisco Franco cuando el Pleno apoyó la decisión del Comisionado con el respaldo de todos los partidos, menos el PP, que se abstuvo. La Fundación denunció el cambio de las 51 calles. Para los nombres de las personalidades que sustituirán a los salientes, por cierto, el organismo liderado por Sauquillo ha elegido a todas las mujeres que han podido, para compensar la falta de ellas, y a personas que han fomentado la concordia y ha hecho algo por la humanidad.

Mientras tanto, han ido llegando sentencias en contra del cambio en seis calles —Millán Astray, Hermanos García Noblejas, Caídos de la División Azul, General Asensio Cabanillas, Glorieta Martin Cirilo y el Algabeño—  al considerar que el Consistorio no demuestra que las personalidades a las que se refieren ensalzaron la dictadura. En una de ellas, la de Millán Astray, la juez dice que este no participó en la sublevación militar y no menciona que fue responsable de la Oficina de Prensa y Propaganda de Franco.

Si la sentencia sobre la denuncia de la Fundación también le quita la razón al Consistorio, este lo cambiará probablemente dejando atrás la Ley de Memoria Histórica y siguiendo una ordenanza municipal. "Si lo hacen así, no me gustará, pero me tendré que aguantar”, dice Juan Chicharro, responsable de la Fundación Francisco Franco. 

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