Desahucio antes de la reapertura de Sant Antoni

Falta una semana exacta para que reabra el mercado de Sant Antoni después de nueve años en obras. Y ayer, de manera casi simultánea y en 300 metros, afloraron la paradoja (o paradojas) que comporta una reforma urbana de tanto calado en un barrio del Eixample que está pegado al Ciutat Vella, el distrito más presionado por el turismo en Barcelona. Mientras el Ayuntamiento y los presidentes de los tres mercados enseñaban a la prensa las obras a tres calles las entidades se concentraban para evitar el desahucio previsto de una familia con tres hijos.

Un alzamiento que se producía en una finca cuyas sucesivas propiedades han invitado a marcharse a sus inquilinos, donde solo quedan los de renta antigua, y cuyas viviendas reformados se han convertido, en algunos casos, en pisos turísticos ilegales. Porque mientras los vecinos esperaban la comitiva judicial, dos grupos distintos de turistas llegaron arrastrando maletas y picando al timbre con reservas de Airbnb en la mano.

"Es el pan de cada día: fincas compradas por inversores, vecinos expulsados, y pisos turísticos ilegales", murmuraba Vladi Olivella, de Fem Sant Antoni, plataforma que alerta de lo que está ocurriendo en el barrio. El concejal de Mercados, Agustí Colom, recordó que el ayuntamiento dictó una moratoria sobre los locales de pública concurrencia y vetó las tiendas de souvenirs. Pero salta a la vista que son medidas que han llegado tarde.

Basta con ir a la calle de Parlament: 37 bares en tres manzanas. Y no son bares de barrio, sino franquicias, en su mayoría. En el número 1 está la finca donde estaba previsto el desahucio. Asad y Tayyada y sus tres hijos de 13, 11 y 8 años. Asad relataba que les alquiló una empresa el piso hace dos años. Les pidieron 1.500 euros de cuota y fianza. Y nunca más les vieron. El piso estaba vacío y se gastaron 8.000 euros en obras. Pero, sin pagar, legalmente no dejan de ser okupas , de ahí el desahucio. Los vecinos señalaban ayer a la firma de inversión Elix. Fuentes de la empresa aseguraron que ya no son propietarios del edificio. Que la familia de origen pakistaní ya estaba cuando compraron el edificio. Y que no hay ninguna licencia de piso turístico, como es fácil comprobar en la web del Ayuntamiento. Las entidades lograron posponer el desahucio. La familia de Asad se queda por ahora. Y los turistas se marcharon con cara de sorpresa.