El fiscal reitera que el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, defraudó a Hacienda y recibió un soborno

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de nueve años y nueve meses de cárcel para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP), al considerar acreditado que defraudó a Hacienda 682.681 euros en sus declaraciones de renta y recibió un soborno, según fuentes jurídicas. El fiscal Antonio López Nieto ha reiterado que el político cometió tres delitos fiscales en el IRPF de 2007, 2008 y 2010, por los que pide sendas penas de tres años, e incurrió en un cohecho impropio al amarrar de forma gratuita una embarcación en el puerto deportivo de la ciudad, una dádiva por la que reclama otros nueve meses de prisión.

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El fiscal ha mantenido también inalterable su tesis inicial respecto a los otros tres acusados: los empresarios Javier Palacio, Antonio Moreno y Antonio Solana, para quienes solicita condenas de nueve meses, tres años y seis años, respectivamente. El juicio por estos hechos ha entrado en su recta final y podría quedar mañana visto para sentencia, tras la exposición de los informes definitivos, según las fuentes consultadas.

Durante la octava sesión, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria, y las defensas también han elevado a definitivas sus respectivas conclusiones jurídicas. Los abogados de los cuatro implicados han pedido que sean absueltos y, en su defecto, en caso de condena, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso que ha sufrido este proceso.

Díaz Alperi, que también fue diputado autonómico por el Partido Popular, omitió presuntamente un incremento patrimonial derivado de la concesión de un aval cercano al millón de euros para hacer frente a una deuda tributaria anterior. El fiscal y el Estado sostienen que no tenía intención alguna de devolver ese dinero al avalista, la empresa Taller de Contabilidad, dirigida por Antonio Moreno, ni esa sociedad hizo nada por cobrarle hasta 2012, cuando Hacienda inspeccionó las cuentas del político.

Además, presuntamente, se dedujo gastos de forma indebida relacionados con un catamarán que estaba a nombre de una sociedad instrumental, Andarx Business, cuya administración compartía con un empresario amigo, Antonio Solana.

La mayor cuantía del supuesto fraude (405.351 euros) corresponde a 2007, cuando Díaz Alperi omitió supuestamente en su renta el importe del aval y declaró unos ingresos de tan solo 113.250 euros como retribuciones por sus cargos públicos.

El que fuera primer edil alicantino ha negado durante el juicio cualquier irregularidad fiscal, tras calificar sus ingresos económicos de “diáfanos” y asegurar que pretendía devolver la deuda contraída con Taller de Contabilidad. Únicamente admite que incumplió con su deber de hacer constar ese aval en su declaración de bienes en las Cortes Valencianas y lo atribuye a un “olvido”. Además, se declara insolvente, pese a que reconocer cobrar desde su jubilación una pensión cercana a los 2.100 euros mensuales.

Las acusaciones también le culpan de otros dos delitos fiscales por un importe total próximo a los 277.000 euros en sus rentas de 2008 y 2010 por incrementos patrimoniales no declarados derivados de la adquisición de un catamarán de 15 metros de eslora, el Akra Uno, y los cambios de titularidad del mismo.

Esas gestiones se realizaron a través de una sociedad instrumental que carecía de actividad real, Andarx Business SL, regentada por Antonio Solana y de la que el político también fue nombrado administrador. La Fiscalía sospecha que fue el empresario quien pagó en realidad unos 700.000 euros de los 852.000 que costó el barco, pero ambos lo niegan.

Díaz Alperi está también pendiente de un juicio por supuesta corrupción en el diseño del urbanismo de Alicante, en el marco del caso Brugal, de un delito de cohecho por el amarre gratuito del Akra Uno en el puerto deportivo de la ciudad.