Abren juicio a los dos exalcaldes del PP de Alicante acusados de amañar el urbanismo para Enrique Ortiz

El magistrado impone a los nueve procesados una fianza civil de 1,3 millones de euros

Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi en un pleno municipal de Alicante.
Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi en un pleno municipal de Alicante. PEPE OLIVARES

El juez Manrique Tejada ha acordado la apertura de juicio oral contra los exalcaldes del PP de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por amañar supuestamente el urbanismo de la ciudad a favor de Enrique Ortiz, uno de los empresarios que ha confesado la financiación ilegal de este partido en el marco de la pieza valenciana del caso Gürtel.

Más información

En un auto hecho público este viernes, el magistrado exige a los políticos, al promotor y a los otros seis acusados que depositen una fianza de 1.339.249 euros para indemnizar al Ayuntamiento en caso de condena. Esa cantidad es la que gastó la corporación en los trabajos de revisión del fallido nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante excluye expresamente de esta última resolución al arquitecto que redactó el nuevo planeamiento, Jesús Quesada, pues la Audiencia Provincial le exculpó hace unos meses y solo tendrá que comparecer en la vista como testigo.

Igualmente, el juez excluye de los delitos por los que será juzgado Ortiz el de aprovechamiento de información privilegiada, pues éste ya fue eliminado en el auto de procesamiento. Esa limitación podría constituir uno de los puntos de debate en el futuro juicio. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Consistorio, que ejerce la acusación particular, y Esquerra Unida (EU), personada como acusación popular, sí han incluido en sus respectivas calificaciones jurídicas dicho delito y piden cárcel por él para el constructor.

La Fiscalía reclama inicialmente penas de diez años de prisión para los dos exalcaldes del PP y de ocho para Ortiz. El fiscal Felipe Briones acusa a los también ex diputados autonómicos de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en esta causa derivada de la ‘Operación Brugal’.

Según su informe, ambos se plegaron completamente a los deseos del empresario para beneficiar sus “enormes intereses” inmobiliarios. Se corrompieron supuestamente a cambio de regalos y favores personales “que no se materializaban en actos puntuales” sino en un “ofrecimiento permanente” de todo cuanto podía ser de su agrado.

La acusación pública cifra el importe de esas dádivas en 453.157 euros, en el caso de Díaz Alperi, por un viaje en jet privado a la isla de Creta, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo. En el caso de Sonia Castedo, la cifra ronda los 260.000 euros por viajes de ocio a Ibiza y Andorra, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.

A cambio, los políticos facilitaron, presuntamente, al constructor información reservada del nuevo PGOU, cuando el documento no había salido a exposición pública. O directamente ejercieron su influencia política para que se recalificara suelo de su propiedad.

El juzgado que tramita esta causa concluye con el auto de apertura de juicio oral una compleja instrucción que inició en 2010, después de que otro juez de Orihuela le remitiera parte de la investigación principal contra una trama de supuesta corrupción político-empresarial vinculada al negocio de la recogida de basuras.

El nuevo PGOU de Alicante, con el que el constructor podría haber obtenido plusvalías cercanas a los 42 millones de euros, según un informe municipal, no vio la luz porque otro alcalde, el también popular Miguel Valor, desistió de su tramitación ante la Generalitat Valenciana en febrero de 2015, tres meses después de que su antecesora, Sonia Castedo, dimitiera acorralada por su implicación en esta causa.

Junto a Castedo, Ortiz y Díaz Alperi, se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Alicante otros seis acusados, entre ellos un hermano del empresario y otro de la exalcaldesa, para los que el Ministerio Público reclama penas de entre tres meses y diez años de cárcel.

Tras conocer el auto judicial, el portavoz municipal del grupo Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha asegurado que los antiguos políticos del PP “ya no tienen escapatoria”. Asimismo, ha acordado que su formación ejerce la acusación popular a través de EU, frente a la “espantada” que ha protagonizado el PSPV-PSOE, al renunciar a seguir personado en el procedimiento.

Archivado En:

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50