Anticorrupción pide 10 años de cárcel para dos exalcaldes del PP de Alicante por el supuesto amaño del PGOU

Como hizo un día antes Esquerra Unida, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves penas de diez años de prisión para los exalcaldes del PP de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, a quienes acusa de poner el urbanismo de la ciudad al servicio de Enrique Ortiz, uno de los empresarios que ha confesado la financiación ilegal de este partido en el marco de la pieza valenciana del ‘caso Gürtel’.

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El fiscal Felipe Briones acusa, a los también exdiputados autonómicos populares, delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la causa derivada de la ‘Operación Brugal’. Según su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los políticos, para los que reclama 29 años de inhabilitación para ejercer cargos municipales y multas de hasta 126,7 millones de euros, se plegaron completamente a los deseos del promotor, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel.

Díaz Alperi y su sucesora en la Alcaldía alicantina, Sonia Castedo, se corrompieron supuestamente a cambio de regalos y favores personales “que no se materializaban en actos puntuales” sino en un “ofrecimiento permanente” de todo cuanto podía ser de su agrado. La acusación pública cifra el importe de esas dádivas en 453.157 euros, en el caso del primero, por un viaje en avión privado a la isla de Creta, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo. En el de Sonia Castedo, la cifra ronda los 260.000 euros por viajes de ocio a Ibiza y Andorra, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.

El fiscal Anticorrupción de Alicante ha presentado esta mañana en el juzgado que instruye esta causa un escrito de conclusiones demoledor. A lo largo de unas 560 páginas, Briones desgrana las maniobras soterradas que el promotor desplegó en los años 2008, 2009 y 2010 para obtener un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a su medida.

Ortiz mantenía una relación de “íntima amistad” con los dos políticos, aunque ellos procuraban que no “trascendiera al exterior”. Esa amistad, que les llevaba a llamarse a cualquier hora del día y por cualquier pretexto, debería haber llevado a la entonces concejal de Urbanismo y al alcalde Díaz Alperi a abstenerse de todos los expedientes que afectaran al constructor.

Por el contrario, los dirigentes del PP se prevalieron, presuntamente, de sus cargos para proporcionarle información reservada, vulnerando “sistemáticamente” la confidencialidad de los trabajos de revisión del plan general “en favor de los inmensos intereses urbanísticos” del promotor.

Esa “connivencia” permitió al empresario y a sus empleados tener acceso directo a Jesús Quesada, el arquitecto redactor del nuevo planeamiento, y “marcarle las pautas que más le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle”. Pudo, asimismo, adelantarse a otros competidores y acaparar terrenos que iban a ser recalificados, siempre según la versión acusatoria. Ortiz se convirtió en “el verdadero factótum de esta nueva ordenación de la ciudad, apoyado en su red clientelar, técnica, financiera y política, manejando los hilos de los personajes que juegan un papel relevante en el escenario inmobiliario de Alicante”, relata Briones.

El nuevo PGOU, con el que el constructor podría haber obtenido plusvalías cercanas a los 42 millones de euros, no vio la luz porque otro alcalde, el también popular Miguel Valor, desistió de su tramitación ante la Generalitat Valenciana en febrero de 2015, tres meses después de que su antecesora, Sonia Castedo, dimitiera acorralada por su implicación en esta causa.

Anticorrupción otorga un papel protagonista en esta trama urbanística a otros dos acusados: los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo. El primero es un antiguo concejal socialista y el segundo es hermano de la exalcaldesa. Desde su despacho, Salvetti Abogados, cobraron a diferentes empresas para tramitar sus alegaciones al futuro plan urbanístico. Alegaciones que ellos mismos debían resolver con posterioridad a través de otra firma, Gutiérrez & Miguélez, Gestión del Suelo (G&M), que había sido subcontratada para ese trabajo por la empresa de Jesús Quesada.

Para estos dos abogados, Anticorrupción reclama penas que suman también diez años de cárcel, multas e inhabilitación por revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. En el banquillo de los acusados se sentarán también otros cuatro sospechosos: dos empresarios y dos empleados de Ortiz entre los que se encuentra su propio hermano Virgilio. Para este grupo el fiscal solicita provisionalmente condenas de entre tres meses y un año y medio de prisión por corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

Al igual que la Fiscalía y la acción popular que ejerce EU, el Ayuntamiento de Alicante ha presentado también su escrito de acusación contra los nueve procesados. El abogado de la corporación reclama para Castedo y Díaz Alperi cuatro años y nueve meses de cárcel y 16 años y 9 meses de inhabilitación, mientras que a Ortiz le pide cinco años y tres meses de cárcel. El juez Manrique Tejada, que instruye esta derivada del ‘caso Brugal’ podría dictar la apertura de juicio oral a finales del próximo mes de marzo.