EU pide 10 años de cárcel para dos exalcaldes del PP de Alicante por diseñar el urbanismo para Enrique Ortiz

El PP afronta en los próximos días otro alud informativo por otro caso de corrupción. En esta ocasión en Alicante y por el llamado caso Brugal. Concretamente, por la trama delictiva político-empresarial que germinó en torno al urbanismo de la ciudad, por la que están procesados los exalcaldes y exdiputados autonómicos populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Esquerra Unida (EU), personada como acusación popular en esta causa, ha solicitado ya formalmente para ambos penas de 10 años de cárcel tras acusarles de diseñar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la medida del empresario Enrique Ortiz. El mismo promotor que acaba de confesar en la Audiencia Nacional que financió ilegalmente al PP valenciano, en el marco de la trama Gürtel.

En esta pieza separada del caso Brugal, EU ha sido la primera en disparar contra los nueve encausados. En los próximos días se sucederán los escritos con los concurrirán a juicio el resto de las partes acusatorias: la Fiscalía Anticorrupción, el PSPV-PSOE y el propio Ayuntamiento de Alicante.

En su informe, al que ha tenido hoy acceso EL PAÍS, el abogado de Esquerra Unida y coordinador de la coalición en la ciudad, José Luis Romero, establece un nexo entre la trama vinculada al PGOU de Alicante y la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Así, recuerda que el antiguo secretario general de los populares en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, uno de los arrepentidos en la pieza valenciana del ‘caso Gürtel’, ha admitido que Sonia Castedo pagó ”88.000 euros de dinero negro a Orange Market, proveniente de donaciones de empresarios”. El propio Costa, la entonces alcaldesa y Ortiz (la “figura más relevante” en este proceso, según EU, que pide para él 13 años de cárcel) cenaron juntos en las Navidades de 2008.

El modus operandi de Ortiz es “similar al de todas las tramas de corrupción destapadas en España en los últimos años”, según las conclusiones de esta acusación popular, que le atribuye, sin embargo, una “eficacia que roza el virtuosismo”. Su estrategia consistía en “acercarse a los centros de poder del Partido Popular” y obtener “toda suerte de decisiones favorables a sus intereses” a cambio de “favores”, tanto personales como dirigidos a la “organización política”.

Entre esos favores, EU cita diversos regalos que el juez que instruye el proceso, Manrique Tejada, refiere a su vez en la resolución por la que sienta en el banquillo a nueve implicados. Respecto a la entonces alcaldesa Castedo, las dádivas van desde una chaqueta de la firma Carolina Herrera hasta un coche para una amiga de la política por su cumpleaños o vacaciones en Andorra e Ibiza (en este caso en el yate del empresario). Por su parte, Díaz Alperi se habría beneficiado con un viaje en jet privado a la isla griega de Creta, importantes cantidades de dinero en efectivo o aportaciones de capital y trabajadores a una empresa de su hijo.

Según EU, los exalcaldes del PP se deshicieron del primer redactor del PGOU, Lluís Cantallops, y contrataron a otro arquitecto, Jesús Quesada (exculpado y que comparecerá como testigo en el juicio), para favorecer los intereses de Ortiz. Proporcionaron al empresario planos y datos reservados sobre el futuro planeamiento urbanístico y accedieron, supuestamente, a sus pretensiones de futuras recalificaciones de terrenos.

Ese plan, con el que el constructor podría haber obtenido plusvalías cercanas a los 42 millones de euros, no vio la luz porque otro alcalde, el también popular Miguel Valor, desistió de su tramitación ante la Generalitat Valenciana en febrero de 2015, tres meses después de que su antecesora, Sonia Castedo, dimitiera acorralada por este caso de presunta corrupción.

Esquerra Unida acusa a Castedo, Alperi y Ortiz de delitos continuados de prevaricación, revelación y aprovechamiento de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias, por los que se enfrentan, además de a penas de cárcel, a multas millonarias que solo por una infracción alcanzan los 42.100.911 euros.

Junto a ellos se sentarán en el banquillo otros seis acusados, entre ellos un hermano de Enrique Ortiz y otro de Castedo, así como un abogado y antiguo concejal socialista, Javier Gutiérrez, para los que la coalición de izquierdas reclama penas que oscilan entre los dos años y medio y los ocho años de prisión.