El TSJ investiga a Castedo y Alperi por el caso del PGOU de Alicante

Justo el mismo día en que hace cuatro años Luis Díaz Alperi anunciara su decisión de dejar la alcaldía de Alicante, facilitando así la elección de Sonia Castedo como sustituta, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJ) decidía investigar a ambos por su presunta relación con el escándalo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de cuya redacción se habría beneficiado el promotor Enrique Ortiz.

Castedo y Alperi por su condición de diputados autonómicos gozan de la condición de aforados y serán juzgados en el TSJ si el magistrado Juan Climent, que instruirá el caso, considera que existen suficientes indicios de delito. La causa llega al Tribunal Superior después de que el titular del juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investigó inicialmente la pieza del caso Brugal vinculada al PGOU, hallara indicios por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en las conductas de Castedo y Alperi.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) se declaró ayer competente para investigar la documentación remitida desde Alicante.

Castedo y Alperi están en la misma situación procesal que Blasco

La pieza del PGOU de Alicante es una de las tres ramas clave del caso Brugal, junto con la contrata de la basura de Orihuela a favor de Ángel Fenoll, y el supuesto soborno de Fenoll y Enrique Ortiz al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicarse la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja.

El Grupo Popular en las Cortes tiene ya a 11 diputados salpicados por casos de corrupción, seis de ellos imputados formalmente, tres con petición de imputación, uno procesado y otra investigada.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene ya a tres de sus diputados en las Cortes Valencianas a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Con la decisión tomada ayer por el TSJ, Castedo y Alperi se encuentran en la misma situación procesal que el exconsejero Rafael Blasco. Los dos primeros por el caso Brugal y el tercero por un presunto fraude en las subvenciones a ONG.

El PP en las Cortes acumula ya 11 implicados en casos de corrupción

No son los únicos casos de corrupción que salpican a diputados populares. El grupo del PP en las Cortes cuenta con otros seis imputados en el caso Gürtel, por la supuesta financiación ilegal del PP. También está procesado, por la contrata de basuras, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo y la exregidora de Ibi, Mayte Parra, está siendo investigada por unas comisiones ilegales en adjudicaciones de su ayuntamiento.

El caso Brugal investiga el supuesto amaño del PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz. En la fase previa de instrucción, el juez Manrique Tejada observó indicios en los distintos implicados de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

Aunque Tejada entiende que la fase de la instrucción no permite concretar el tipo de cohecho, apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de “la percepción y/o solicitud de dádivas” por parte de Castedo y Alperi al facilitar “información que no debía ser pública del PGOU”.

El auto del juez instructor de Alicante añade que “incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular —Enrique Ortiz—, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado”.

Partidos personados

El Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, partidos personados en la causa, habían solicitado al TSJ que asumiera esta pieza separada del caso Brugal, algo que rechazaron los letrados de Sonia Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, a quien el instructor imputa los citados delitos. Tejada también desestimó los recursos presentados por los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil del PSPV Javier Gutiérrez, socio del primero en el bufete Salvetti.

El supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz tuvo lugar en la recta final del trámite de la elaboración del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento, que debe sustituir al de 1987, todavía no ha sido aprobado por la Generalitat. El juez considera que Ortiz hizo valer su amistad con los políticos implicados para conseguir datos del plan general en varios proyectos en los que tenía intereses.