El exalcalde de Alicante niega el fraude fiscal en el juicio: “Mis ingresos eran diáfanos”

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) ha negado este lunes haber defraudado 682.681 euros en sus declaraciones de renta, hechos por los que se enfrenta provisionalmente a una petición de nueve años y nueve meses de prisión. “Mis ingresos eran diáfanos, estaban declarados a la Hacienda pública y eran conocidos por esta”, ha señalado en el transcurso de un interrogatorio de dos horas, en la segunda sesión del juicio por esta causa.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado le acusan de tres delitos fiscales en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 y un delito de cohecho impropio derivado del amarre gratuito de su catamarán. Junto a él están siendo juzgados dos empresarios, Antonio Moreno y Antonio Solana, para los que se solicitan tres y seis años de prisión, respectivamente, por ayudarle supuestamente a perpetrar el fraude, y Javier Palacio, gerente de la marina deportiva de la ciudad.

La mayor parte de la cantidad presuntamente defraudada (405.351 euros) corresponde al año 2007, cuando el entonces alcalde y diputado autonómico del PP tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros, pero solo declaró 113.250 por retribuciones relacionadas con sus cargos públicos. Supuestamente, omitió declarar a Hacienda el incremento patrimonial que le había reportado la concesión de un aval de un millón de euros. Tampoco lo hizo constar en su declaración de bienes de las Cortes Valencianas, como él mismo ha admitido, tras atribuir dicho incumplimiento a un “olvido”.

El aval, concedido por Taller de Contabilidad, una empresa con sede en Madrid y dirigida por Antonio Moreno, sirvió para saldar una deuda tributaria anterior cuyo pago había requerido al político el Tribunal Supremo tras confirmar una sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Aunque ese aval estipulaba unas condiciones muy ventajosas para él –no requería garantías adicionales de cobro ni generaba intereses-, Díaz Alperi ha negado al fiscal que se tratara de un soborno vinculado al interés del avalista por introducirse en el mercado inmobiliario de Alicante. “Ellos estaban convencidos de que el asunto se podía ganar y a mí no me pidieron nada a cambio”, ha afirmado.

Díaz Alperi firmó en abril de 2008 un reconocimiento notarial de la deuda y emitió un pagaré a la empresa que nunca hizo efectivo. No ha sido hasta ahora, años después de iniciarse el proceso penal, cuando Taller de Contabilidad le ha reclamado el dinero a través de un juzgado de Primera Instancia, aunque él se ha declarado “insolvente”.

Conforme a las cifras que él mismo ha facilitado durante su declaración, mientras estuvo ejerciendo cargos públicos sus ingresos oscilaban entre los 60.000 y los 70.000 euros anuales. Ahora, ya jubilado, cobra una pensión de 2.100 euros al mes.

Las acusaciones le atribuyen otros dos delitos fiscales por un importe cercano a los 277.000 euros en sus declaraciones de renta de 2008 y 2010, cuando omitió los incrementos patrimoniales derivados de la adquisición de un catamarán, el Akra Uno, de 15 metros de eslora, y los cambios de titularidad del mismo.

Esas gestiones se realizaron a través de una sociedad instrumental que carecía de actividad, Andarx Business SL, regentada por Antonio Solana y en la que el político entró también como administrador. Las acusaciones sospechan que fue el empresario quien pagó en realidad 700.000 de los 852.000 euros que costó el barco, pero ambos lo niegan.

“Lo compramos a medias porque teníamos la idea de cruzar el Atlántico y utilizamos Andarx porque creíamos que, al ser yo alcalde, esos nos obligaba a llevar una contabilidad y así las cosas estaban más claras”, ha precisado Díaz Alperi. Según su versión, corroborada luego por Solana, él se encargaba de los gastos de mantenimiento de la embarcación y compensaba luego “con dinero en efectivo o talones” los impuestos y las letras del préstamo que abonaba el empresario. “Teníamos una relación muy de amigos y no llevábamos las cuentas al céntimo de lo que pagábamos cada uno”, ha indicado.

El exalcalde del PP sí ha reconocido que pudo atracar de forma gratuita el Akra Uno en la marina deportiva de Alicante gracias a su amistad con su responsable, Javier Palacio, para quien el fiscal pide nueve meses de prisión como sospechoso de un delito de cohecho impropio. Palacio ha avalado esa versión, pero ha rechazado que quisiera agasajar al entonces primer edil con esta dádiva por ser alcalde y consejero de la Autoridad Portuaria.

Tanto Díaz Alperi, que está pendiente de otro juicio (la pieza derivada del caso Brugal relativa al diseño del urbanismo de Alicante), como los otros tres implicados han negado en todo momento la comisión de cualquier delito. La vista se reanudará mañana con la declaración de los peritos de Hacienda que destaparon el presunto fraude.