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OPINIÓN

Ni efectivo ni paritario

La falta de paridad obligada por la ley catalana pone de manifiesto que no hay un único proyecto independentista

Elsa Artadi (izq.), Teresa Jordà (c.) y Ester Capella.
Elsa Artadi (izq.), Teresa Jordà (c.) y Ester Capella.

La frase más repetida en Cataluña después de “queremos diálogo” es “queremos que se levante el 155 para poder recuperar la dirección política de nuestras instituciones”. Las actuaciones del recién investido president Torra indican todo lo contrario: cuanto peor, mejor.

El investido Torra comenzó definiendo su presidencia como provisional (no está claro hasta cuándo quiere Puigdemont que dure su mandato). Además, desde la perspectiva político-constitucional, el suyo será un Gobierno en minoría. Asimismo, en rueda de prensa desde Berlín, acompañado por el omnipresente Puigdemont, Torra presentaba su hoja de ruta republicana, basada en tres ejes de actuación: el espacio libre europeo, las instituciones catalanas (Parlament, Gobierno y Ayuntamientos) y, por último, el proceso constituyente. Estos tres escenarios indican que el president pretende utilizar la Generalitat como instrumento para hacer República; se insiste en la idea de que España es un espacio de represión (por eso un ultranacionalista con rasgos supremacistas ha podido ser investido); por último, la utilización de los alcaldes, independientemente de la población a la que representen, como una institución más de la gestión de la Generalitat se explica por el apoyo que muchos de ellos han dado al procés y, especialmente, a Puigdemont.

Por otra parte, Comín explicaba desde Bruselas que en el espacio exterior pretenden generar unas instituciones paralelas de Gobierno de la República que completarán su estructura. Todo ello resulta contradictorio con lo que algunos líderes independentistas ya han reiterado: no se dan las condiciones para que Cataluña sea hoy independiente. En todo caso, los instrumentos propuestos para hacer República son un fraude democrático dado que escapan a las vías establecidas de legitimación democrática del poder y de su control.

Sin embargo, priorizando que “queremos que se levante el 155”, atribuimos todo esto al mundo de lo simbólico, y nos convencemos de que lo relevante es la configuración de un gobierno efectivo que se haga de nuevo con las riendas de la autonomía política de nuestras instituciones. Ofrecemos unos días al president Torra para que configure su ejecutivo y, nuevamente, nos defrauda. Su ejecutivo cuenta con cuatro consejeros que no van a poder ejercer efectivamente sus funciones: dos están en prisión preventiva y dos, en el exterior. Otro debate es, por cierto, a qué se refiere el decreto del 155 cuando condiciona su levantamiento a la existencia de un “gobierno efectivo”; tengan en cuenta que las palabras en derecho nunca son gratuitas. Veremos.

Pero cabe analizar la propuesta de ejecutivo desde otra perspectiva. En su primer acto real como president, Torra incumple sus promesas sobre igualdad entre hombres y mujeres vertidas en el discurso de investidura, leídas como guiños a la izquierda del procés (sobre todo a ERC), que no vio con buenos ojos que un perfil como el suyo fuera propuesto para la presidencia. Su discurso prestó especial atención a las políticas de igualdad y a su compromiso de implementar la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres aprobada por el Parlament en 2015. Su artículo 12, como muchas aplaudimos en su momento, obliga a que los Ejecutivos de la Generalitat sean paritarios. Un Gobierno formado por 14 personas, 11 hombres y 3 mujeres no es un gobierno paritario, ni siquiera de representación equilibrada entre sexos.

Así las cosas, la propuesta de ejecutivo de Torra supone un nuevo pulso al Gobierno de Rajoy. También, un varapalo para la ciudadanía que pide cada vez con mayor intensidad un ejecutivo efectivo que resetee la situación política en Cataluña. Pero, además, añade un nuevo foco de tensión en el seno del independentismo. Para ERC (también para las CUP), al menos formalmente, la igualdad institucional entre hombres y mujeres es una prioridad política. Así, la falta de paridad obligada por la ley catalana vuelve a poner de manifiesto que no hay un único proyecto independentista. Existe un único elemento aglutinador que es romper con España, pero no un proyecto compartido de Estado. La izquierda independentista ha asumido prisiones provisionales; ha reconocido abiertamente que se equivocó en la estrategia; ha aceptado un perfil ultraconservador para la presidencia que, por cierto, empieza a poner en tela de juicio algunas de las supuestas verdades internacionalizadas del procés. Las personas designadas para el nuevo ejecutivo, incluidas las de ERC, asumen también que la igualdad quede relegada, pero ¿lo asumirán las segundas filas y sus bases? Sería un buen momento para recordar las auténticas prioridades políticas de cada cual.

Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional de la UB.