Junts per Catalunya cree que Rajoy prevarica si impide que se publiquen los nombramientos

Para Junts per Catalunya la decisión del presidente del Gobierno Mariano Rajoy de no publicar los decretos de nombramiento del nuevo Govern catalán hechos por Quim Torra para así bloquear su constitución implica un delito de prevaricación. De ahí que la formación estudie emprender  “acciones legales” para defender “los derechos políticos de los exconsejeros y la autonomía del Govern”. Así lo ha asegurado esta mañana el diputado Albert Batet en una entrevista a RAC-1. Desde Esquerra Republicana se han limitado a criticar la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy y de momento no se plantea querellarse.

Batet ha adelantado que Junts per Catalunya ya trabaja en una querella por prevaricación contra Rajoy si finalmente no se autoriza la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat  (DOGC) de los nombramientos hechos por Torra el pasado sábado. Esta es la herramienta que Rajoy ha pactado con el PSOE y Ciudadanos para intentar bloquear que sean consejeros dos exconsejeros en prisión preventiva por supuestos delitos de rebelión y malversación y dos huidos de la justicia española en Bruselas. El 155 también le permite al Gobierno controlar el DOGC.

El entorno del exconsejero Josep Rull, que Torra quiere que repita para mantener la idea de restitución del Ejecutivo del expresidente Carles Puigdemont y que está en prisión preventiva, ha criticado también la decisión de Rajoy, PSOE y Ciudadanos. "Tenemos todo el derecho a ejercer de consejeros en libertad. No publicar nuestro nombramiento es prevaricación, simplemente", han escrito en la cuenta de Twitter de Rull.

Para que se realice la toma de posesión de los nuevos consejeros, sus nombramientos deben aparecer primero en una publicación oficial. Sin embargo, el juramento del cargo no es un acto reglado y su carácter presencial no está claro. Por ejemplo, el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín tomaron posesión como diputados en el Parlament estando fuera de España. La condición para levantar el 155 es que se conforme un Gobierno efectivo en Cataluña, algo que se producirá cuando todos los consejeros juren su cargo.

"Lucharemos para defender los derechos políticos intactos que tienen los consejeros en la cárcel y el exilio", explicó Batet, que adelantó que los servicios jurídicos de la Generalitat tienen ya previsto cómo responder si se impide la toma de posesión. Gabriel Rufián, diputado de Esquerra, ha asegurado este domingo que el pacto entre las fuerzas políticas mayoritarias en España “va en contra de la soberanía popular de Cataluña”.

Rufián ha recordado que los exconsejeros en prisión tienen sus “derechos políticos intactos” y que se presentaron con unas listas electorales ganadoras y que nadie les impidió entonces poder concurrir. “Ahora no pueden ser [consejeros] porque lo que representan no le gusta al juez Pablo Llarena y compañía”, ha agregado el diputado. Esquerra sin embargo no se ha pronunciado públicamente sobre la posibilidad de una querella. Desde el partido aseguran que han de estudiar los pasos a seguir.

El líder de los socialistas Miquel Iceta ha puesto en duda, en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias, que se puedan impugnar los nombramientos de exconsejeros presos. Aclara, sin embargo, que no son las personas más idóneas para el cargo por su estado. Marta Pascal, la coordinadora del PDeCAT, ha asegurado a través de Twitter que la decisión de Rajoy implica "un desprecio" al autogobierno de Cataluña. "Humillan la voluntad mayoritaria de los catalanes. Vergüenza", escribió en la red social.