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Sindicatos y asociaciones de padres apoyan a los docentes catalanes acusados de adoctrinamiento

La comunidad educativa anuncia movilizaciones para denunciar "la instrumentalización política" de la escuela

Insittuto El Palau de Sant Andreu de la Barca
Insittuto El Palau de Sant Andreu de la Barca

El grueso de la comunidad educativa del sector público se ha posicionado a favor de los docentes catalanes acusados de adoctrinamiento nacionalista en la escuela. El Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), que aglutina a sindicatos de profesores y alumnos, asociaciones de padres y movimientos de renovación pedagógica de la escuela pública, ha mostrado su apoyo a los maestros señalados por presuntos casos de adoctrinamiento. El MUCE, en el que participan sindicatos de corte soberanista como USTEC junto a otros como CCOO y UGT, ha anunciado movilizaciones de apoyo a estos profesores y ha criticado la "instrumentalización política" de la escuela.

Desde la eclosión del proceso independentista con el referéndum ilegal del 1 de octubre, la escalada de denuncias de familias por presuntos casos de adoctrinamiento en las aulas no ha cesado, si bien siguen siendo minoritarios en comparación con el volumen de centros y alumnos que hay en la escuela catalana. Dos de ellos están judicializados: hay cuatro docentes del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca investigados por un presunto delito de odio —por humillar, presuntamente, a hijos de guardias civiles— y otro de un centro de La Seu d'Urgell. "Intentan condicionar la libre expresión del profesorado", ha denunciado Angel García, de CC OO. El Síndic de Greuges recibió una treintena de quejas y consultas sobre el tema y abrió dos actuaciones de oficio. El Ministerio de Educación, por su parte, elevó las denuncias recibidas a 132 casos que afectarían, según el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a unos 500 docentes. Muchas de ellas, no obstante, son difíciles de verificar porque se han presentado bajo el anonimato de los denunciantes. El Síndic, de hecho, tildó de "falseadas, inconsistentes o extemporáneas" una parte de las quejas analizadas en su institución. 

El MUCE ha criticado "la judicialización de la educación" y ha tildado de "gran error" que se investiguen situaciones conflictivas de la escuela cuando "los centros tiene mecanismos" para gestionar los conflictos en las aulas. Las entidades han explicado, de hecho, que las denuncias de adoctrinamiento han precipitado "que los docentes se autocensuren, dejando de realizar algunas actividades que antes se hacían con total naturalidad para no crear más conflicto o no verse involucrados".

Las entidades que conforman el MUCE han anunciado movilizaciones a lo largo del mes de mayo y junio para denunciar lo que ellos interpretan como "una utilización de determinados grupos políticos y del Ministerio de Educación para lograr una influencia ideológica sobre parte de la población". "Se está instrumentalizando a nuestros hijos para abanderar causas políticas que no les competen", ha protestado Xenia Amorós, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fapac).

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