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El Gobierno apoya a los padres que denunciaron acoso en colegios

Los sindicatos creen que hay una “represión” contra los docentes

Manifestación de CC OO ante la Delegación del Gobierno.
Manifestación de CC OO ante la Delegación del Gobierno.Cristóbal Castro

Las acusaciones de adoctrinamiento nacionalista en la escuela catalana han calentado el debate en Cataluña. Mientras los sindicatos protestaron ayer contra la “criminalización” y la “represión” de los docentes catalanes, el Gobierno se reunió con unas familias de guardias civiles de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que han denunciado que, tras las cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, algunos docentes señalaron en clase a los hijos de agentes y les recriminaron la acción de sus padres. El PP catalán ha propuesto la creación de un buzón anónimo para denunciar casos de adoctrinamiento.

El Gobierno quiso ayer trasladar su apoyo y respaldo a los guardias civiles padres de alumnos del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, donde nueve profesores están siendo investigados por la fiscalía acusados de humillar a alumnos hijos de guardias. En una reunión en la Delegación del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el de Educación, Marcial Marín, recibieron a cerca de una decena de guardias, que llegaron uniformados en una furgoneta policial. Al encuentro asistió también el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el jefe de la Policía Nacional, Sebastián Trapote, y el jefe de la Guardia Civil, Ángel Gozalo. 

Poco antes de la siete de la tarde, tras dos horas de reunión, los cargos políticos, policiales y los guardias abadonaron la sede central del Gobierno en Cataluña, sin informar del contenido del encuentro. "Así lo han acordado en la reunión", explicó un portavoz de la Delegación.

Pocas horas antes, CC OO de Cataluña se manifestaba en el mismo lugar para denunciar “la utilización política de la escuela”. Según el sindicato, que se reunió con  el subdelegado del Gobierno, Emilio Ablanedo, "a raíz del conflicto político y social en Cataluña se ha producido una campaña de desprestigio del trabajo" de los profesores.

El PP propone un buzón anónimo para denunciar casos de adoctrinamiento

C. S. B.

La diputada del PP en el Parlament Andrea Levy ha propuesto que se ponga en marcha un mecanismo de denuncia anónimo para que afloren más casos como los denunciados en un Instituto de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde supuestamente unos profesores señalaron a hijos de Guardias Civiles tras las cargas policiales durante el referendum ilegal del 1 de octubre pasado.

"Se está rompiendo la espiral del silencio", ha asegurado Levy, que ha explicado que hay 134 casos conocidos de "adoctrinamiento y acoso" en las escuelas catalanas desde septiembre. Algunos, ha explicado, están en manos de la justicia y de otros se ha tenido conocimiento mediante la Alta Inspección Educativa.  "Se trata de casos de adoctrinamiento y acoso a aquellos alumnos que no se doblegan al nacionalismo y al independentismo", ha dicho.

Los populares, con cuatro diputados en la Cámara catalana, quieren llevar al pleno una propuesta de resolución "contra la falta de neutralidad" de los maestros y pedirá condenar "la instrumentalización política de la escuela". Ni Ciudadanos ni los socialistas dijeron conocer el texto, por lo cuál no han adelantado si le darán apoyo o no.

Ciudadanos, de hecho, ha criticado la falta de iniciativa del PP. "Nos llama la atención que desde el grupo mixto en el Parlament se hagan propuestas de cómo llevar la educación en Cataluña cuando al mismo tiempo gobierna en España y tiene todas las herramientas para actuar. Me parece que hacen un brindis al sol", aseguró el portavoz de la formación naranja Carlos Carrizosa.

El PP y Ciudadanos si han coincidido en pedir la comparecencia del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, al considerar que en estos casos "ha actuado de parte" en el caso de Sant Andreu de la Barca. Eva Granados, la portavoz socialista, ha pedido que se investiguen los casos puntuales que han sido denunciados pero ha insistido en que "el debate político salga de las aulas" y que no se use la educación para sacar réditos políticos. "No se tendria que señalar ni a profesores ni estudiantes, los que lo están haciendo ayudan a generar más conflictos", ha criticado.

CC OO, que pidió que "no se judicialicen" situaciones como las de Sant Andreu de la Barca y que se intenten resolver dentro del ámbito escolar, declinó participar, no obstante, en la nueva plataforma que han montado varios sindicatos (UGT, CGT y USTEC) junto a entidades soberanistas  como la ANC o Docents per la Republica. La Mesa de Emergencia Docente, como la llaman, surge, según sus impulsores,  para "defender la educación en los valores democráticos" y combatir la "represión mediática, judicial, y policial" que, aseguran, viven algunos profesores. CC OO ha dicho que, aunque comparte el manifiesto fundacional, ha decidido no participar y apuestan por una iniciativa que englobe a toda comunidad educativa.

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