La Comunidad de Madrid y Móstoles se acusan de retrasar el desalojo de Las Sabinas

El prometido realojo y desmantelamiento del poblado ilegal de Las Sabinas —que acoge a 376 familias, muchas de ellas en infraviviendas, en la orilla del río Guadarrama a su paso por Móstoles y Arroyomolinos— se encuentra en punto muerto. Y el Ayuntamiento de Móstoles y el Gobierno regional se acusan mutuamente de ser los culpables.

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El Consistorio anunció ayer su decisión de “suspender su participación” en la Comisión de seguimiento del proceso, debido al “incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid del convenio suscrito en 2013”. La Comunidad debía facilitar las viviendas para los realojos, pero de momento solo tiene 27, de las que únicamente 10 están disponibles, según dijo ayer el concejal de Presidencia y Seguridad, Roberto Sánchez (PSOE).

Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Vivienda aseguró que ya se podrían haber iniciado esos primeros 10 realojos, pero que para ello el Ayuntamiento tiene que derribar previamente las viviendas ilegales para “evitar que otras personas ocupen las chabolas que quedan vacías y se perpetúe el problema”. Y eso todavía no ha ocurrido.

El problema, responde a su vez el Consistorio, es que algunas de las chabolas están construidas con amianto —un material tóxico altamente peligroso—, por lo que no van a desmantelar nada hasta que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Consejería de Empleo, dé el visto bueno al plan de limpieza que Móstoles les ha presentado. A esto, para terminar, el portavoz de Vivienda contesta: “El realojo no debe retrasarse innecesariamente por culpa de la imprevisión del Ayuntamiento”.