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El complicado realojo del poblado de infraviviendas de Las Sabinas

La operación abarca a 376 familias, aunque en el asentamiento residen muchas más personas que no forman parte del censo oficial

El realojo del poblado de Las Sabinas, uno de los tres grandes focos de infraviviendas de la región situado a orillas del Guadarrama, se empieza a mover. Móstoles ya ha desembolsado dos de los cuatro millones que le corresponden de los 48 totales que costará la operación. Arroyomolinos, el otro término municipal al que afecta, no firmará el convenio con la Comunidad de Madrid hasta que no se garantice al municipio los medios necesarios para ofrecer los servicios esenciales a la población que llegará al municipio.

El censo oficial del poblado de Las Sabinas, que se extiende a lo largo del río Guadarrama en terreno protegido, cifra en 376 las familias que reúnen las condiciones para ser realojadas en pisos. De ellas, 252 pertenecen al término municipal de Móstoles (205.000 habitantes) y 124 al de Arroyomolinos (25.000 habitantes). El otro listado, el extraoficial, carece de cifras concretas, pero un simple vistazo a la extensión del lugar permite barajar un número mucho mayor. Así lo indica el alcalde de Móstoles, el socialista David Lucas, en su petición al Gobierno regional para que se lleve a cabo un nuevo censo “más acorde con la realidad”.

Arroyomolinos también ha manifestado sus recelos sobre las condiciones en las que se pretende llevar a cabo la operación de realojo. El concejal de Medio Ambiente, Andrés Martínez, asegura que no se trata de una cuestión de dinero “que ya tenemos presupuestado”, sino a la escasa planificación. “Hay que ofrecer unos servicios a las nuevas familias, y en nuestro pueblo no tenemos ni un ambulatorio en condiciones para cubrir las necesidades actuales”, explica. Martínez incide en que tampoco se han tenido en cuenta los gastos judiciales, técnicos y de personal aparejados al desalojo.

La Consejería de Transportes, Viviendas e Infraestructuras estima en 48 millones el importe total de la operación, que incluye la adquisición de las 376 viviendas necesarias (130.000 euros de media por cada una). El Consejo de Gobierno ya ha anunciado el inicio de las actuaciones para adquirir las primeras 50. Su objetivo es comprar inmuebles ya construidos, porque “no se trata de levantar nuevos bloques”, especifica un portavoz del Ejecutivo regional. De esta cantidad, 4 millones le corresponden a Móstoles, 2 a Arroyomolinos y 18 a la Agencia de Vivienda Social, que destinará 2,8 al seguimiento posterior de las familias realojadas. Los fondos europeos Feder financiarán el 50% de la adquisición de las viviendas y de su adecuación.

El plan se complica debido a que existen familias sin derechos adquiridos para optar a un piso. A su vez, hay personas completamente asentadas, que han construido casas humildes pero pulcras y cuidadas, sin ninguna intención de abandonar el lugar donde viven. Las Sabinas, como cualquier otro asentamiento, cuenta con zonas mejores y peores. En la más cuidada, con luz y hasta alguna calle asfaltada, se encuentra una pequeña capilla, inaugurada por el obispo de la diócesis de Getafe, que les visitó hace una semana e incluso ofició una misa en el reducido templo. La comunidad marroquí también ha habilitado un local como mezquita.

En 1976 se constituyó la primera comunidad de vecinos, con la instalación del tendido eléctrico, que les facilitó el alcalde de entonces. “Le gustaba bajar al río y echar una partida”, relata Jacinto Soriano, miembro de la asociación vecinal. Nadie ha pagado nunca el IBI en el asentamiento, pero guardan a buen recaudo las cédulas de habitabilidad que consiguieron cuando llegó la electricidad.

Otros no son tan afortunados. El lunes 22 de junio 96 familias de la zona del poblado en la que vive el colectivo gitano recibió la visita inesperada de técnicos de Iberdrola acompañados por la Guardia Civil. Procedieron a cortarles la luz esgrimiendo una orden judicial que acreditaba su actuación: los enganches eran ilegales. El corte de suministro eléctrico provocó al mismo tiempo la falta de agua, al dejar de funcionar las bombas con las que lo extraen. Ante la situación creada, que afectaba a familias con niños, el Ayuntamiento de Móstoles instaló dos generadores eléctricos de emergencia y desde entonces se hace cargo de la factura.

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