La oposición exige a Carmena todos los contratos con las cooperativas para fiscalizarlos

Los partidos de la oposición municipal exigen al gobierno de Ahora Madrid que les entregue los convenios, contratos adjudicados sin concurso y subvenciones entre el Ayuntamiento y algunas cooperativas consideradas afines a la coalición de Podemos. El flujo de dinero ya supera los 20 millones de euros, según los populares, que proponen celebrar una comisión extraordinaria de investigación sobre el asunto. Ciudadanos también critica al ejecutivo, y el PSOE exigió este martes a Carmena que convoque una comisión ordinaria para analizar los contratos.

El gobierno municipal se cierra en banda. Defiende que todos los convenios, subvenciones y contratos menores adjudicados sin concurso son legales, y reivindica que —aunque en cantidad menor— también los hacían Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón (exalcaldes del PP). Todos los portavoces del ejecutivo niegan, además, que exista conexión entre las cooperativas y asociaciones beneficiadas por el Ayuntamiento y algunos miembros del gobierno. También rechazan que se pueda hablar de puertas giratorias, como acusa la oposición tras las informaciones desveladas por EL PAÍS.

Por ello, es descartable que en la sesión plenaria de la próxima semana Ahora Madrid apoye la propuesta del PP de celebrar una comisión ad hoc que investigue cada uno de esos contratos, aunque la formación liderada por José Luis Martínez-Almeida la califique de "urgente". El portavoz del PP habla de "red clientelar" de Ahora Madrid y plantea dudas "éticas" sobre la contratación a empresas que considera "afines" al ejecutivo, así como critica las subvenciones entregadas para fomentar la economía solidaria al banco Fiare, que gestionó los fondos de la coalición de Podemos durante la campaña electoral.

Entre los convenios cuestionados se encuentran también los de 600.000 de euros entregados sin concurso a REAS, una red de cooperativas en la que colaboran empresas vinculadas a miembros del ejecutivo local. Y decenas de contratos menores y otros convenios por valor de más de un millón de euros, adjudicados a otro grupo de cooperativas, Tangente, en el que también trabajaron asesores y hasta una concejal.

En dicha comisión, la oposición podría exigir a los funcionarios que aportaran datos y explicaran cómo se desarrollaron los procesos de contratación. En los convenios menores sin concurso, el papel del Consistorio es decisivo. El procedimiento discrecional permite al Ayuntamiento pedir tres ofertas sin publicar un concurso público. El servicio se adjudica a la entidad que propone el presupuesto más bajo, pero el ejecutivo debe asegurar que no está fraccionando un encargo mayor. En la comisión de investigación, además, los partidos pueden pedir que comparezcan directivos de las firmas adjudicatarias.

Pieza clave del PSOE

Para que la investigación ad hoc salga adelante, no obstante, es necesario que al menos el PSOE la respalde. Los socialistas, socios de investidura de Carmena y sus aliados en las decisiones más trascendentes del ejecutivo, son otra vez la pieza clave de la política municipal.

Este martes, la portavoz socialista, Purificación Causapié, comentó las noticias sobre las subvenciones a la economía social sin concretar la posición que adoptará su grupo. Se limitó a decir que en el Ayuntamiento ya "existen herramientas para poder determinar cómo se han hecho determinadas contrataciones", y pidió a la alcaldesa que convoque la comisión ordinaria de vigilancia de la contratación, que no se reúne desde hace meses. Aun así, mantuvo que pedirá al delegado de Economía, Jorge García Castaño, que dé explicaciones.

Más probable es que Ciudadanos apoye la comisión extraordinaria. Su portavoz, Begoña Villacís, denunció en los últimos días una práctica que tacha de "clientelar". "Me da igual si es capitalismo o anticapitalismo de amiguetes. Es clientelismo", dijo para referirse a unos pagos que considera "desproporcionados".

Si obtiene el visto bueno del pleno, la comisión sobre la contratación municipal será la tercera que comenzará en ese mandato, después de la de investigación de la venta de los pisos protegidos por Ana Botella y la de la compra de BiciMad por Carmena.