La degradación del Raval acorrala a Colau a un año para las elecciones

A un año de las elecciones, el panorama se complica para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hace dos semanas la oposición le tumbó dos de sus proyectos estrella (el tranvía y las consultas ciudadanas), la irrupción de Manuel Valls como posible candidato de Ciutadans es la primera amenaza seria en vistas a las municipales... y ayer el pleno reprobó su gestión en la crisis de los narcopisos del Raval. Además, retiró la aprobación del mayor contrato que hace el Ayuntamiento: el de la basura. Y todo esto, con los funcionarios municipales protestando en la calle.

Los días de pleno son un mal trago para el equipo de gobierno de Colau desde que en noviembre pasado se quedó aislado al romper el pacto de gobierno con el PSC, como consecuencia del apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155. Entonces comenzó la campaña electoral. Y la oposición se ha endurecido para mostrar que en el año que queda de mandato gobernar con solo 11 concejales de 41 será un viacrucis.

En el plano ejecutivo, ayer el equipo de la alcaldesa sacó dos grandes proyectos urbanísticos adelante: el plan de reforma del Camp Nou y su entorno —aplaudido por todos los partidos políticos salvo la CUP— y la ampliación de la bocana del puerto, que servirá para alejar los cruceros de la ciudad. Pero el gobierno no pudo aprobar el mayor concurso público que convoca el consistorio, el de la limpieza viaria y recogida de basura, que se lleva el 10% del presupuesto. Colau retiró la votación para no perderla y que la oposición le exigiera mayor concreción de la que hasta ahora ha mostrado.

En el capítulo de las alegrías, también consiguió salvar el tercer intento del PP para reprobar la gestión (en global) del gobierno. Solo Ciutadans apoyó a los populares. La CUP votó en contra de la reprobación entre reproches a las políticas del PP en Madrid. Y el resto de partidos (PDeCAT, ERC y el PSC) convinieron que una reprobación genérica es banalizar esta figura. “Llegados a estas alturas, la reprobación que la haga la ciudadanía en mayo de 2019”, retó el concejal de ERC Jordi Coronas.

La alcaldesa respondió sacando pecho y enumerando los proyectos que ha sacado adelante en los tres primeros años de mandato. Como el Espai Barça o la nueva bocana, el plan para reconvertir el Puerto Olímpico, el inicio de la reforma de la Meridiana, la cobertura de un tramo de la ronda de Dalt, las obras del túnel de Glòries y la plaza, el metro a la Marina, la convocatoria de 3.000 plazas de empleo público, la llegada del metro a la Zona Franca... y recordó la buena nota que sacan en los barómetros. “Solo piensan en desgastar, no les interesa la ciudad”, espetó al concejal Alberto Fernández.

Pero Colau no pudo evitar la reprobación, por unanimidad salvo la CUP, por la gestión de la degradación de Ciutat Vella. Formalmente fue en un pleno extraordinario que se programó al final del pleno ordinario: cuando pasaban las tres de la tarde y en vísperas a un puente. Duró 29 minutos. La oposición pintó un panorama apocalíptico, con vecinos que, aseguraron, viven atemorizados y no pueden salir de noche a la calle por la inseguridad y la presencia de heroinómanos y mafias que ocupan pisos para traficar. Aquí la concejal Gala Pin actuó como Colau e hizo la lista, una por una, de las inversiones hechas o previstas, asegurando que a finales de mandato el Gobierno habrá invertido 73 millones de euros “para que sea un barrio para vivir”.

Pese al mar de fondo —los trabajadores municipales protagonizaron una ruidosa concentración en la calle en protesta por la falta de acuerdo en la negociación del convenio—, fue un pleno de perfil bajo. Soporífero. Como si la oposición se hubiera cansado de criticarlo todo.

Incluso hubo pocos rifirrafes. El número dos de Colau, Gerardo Pisarello, lanzó un dardo a la líder de Ciutadans, Carina Mejías, que con la irrupción de Valls ha visto esfumarse sus aspiraciones a encabezar la lista del partido naranja: “Señora Mejías, yo diría que hoy no está en posición de hacer una crítica global al gobierno”, le respondió en francés a una crítica.

También hubo momentos de tensión entre varios grupos con el PP cuando se debatió y se aprobó la retirada de expedientes franquistas a 1.600 funcionarios que trabajaron en el Ayuntamiento durante la República (y de la medalla de oro al alcalde de entonces). Jaume Ciurana, del PDeCAT, llamó “inquisidores” al actual gobierno central. O durante las proposiciones en las que el pleno acordó pedir la dimisión del ministro José Ignacio Zoido o instar a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra miembros de los CDR.