Carmena adjudicó a dedo 11.000 contratos por valor de 60 millones en dos años

A lo largo de 2016 y 2017, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, adjudicó “contratos menores” —para actuaciones de emergencia y que no necesitan concurso público— por valor de casi 60 millones de euros. Se trata de un nivel de desembolso desconocido desde 2011, cuando gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En algunos de los 11.000 contratos firmados por el equipo de Carmena, la oposición ha denunciado que las firmas beneficiadas pertenecen a la órbita de la coalición liderada por Podemos. El Ayuntamiento argumenta que esas cifras solo representan el 0,5% de los presupuestos.

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Los contratos menores son adjudicaciones de cuantía limitada (hasta 21.000 euros, o 41.000, dependiendo de su tipología), pensados para acelerar la acción del gobierno en situaciones de urgencia. “Se refieren a servicios y suministros de pequeña cuantía, delimitados en el tiempo, pero necesarios para garantizar el servicio que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía”, explica el propio Consistorio en su página web. Y da algún ejemplo: “Comprar bombillas para un centro deportivo, contratar los servicios de un fontanero para una biblioteca, costear un viaje de trabajo o una actividad puntual…”.

La peculiaridad de los contratos menores es que permiten sortear la contratación pública de los concursos abiertos. La Administración se limita a pedir tres ofertas, y contrata la que considera mejor, aunque a partir de ahora un decreto municipal eliminará la petición de tres ofertas para hacerlos todavía más ágiles. No obstante, su filosofía contempla un uso limitado.

Sin embargo, en los últimos dos ejercicios el equipo de Carmena ha hecho un amplio uso de ese instrumento. Así ha sido, por ejemplo, para contratar el “proyecto de remodelación de la Gran Vía” (21.175 euros), la elaboración de diseños gráficos, campañas de publicidad y actividades de “dinamización”.

El Ayuntamiento usa los contratos de “dinamización” para impulsar los llamados procesos participativos. Se trata de una categoría inédita, que se apoya en perfiles profesionales novedosos e híbridos (van desde el ámbito social, el cultural y o el de ocio), que a menudo coinciden con el proyecto político de la coalición liderada por Podemos.

Por ejemplo, en septiembre de 2017, el Ayuntamiento desembolsó 20.000 euros para la “dinamización social en programas de igualdad” en Usera y Retiro”. Otros 34.000 euros se fueron para la “dinamización comercial” en La Elipa y San Pascual, todos proyectos considerados actividades de ocio y cultura. Y en marzo, el gobierno pagó 20.600 euros para un “contrato de dinamización de mesas de auditoría ciudadana”.

La auditoría ciudadana es un instrumento creado por el gobierno de Carmena para fiscalizar a posteriori políticas y contratos de los gobiernos del PP. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha reservado medio millón de euros para ellas, con la posibilidad de activar denuncias —que nunca se han sustanciado— y engrasar la maquinaria de la propaganda del ejecutivo. Cuando están redactadas, las filtran a determinados medios de comunicación.

En total, en 2016 el Consistorio licitó 5.600 contratos menores, con un desembolso de 30,2 millones de euros. El año siguiente, el gasto bajó ligeramente, hasta los 29,9 millones de euros (5.500 contratos), según cifras publicadas en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento. De esta manera, en los dos primeros años naturales del gobierno de Carmena, el gasto en contratos a dedo ya superaba el de la época de Ruiz-Gallardón.

En 2011, el alcalde del PP encargó contratos menores por 31 millones. Se trata de cifras que duplican las de 2012 y 2013, de 18,5 y 17,5 millones, respectivamente. Y que también superan los ejercicios de 2014 y 2015, cuando el Consistorio pagó 25 y 24 millones en contratos a dedo. En 2015 se alternaron en el gobierno los equipos de Ana Botella y Carmena.

El Ayuntamiento argumenta que el gasto en contratos menores ha aumentado en línea con el desembolso creciente del Consistorio. Y que solo representa un 0,5% del total de los presupuestos (5.200 millones). “La suma es prácticamente idéntica que las de 2015 y 2016, así que no vemos mucha historia”, afirma un portavoz del Área de Economía. Su cálculo tiene en cuenta todas las partidas presupuestarias, como el pago a funcionarios, que copa el grueso del desembolso público, y las inversiones, que fueron el año pasado de 225 millones.

Sin embargo, la oposición ha denunciado el repunte de contratos menores. Sospecha que los ediles del gobierno están financiando a empresas y cooperativas de su línea política. Entre los contratos más cuestionados están los 100.000 euros a Gea21, una firma de la que fue socia una asesora municipal.

En 2017 la oposición logró que el gobierno incluyera los contratos menores en una comisión municipal. Sin embargo, la magnitud de las adjudicaciones complica el análisis pormenorizado de los expedientes. De hecho, con respecto a los datos de 2018, el Consistorio aún no ha publicado todos los contratos adjudicados. El ejecutivo achaca este retraso a la situación de prórroga presupuestaria.