La oposición se une para fiscalizar los contratos municipales a dedo

Todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PSOE, PP y Ciudadanos) exigen que el gobierno de Manuela Carmena ejecute los cambios reglamentarios necesarios para fiscalizar los contratos a dedo del Consistorio. Si el gobierno no modifica la normativa, la oposición estudia elevar la cuestión al pleno para que las adjudicaciones puedan analizarse en una comisión. El Consistorio defiende que la iniciativa la tienen que llevar el PP o Ciudadanos.

"Ha empezando a haber contactos entre los tres grupos de la oposición por la falta de intención del gobierno de cumplir con los acuerdos del pleno", explican fuentes de los tres partidos de la oposición al gobierno de Ahora Madrid. La cuestión atañe a la "transparencia" y al "compromiso" del ejecutivo municipal a permitir que todos los contratos menores —que se adjudican sin concurso público— puedan fiscalizarse en una comisión municipal ordinaria.

El Ayuntamiento defiende que esas adjudicaciones se controlan ya en las comisiones de área —la legalidad del procedimiento, sin embargo, tienen que debatirse en comisiones de contratación, sostiene la oposición— y que el cambio de reglamento que exige la oposición tiene que ser propuesto por el PP o Ciudadanos. Esos partidos presentaron en febrero una moción para modificar las funciones de la actual comisión de vigilancia de la contratación, que pasaría a llamarse comisión de vigilancia de la gestión municipal.

En ese foro se analizarán los contratos a dedo, aseguran desde el Consistorio. Una portavoz del Área de Economía, dirigida por el edil Carlos Sánchez Mato, añade que el gobierno "es partidario" de modificar los reglamentos, pero defiende que tienen que respetarse la vía establecida.

Los grupos municipales de la oposición, no obstante, protestan porque el ejecutivo municipal, liderado por Podemos, no acató el año pasado un acuerdo plenario que instaba a aplicar los cambios necesarios para analizar los contratos menores en una comisión. El Ayuntamiento alegó problemas de carácter informático —como actualizar el registro de los contratos y crear una nueva plataforma—, pero PP, Ciudadanos y PSOE denunciaron la inactividad del gobierno en este sentido.

"O traen pronto una propuesta para cambiar la vigilancia, o lo llevaremos nosotros a pleno", resumen desde la oposición. En concreto, PP, PSOE y Ciudadanos están estudiando elevar una propuesta de cambio del reglamento que obligaría al gobierno de Carmena a ejecutarla. "Se trata de una modificación que debería impulsar el gobierno municipal, porque tiene a su disposición centenares de técnicos", señalan los representantes de esos partidos. Los grupos disponen de un número de expertos reducido, que pueden encargarse del cambio de reglamento, pero no sin dificultades técnicas, admiten. "Es una materia que debería ser promovida por el ejecutivo", subrayan.

Mayor gasto desde 2011

Las peticiones de más transparencia en los contratos menores se han multiplicado en los últimos meses. Los contratos adjudicados a una firma de la que fue socia una asesora municipal abrieron el debate, y el caso destapado por EL PAÍS, referente a las dudas de la interventora municipal por posible fraccionamiento en ocho encargos, lo alimentó. Esos contratos, pensados para responder a necesidades puntuales, permiten evitar el concurso público, pero solo cuando se trata de encargos inferiores a los 18.000 euros (sin IVA).

El año pasado, el gasto total en contratos menores fue el más elevado desde 2011, cuando gobernaba el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En concreto, en 2011 el desembolso alcanzó un total de 30,2 millones, mientras que en 2011 fue de 31 millones. El Ayuntamiento alega que el porcentaje de menores con respecto a la contratación total de 2016 fue del 1,84%, muy por debajo del 9,45% del ejercicio anterior.