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La concejal Rommy Arce, imputada por un delito de incitación al odio

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la ha citado por los tuits contra la policía tras los disturbios de Lavapiés

Rommy Arce
La concejal Rommy Arce, en el pleno municipal del 22 de marzo.

La concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce (Ganemos), ha sido imputada como supuesta autora de un delito de incitación al odio, según confirmaron ayer fuentes judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, 3.000 afiliados, el mayoritario del cuerpo) por los tuits que publicó la edil durante los graves disturbios del barrio de Lavapiés del pasado 15 de marzo. La magistrada la ha citado para declarar el próximo 25 de abril.

La juez Esperanza Collazos dictó el pasado viernes 23 de marzo un auto en el que admitía a trámite la querella interpuesta por CPPM tres días antes. El sindicato, que formará parte de toda la instrucción como acusación particular, acusaba a la concejal presidenta de las juntas municipales de Usera y Arganzuela de haber difundido mensajes en la red social Twitter que podrían incitar al odio. La juez les ha dado la razón ahora, ya que, a través de las actuaciones practicadas hasta el momento, presume que se ha podido cometer ese delito de odio, según las fuentes judiciales consultadas.

El primer tuit que se incluye en la querella se publicó el 15 de marzo: “Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los nadie víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo”.

A este mensaje le siguieron otros dos el 17 de marzo: “Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios” y “el portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial”.

Un juzgado abre otra causa contra la edil

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, ha admitido a trámite la querella que presentó el pasado 20 de marzo el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) contra la concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, y contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Así lo confirmó ayer a este periódico el presidente de este colectivo, Jaime Johnson.

UPM les acusa de un delito de incitación de odio contra la Policía Municipal, realizado a través de la red social Twitter. Hasta el momento, la magistrada solo ha citado a Johnson para que declare el próximo lunes 2 de abril, por lo que no hay una imputación forma contra la concejal presidenta de las juntas municipales de Usera y Arganzuela.

Titularidad de la cuenta

La magistrada ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite la querella. El auto judicial pide que se libre un oficio a Twitter España para que certifique a quién corresponde la cuenta @rommyarce, desde la que se emitieron los mensajes contra la Policía Municipal, según las fuentes judiciales.

La juez ha citado al secretario general del CPPM, Francisco Torres, a declarar en calidad de querellante el jueves 12 de abril.Rommy Arce deberá acudir el miércoles 25 abril a las 12.45 en calidad de querellada, junto con su abogado. Allí se le leerán sus derechos y se le interrogará, según fuentes jurídicas. Contra esta decisión, cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado número 9 y de apelación ante la Audiencia Provincial.

Los sindicatos profesionales de la Policía Municipal anunciaron en los días posteriores a los graves altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés que se querellarían contra la concejal de Ganemos y otras personas por los tuits ofensivos que había publicado en su cuenta personal. Estos colectivos policiales recordaron que la edil había acusado a los agentes, pese a que la muerte del inmigrante senegalés Mame Mbaye, de 35 años, no se produjo tras una persecución a manteros, como algunos grupos antisistema difundieron la noche del 15 de marzo.

Una condena de hasta cuatro años de prisión

El artículo 510 del Código Penal regula el delito de incitación al odio. En su primer apartado recoge condenas de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a 12 meses para las personas que “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona” por razón de su pertenencia a aquel. El precepto añade otros posibles motivos como el “racistas, antisemitas u otros ideológicos”, religión, etnia, raza, orientación sexual, género o discapacidad.

El apartado 2 rebaja la condena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 12 meses cuando se lesione la dignidad de las personas mediante acciones que supongan “humillación, menosprecio o descrédito”.

La querella del CPPM es la primera que ha sido admitida a trámite. Es posible que en los próximos días otros juzgados emitan autos similares contra la edil. Lo normal en este caso es que se unifiquen todos los procedimientos penales si se investiga a las mismas personas por los mismos hechos. Se hace por economía procesal y para evitar que existan pronunciamientos opuestos. La ley recoge que el primer juzgado que conozca el caso se haga cargo de los posteriores.

Ninguno de los cinco cargos que han sido imputados desde el inicio del actual mandato municipal (junio de 2015) ha dimitido de sus puestos. En los anteriores casos, los investigados han justificado su decisión de mantenerse en el puesto con la excusa de que no hubo enriquecimiento ni ánimo de lucro para los concejales o los altos cargos.

El punto 1.4 del código ético de Ahora Madrid recoge que se deberá renunciar o cesar “de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, cohecho, malversación, apropiación de fondos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas”. También recoge la dimisión en el caso de delitos de “racismo, xenofobía, violencia de género, homofobia u otros contra los derechos humanos o de las personas trabajadoras”.

Hoy, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado al respecto de la imputación: “Es el quinto imputado en el gobierno de Carmena, en este caso por un posible delito de odio en sus tuits en los que comparaba la actuación policial de Mmame Mbaye con el asesinato de Lucrecia Pérez. Para Manuela Carmena, sin embargo, esto no es motivo de reproche”.

El portavoz popular se pregunta “hasta cuándo Carmena va a seguir incumpliendo y va a seguir siendo papel mojado el código ético de Ahora Madrid. Carmena pide para los demás lo que no se aplica ni a sí misma ni a su equipo de Gobierno”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha calificado este martes de "intolerable" el tuit por el que ha sido citada a declarar como investigada la concejala de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, por un presunto delito de incitación al odio, ya que "los vecinos presumieron que eso era cierto y que Mmame Mbaye (mantero de origen senegalés) fue asesinado por motivos racistas".

Villacís ha señalado que "cuando uno es concejal del equipo de Gobierno tiene un plus de información pero también un plus de responsabilidad". Por ello considera que "los vecinos presumieron que lo que decía ella (en el tuit) era cierto y que Mbaye fue asesinado por motivos racistas".

Quinto cargo público que se sienta delante de un juez

La imputación de la concejal presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, eleva ya a cinco el número de ediles y cargos públicos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que están siendo investigados por los jueces. Ninguno de ellos ha dimitido de sus puestos.

Los dos primeros fueron los concejales Carlos Sánchez Mato, entonces responsable de Economía, y Celia Mayer, titular de la cartera de Cultura. El PP se querelló por malversación de fondos públicos, al haber pagado con dinero de las arcas municipales, y sin informar a la alcaldesa Manuela Carmena, dos informes necesarios para denunciar el contrato del Open de Tenis de Madrid. El Juzgado de Instrucción número 21 de la capital admitió a trámite la querella.

Junto con los dos anteriores, también está siendo investigada la ex consejera delegada de la empresa municipal Madrid Destino, Ana Varela. Supuestamente encargó los dos informes jurídicos a bufetes privados para intentar demostrar que los anteriores gobiernos municipales de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella (ambos del PP) habían multiplicado por seis lo que el Ayuntamiento pagaba por celebrar el torneo de tenis. Los informes municipales previos ya rechazaron que hubiera responsabilidades penales en aquellos contratos.

El cuarto imputado ha sido el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la posible comisión de un delito contra la propiedad intelectual. La policía detectó que él era el “titular de la línea” desde la que se realizaban la mayoría de los accesos a una cuenta falsa de Twitter que usaba una copia del logo del Consorcio Regional de Transportes.

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