La policía interviene en el pleno de Usera a petición de la concejal Rommy Arce por las protestas de los vecinos

La policía intervino ayer en el pleno que se celebraba en el distrito de Usera a petición de la presidenta del mismo, Rommy Arce, ante las protestas de los vecinos al negarles la palabra. Los vecinos usaron pitos y manifestaron su descontento mediante gritos lo que provocó que Arce suspendiera el pleno durante un cuarto de hora y su equipo avisara a la policía.

Los vecinos están muy descontentos con la próxima apertura en los números 129, 132 y 133 del Paseo de Santa María de la Cabeza de un centro privado de atención a personas en riesgo de exclusión social —algunos con drogodependencia, informa la administradoras de las fincas—, situado entre dos parques para niños pequeños, uno de ellos el único del barrio para menores de 2 años, y al lado del centro de atención integral para la infancia Agora, que presta servicios de psicología y logopedia.

Los vecinos se enteraron el pasado mes de noviembre preguntando a los obreros que trabajaban en uno de los edificios y se enteraron del futuro uso de los mismos. Una vecina, Pepa Riaza, afirma que desde el pasado 9 de diciembre han remitido escritos con hasta 400 firmas a la Junta Municipal, aunque desde ahí afirman que la primera petición de información llegó el pasado 30 de enero. "Nuestra protesta es por la ubicación del albergue", dice Riaza. "En Usera ya tenemos dos locales de la misma empresa. ¿Por qué no lo abren en otro distrito?". 

El pasado 6 de enero se reunieron a petición de la administradora de los edificios, Alicia Berzal, con las administradoras solidarias de la empresa privada Con Cuidado SL, Ana María Varón y María Xiomara Barrena, que respondieron a las preguntas de los vecinos. Se les preguntó si habría algún sistema de seguridad para controlar quién accedía a las viviendas que están ya casi terminadas y se les contestó que no. “Y nos dijeron que si hubiera algún problema llamáramos a la policía”, informa Berzal.

"Los vecinos asistieron ayer al pleno con la intención de ampliar la información y se enfadaron porque Arce les negó una respuesta”, informa Fernando Martínez Vidal, del PP. “Hasta pasada la media noche no les otorgó la palabra”, afirma.

El PP le preguntó por la situación jurídica de esos locales y cómo pensaba garantizar la seguridad y la convivencia. Arce contestó que los edificios en cuestión no son competencia de la Junta Municipal, sino la Agencia de Actividades, organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid. "Si una entidad quiere instalarse la Administración no puede denegar su implantación bajo cualquier criterio discrecional, pues las licencias tienen carácter reglado. Lo contrario sería incurrir en un delito de prevaricación”, contestó. “La externalización de los servicios de alojamiento no institucionalizados con acompañamiento social para personas sin hogar fue promovida y expandida durante la gestión del PP”.

"Desde el PSOE lo que creemos es que Rommy Arce tiene la obligación de responder a las preguntas de los vecinos", dice Ignacio Benito, concejal del distrito. "Lo de ayer es una muestra más de la incapacidad para dirigir los plenos. Si se hubiera reunido con los vecinos antes no hubieran acudido tan iracundos”.

En noviembre, el pleno municipal aprobó retirar las competencias de Arce en los distritos de Arganzuela y Usera. Sin embargo, este jueves, la portavoz municipal, Rita Maestre, recordó que solo el equipo de gobierno local es responsable de sus concejales y calificó de “normales” las discrepancias entre el ejecutivo y la oposición. Maestre sostuvo que “no es la primera vez ni será la última que los vecinos protesten en un pleno de distrito". "Se produce una crítica que es legítima y lo que ocurría antes [durante los gobiernos del PP] era desalojar los plenos. Estamos orgullosos de que el equipo de gobierno de la cara”, defendió.