Los sindicatos policiales denuncian a Arce y Monedero por delito de odio

Más información

Las claves que explican los disturbios de Lavapiés

Muere un segundo senegalés en Lavapiés tras sufrir un ictus

El sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) se querelló ayer contra la concejal de Arganzuela y Usera, Rommy Arce (Ganemos Madrid), y contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por los tuits que publicaron a raíz de los disturbios del barrio de Lavapiés. La formación les acusa de haber cometido un delito de odio. La Asociación de Policía Municipal Unificada en Madrid (APMU) tiene previsto denunciar hoy a Arce por un delito de injurias.

La UPM (1.800 afiliados en la capital) presentó ayer la querella en el juzgado de guardia de la plaza de Castilla. El secretario general de este colectivo, Jaime Johnson, explicó que los policías municipales (6.300 agentes) se encuentran “muy indignados” por el trato que han recibido por parte de algunos integrantes de la Corporación municipal. “Los compañeros fueron a auxiliar a una persona que había sufrido un paro cardiaco y en ningún momento se trató de una persecución policial, como se dijo para intentar echarnos la culpa a nosotros”, protestó Johnson. Este echó en falta que hubiera una felicitación pública a los siete policías que estuvieron realizando la reanimación cardiopulmonar.

La APMU (670 asociados) denunciará hoy por la mañana a Rommy Arce por un delito de injurias (expresión que lesiona la dignidad de una persona o colectivo). También denunciarán por calumnias diversos tuits de personas que acusaron a los policías municipales de haber matado al inmigrante senegalés. El presidente de esta asociación, Carlos Bahón, rechazó extender la denuncia contra Juan Carlos Monedero y el líder regional de Podemos en Madrid, Ramón Espinar: “Ambos publicaron aquella noche tuits contra la policía pero han ido rectificando con el paso de las horas y conforme se ha ido conociendo cómo han ocurrido los hechos”.

Bahón explicó ayer que se ha acudido a los delitos de injurias y calumnias porque no se puede aplicar el delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, en opinión del letrado de la asociación. “Ya se intentó aplicar con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el intento del referéndum de Cataluña y la Fiscalía lo rechazó porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no tienen ideología”, explicó Carlos Bahón.

“Todo esto ha acabado con los ánimos de los policías. Muchos están hechos polvo y sin ganas de trabajar. Encima que hicieron una actuación impecable, tienen que ponerla en tela de juicio. ¿Qué tendremos que hacer la próxima vez?”, añadió el presidente de APMU.

El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, 3.000 afiliados) también está sopesando acudir a los tribunales para defender a los agentes. Su asesoría jurídica está estudiando estos días todo el material publicado por los diversos medios de comunicación y por las redes sociales para ver si se ha cometido algún delito, según explicó ayer un portavoz de este sindicato.

“Altercados violentos”

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) salió ayer en defensa de los policías municipales de Madrid y condenó “los altercados violentos protagonizados por algunas decenas de africanos y jóvenes antisistema”. “Entendemos que la lucha contra el racismo y la xenofobia y para conseguir la residencia en España nunca pueden amparar los comportamientos violentos”, explicó el colectivo de mandos. “Deploramos la actuación del equipo municipal al desconfiar de su policía y tardar 12 horas en hacer público el relato objetivo de los hechos”, añadió.

Una portavoz de la Concejalía de Seguridad respondió ayer a esta cascada de denuncias que los sindicatos “tienen derecho a denunciar lo que consideren oportuno”. “Las declaraciones de diversos miembros del gobierno, incluyendo Rommy Arce a través de un mensaje en redes sociales, señalando la exclusión estructural que sufren las personas sin papeles en nuestro país y los factores de estrés que supone, además del desigual acceso a derechos, es un hecho contrastado y contra el que este gobierno trabaja y seguirá trabajando”, afirmó esta portavoz.