Una imputada por el caso del Open involucra a una asesora de Carmena

La exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, investigada por prevaricación y malversación en el caso del Open de Tenis, sostuvo el 18 de septiembre ante la juez que antes de denunciar al torneo pidió consejo a una asesora de la alcaldesa, quien le recomendó a un abogado. Varela sostiene que mantuvo una reunión con Lourdes Menéndez, magistrada y persona de confianza de Carmena, y que esta la dirigió a un bufete, que luego fue el encargado de redactar el informe inculpatorio. Carmena ha sostenido hasta ahora que nadie la avisó de la denuncia. Menéndez ha preferido no hacer declaraciones.

En su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Varela dijo a la juez que antes de denunciar a la Fiscalía Anticorrupción el convenio del Open de Tenis, firmado por Alberto Ruiz-Gallardón en 2001, pidió consejo a Lourdes Menéndez, una de las colaboradoras más estrechas de Carmena. Varela afirmó que tenía "constancia fehaciente de irregularidades muy graves", pero que antes de denunciar el certamen a la Fiscalía Anticorrupción por posible prevaricación se<NO>se hizo aconsejar por Menéndez sobre cómo proceder, y que ella le mencionó al abogado al que acudió.

Antes, mientras estaba al mando de Madrid Destino, Varela sospechó de unos cheques —como un pago de 1,1 millones para el cambio de la arena del campo— entregados a la firma Madrid Trophy Promotion, promotora del Open, porque en su opinión no estaban justificados, y decidió no abonarlos. Junto a dos ediles de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, calculó que el coste para el Consistorio de la celebración del torneo pasó de 1,5 a 10 millones de euros en pocos años, y vio en ese aumento un posible caso de sobrecostes y prevaricación. Los tres decidieron pedir auxilio a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Sin embargo, los letrados municipales negaron la existencia de delitos.

Las negativas de los servicios jurídicos municipales no frenaron la investigación de Varela, que decidió reunirse con el coordinador general de seguridad de Ayuntamiento y con Lourdes Menéndez. Fue entonces cuando, según ella, Menéndez le dijo que ante "los datos y las cosas que estamos poniendo sobre la mesa, la envergadura, la complejidad, el oscurantismo de toda esa relación jurídica y la cantidad económica tan importante dentro del presupuesto municipal, es nuestra responsabilidad adoptar las medidas oportunas, y para ello se necesita un apoyo jurídico especializado". Y añadió que los apoyos técnicos debían referirse "tanto en derecho público para entender bien ese entramado de negocios jurídicos, como también una especialización en términos penales" para poder desgranar las "responsabilidades".

Menéndez le habló, siempre según Varela, de un abogado experto en derecho público que "ejerce en el ámbito privado, con lo cual se podría recurrir a sus servicios". Varela, según su versión de los hechos, decidió entonces contratar al bufete Alemany, Escalona & Fuentes Abogados, del que era socio el contacto de Menéndez. El estudio legal redactaría un documento que serviría de base para que Varela, Mato y Mayer denunciaran el Open ante la Fiscalía Anticorrupción.

Menéndez, contactada por este periódico, ha preferido no hacer declaraciones sobre un proceso judicial aún abierto. Una portavoz del Ayuntamiento ha añadido que "ya se dijo todo lo que se tenía que decir en su momento". EL PAÍS no ha podido contactar con Varela, puesto que tras su cese el Consistorio ya no puede facilitar su contacto.

El escándalo estalló justo el día antes de que comenzase el máster de tenis. Una filtración a la prensa dio a conocer la denuncia contra el Open, pero la alcaldesa dijo desconocerla y calificó de "error" la actuación de Varela y de sus dos ediles. Uno de los socios del bufete explicó entonces que la exconsejera de Madrid Destino le entregó una "documentación caótica" para que estudiara el caso, mientras que fuentes municipales tacharon la denuncia de "paranoica".

Cuando se supo que Varela, Mato y Mayer habían gastado dinero público y denunciado el torneo a título personal y sin informar a los organismos de dirección de una empresa municipal en la que están representados todos los grupos políticos, el PP interpuso una querella contra ellos. Los tres, destituidos por Carmena en Madrid Destino, están siendo investigados por presunta prevaricación y malversación.