Carmena renovó el convenio del Open que denunciaron Mato y Mayer

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, renovó en abril el convenio del Open de Tenis que pocas semanas antes dos ediles de su gobierno, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, habían denunciado en secreto por presunta prevaricación administrativa y malversación de anteriores gobiernos del PP. La regidora de Ahora Madrid ratificó la cuantía que debía pagar la ciudad para hacerse con el certamen, como se venía haciendo desde 2003. Mato y Mayer creían haber descubierto un desvío de fondos y ahora están imputados.

El 10 de abril de este año, la alcaldesa autorizó la modificación de dos cláusulas del convenio del Open de Tenis que Mato y Mayer habían denunciado tan solo dos semanas antes. La regidora llegó en esa fecha a un acuerdo con los promotores del torneo para quitar del contrato 33 palcos, entradas y accesos VIP destinados al Ayuntamiento, aunque ratificó todos los gastos para el patrocinio previamente acordados. En su denuncia, Mato y Mayer cuestionan precisamente esos gastos, acordados por anteriores gobiernos del PP, por supuesta "prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos". La fiscalía aún no se ha pronunciado.

La acusación de Mato y Mayer se basó en dos informes pagados con dinero de la empresa municipal Madrid Destino. Las dos auditorías externas costaron 100.000 euros, que se sustrajeron de las arcas de esa sociedad sin que ambos concejales informaran a la alcaldesa ni al consejo de administración de la entidad. Tramitaron su denuncia a título personal, y tras destapar el caso una investigación de EL PAÍS, el PP decidió querellarse. El juzgado de instrucción número 21 de Madrid admitió la querella el pasado martes y ha citado a Mato y a Mayer a declarar en condición de investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos.

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El convenio denunciado por Mato y Mayer no solo fue ratificado personalmente por Carmena, sino que tres informes municipales elaborados en 2016 descartaron irregularidades en el acuerdo con los promotores. Antes de que la actual alcaldesa autorizara la modificación del convenio, además, los servicios municipales de asesoría jurídica y la misma Intervención General del Ayuntamiento —el último filtro de legalidad municipal— dieron su visto bueno al acuerdo.

Todas estas autorizaciones dejan en entredicho la tesis delictiva defendida por Sánchez-Mato y Mayer. Y abren algunas preguntas: ¿Si el convenio fuera ilegal y el gobierno de Ahora Madrid lo ratificó en abril, la alcaldesa sería corresponsable de su ilegalidad? Y ¿por qué Ahora Madrid no lo denunció antes de modificarlo?

Cese de los imputados

El caso de la denuncia del Open está sacudiendo al gobierno de Ahora Madrid. Esta coalición, que orbita en torno a Podemos, posee un "código ético" que exige el cese inmediato de los representantes políticos imputados por malversación y prevaricación. Pero la portavoz del gobierno, Rita Maestre (Podemos), sostiene que esa norma se aplica solo en caso de enriquecimiento personal, así que Mato y Mayer se niegan a dejar el cargo. La alcaldesa se encuentra en Canadá, participando en una cumbre internacional, y hasta la noche de este miércoles no había manifestado públicamente su posición. Solo se sabe que Maestre habló con la regidora "dos veces" y que esta le transmitió su apoyo "firme" a los imputados.

El Open de Madrid se celebra en la capital desde 2003, y la penúltima modificación de su convenio se realizó durante el gobierno de Ana Botella (PP). La exalcaldesa popular acordó con la empresa Madrid Trophy Promotion (organizadora del evento) sufragar parte del patrocinio de la prueba, obteniendo a cambio publicidad para la ciudad en cartelería, anuncios en televisión y en el propio campo de juego.

De hecho, el coste total asumido por el Consistorio para organizar el Open, uno de los ocho Máster 1000 del mundo, no se incrementó en los últimos 10 años, sino todo lo contrario. Entre 2007 y 2011, después de la penúltima negociación del convenio, el Ayuntamiento pagaba más de 12 millones anuales en premios, mantenimiento e instalaciones. Este año ha abonado solo 10,3 millones, un 14% menos. Todo lo contrario de lo que defienden en su denuncia Mato y Mayer, que calcularon que el Ayuntamiento pasó de pagar 1,5 millones en 2002 a 15,5 millones en 2021.