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Puigdemont y ERC ofrecen a la CUP un “proceso constituyente” y otra consulta

El acuerdo reivindica el papel del expresidente, que lideraría el llamado Consejo de la República

Elsa Artadi y Eduard Pujol el pasado día 5. En vídeo, declaraciones de Artadi en la misma comparecencia.

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han enviado a la CUP una nueva propuesta para desbloquear la investidura del presidente de la Generalitat. El documento, de 46 páginas prevé la puesta en marcha de un proceso constituyente “participado por la ciudadanía” que culminaría con “una propuesta de Constitución de la República” y lo que denominan como “multiconsulta” para validarla. Con todo, este debate se llevaría a cabo, como mínimo en una primera fase, fuera de las instituciones en un intento de no judicializar todavía más la vida política catalana y evitar nuevas responsabilidades penales a sus dirigentes.

La propuesta remitida a los anticapitalistas evita manifestarse claramente a favor de la vía unilateral que reclama la CUP para apoyar el nuevo Govern y que la pasada legislatura derivó en la intervención del autogobierno catalán y el procesamiento de sus antiguos dirigentes. Tampoco hace referencia específica a la independencia pero sí alude reiteradamente a la “República” asegurando, eso sí, que este concepto debe entenderse como la reivindicación de “una sociedad de ciudadanos libres e iguales, no subordinados”.

El texto dice que el Ejecutivo en Cataluña "impulsará un plan de gobierno de desobediencia republicana" y uno de sus primeros cometidos es sacar adelante "Un plan de choque contra el 155", con el que se pretende revertir todos los efectos derivados de la intervención constitucional del Estado en Cataluña y "que permita acelerar las tramitaciones frenadas". A las instituciones asentadas en Bruselas "tienen que desarrollar la estrategia política" y "relacionarse de manera efectiva y en coordinación con las instituciones políticas".

Recuperar leyes recurridas

El plan con el que Junts per Catalunya y Esquerra quieren convencer a la CUP para que apoye el pacto de legislatura incluye la recuperación de leyes, impuestos y estructuras de Gobierno que han sido suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional en los últimos años. En la lista figuran, por ejemplo, el llamado canon audiovisual, las leyes contra la pobreza energética o la reforma del Código Civil catalán.

El acuerdo también apuesta por impulsar la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección Social, dos de las llamadas estructuras de Estado que la pasada legislatura se reforzaron o pusieron en marcha para supuestamente asegurar la viabilidad de una Cataluña independiente. En esta ocasión, sin embargo, solo se hace referencia a su papel como “vertebradores de la eficiencia y eficacia” de las políticas.

Se incluye además un paquete de 15 futuras leyes, algunas viejas propuestas electorales que nunca terminaron por concretarse, como por ejemplo una legislación propia sobre Dependencia o de Mecenazgo. Hay algunas nuevas como la norma marco para abordar el envejecimiento de la población catalana o la de Economía Social. También hay otras leyes que se quedaron en la cuneta al disolverse el Parlament por el artículo 155 de la Constitución: la de Territorio o la de Puertos.

EL documento también hace varios guiños a la CUP, incluyendo propuestas hechas por los anticapitalistas en el pasado. Por ejemplo, “impedir los desfiles militares y otros actos de este tipo en espacios civiles de Cataluña” así como las maniobras no estrictamente militares”. O impulsar un “Observatorio de las Violencias Machistas de los Países Catalanes” y convocar el Mecanismo Catalán de Lucha contra la Corrupción el Fraude, una propuesta de los anticapitalistas que nunca tomó cuerpo.

Esquerra Republicana ha intentado, según fuentes de la negociación, que el documento incluya las principales peticiones de la CUP sin caer en ilegalidades flagrantes que impidan el levantamiento de la intervención de la autonomía y puedan perjudicar más a los dirigentes independentistas en prisión preventiva. ERC ha insistido en la necesidad de tener “un gobierno efectivo” para que la Generalitat deje de estar en manos del Gobierno del PP que, recuerdan, solo obtuvo cuatro diputados en las pasadas elecciones autonómicas.

El proceso constituyente que proponen ERC y Junts per Catalunya está definido en el documento como “un gran debate nacional catalán sobre el futuro de nuestro país, que dibuje el modelo social, económico e institucional”. Debe ser “un debate que involucre de manera real a toda la ciudadanía y que es capaz de formular grandes pactos y consensos nacionales”. Este debate debe “conformar las bases de una propuesta de Constitución de la República de Cataluña”.

Órganos no oficiales en Bruselas

Buena parte del debate constituyente lo sitúan en la órbita de lo que el documento denomina “instituciones en el exilio”, órganos no oficiales que estarán dirigidos desde Bruselas, donde se encuentran huidos de la justicia el expresidente Carles Puigdemont y tres de sus exconsejeros. El punto de inicio de este proceso constituyente será “la Asamblea de representantes para la República”, un órgano no oficial que incorporará a los “cargos electos que ella misma acuerde incorporar”. También reserva un papel para el Consejo de la República, el otro organismo no oficial que Carles Puigdemont pretende dirigir desde Bélgica. Su papel será el de “fomentar e impulsar los debates necesarios" y dotarse de las herramientas para desarrollarlos.

“En una fase cero el proceso constituyente se autoimpulsará un Pacto Nacional Constituyente en Cataluña, que tendrá que emplazar a todos los agentes cívicos, sociales y políticos”, dice.

El acuerdo también reserva un papel al Parlamento de Cataluña. Concretamente “constituirá aquellas comisiones de estudio que puedan tener por objeto profundizar en los debates nacionales que se lleven a cabo”. El documento deja claro que “en la primera fase” el debate será de carácter “territorial” y “social”.

La conclusión de estos debates “debe concluir con una multiconsulta con todas las garantías para que participe en ella la mayoría de ciudadanos, donde la ciudadanía se pueda expresar en cada uno de los elementos fundamentales”. Al hablar de multiconsulta se evita la palabra “referéndum” en otro intento de evitar responsabilidades penales a los miembros del Govern.

“El éxito y eficacia del Proceso Constituyente vendrán condicionados por la fuerza de la ciudadanía y las organizaciones que la representan. Más que nunca será necesario que la sociedad catalana continúe movilizándose por la paz, contra la represión policial y jurídica del estado español y no cediendo ni un milímetro en favor de la libertad de expresión”. También se insiste que este proceso tiene que ir “más allá de las entidades soberanistas para implicar a entidades sociales, empresariales, culturales y científicas”.

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