Uno de cada tres plenos de Madrid debate sobre la memoria histórica
La eliminación de las vías y plazas con referencias franquistas y la creación de homenajes han sido abordados en 14 de 47 sesiones
La memoria histórica, y por ende el debate sobre la Guerra Civil y la dictadura, se ha convertido en argumento recurrente en el pleno de la capital. Desde la llegada al gobierno de Ahora Madrid, coalición liderada por Podemos, asuntos como la eliminación de las vías y plazas con referencias franquistas del callejero y la creación de nuevos homenajes y monumentos han sido abordados en 14 de 47 sesiones desde 2015 (un 29%). El enfrentamiento, de intensidad creciente, entre los partidos evidencia la falta de acuerdo sobre la lectura del pasado y su recuperación en el debate cotidiano.
Los primeros pasos del gobierno de Manuela Carmena en cuanto a política de memoria fueron resbaladizos. La retirada y luego reposición de una lápida a las monjas carmelitas, asesinadas en la Guerra Civil, evidenció los errores del nuevo gobierno municipal. Esto llevó a los socialistas a finales de 2015 a instar en el pleno al ejecutivo a definir su postura sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y trabajar en un “plan integral de la memoria de Madrid”.
Un memorial que alimenta las divisiones
El Consistorio quiere brindar homenaje a las víctimas del franquismo en la posguerra, pero Ciudadanos y el PP están en contra. “El cementerio no solo fue una fosa para las víctimas del franquismo” sino que lo fue para “los más de 1.700 asesinados por las checas entre julio y noviembre de 1936”, argumentaron los concejales del PP. Ciudadanos pidió devolver al comisionado el control de la política de memoria, mientras que Mauricio Valiente (Ahora Madrid) afirmó que el gobierno escuchará al organismo, pero reiteró que el monumento no será a las víctimas de la Guerra Civil. El PSOE quiere oír al comisionado, pero también se desmarca de la “equidistancia” de “la nueva y vieja derecha”.
El PSOE pidió a Carmena el “reconocimiento a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, que los anteriores ejecutivos del PP habían ignorado. El plazo concedido fue de cuatro meses, en el que la socialista Purificación Causapié (actual portavoz del grupo) exigió al gobierno limpiar las referencias franquistas del callejero de la capital. Esa propuesta contó con el apoyo de todos los grupos, y el único voto en contra del PP.
Carmena intentó entonces redirigir su política de memoria. Nombró a un comisionado, dirigido por la socialista Francisca Sauquillo y formado por seis expertos (historiadores y escritores) de todas las sensibilidades políticas. El comisionado empezó a asesorar al gobierno municipal y contó, en el momento de su creación, con el respaldo de casi todo el hemiciclo (todos a favor, y la sola abstención del PP).
Entre marzo y julio de 2016, el pleno debatió las funciones y dictámenes del comisionado. El organismo presentó un primer borrador de nuevo callejero (que luego amplió) y la creación de un catálogo de 15 sitios de Madrid donde colocar placas para subrayar lugares “simbólicos” de la ciudad en recuerdo de los “tiempos de violencia y barbarie”.
Mientras el comisionado buscaba el consenso, algunos concejales proponían cambiar el callejero de manera unilateral, fracturando el clima de convergencia. Ya en abril de 2017, el debate municipal se intensificó. En la votación definitiva sobre la modificación de 52 calles con referencias franquistas, los ediles del PP y los miembros del gobierno se acusaron mutuamente de una lectura equivocada de la historia.
“Algunos nos quieren [A LOS DEL PP] enterrar en el Valle de los Caídos”, dijo el concejal del PP y exdelegado de Cultura en el gobierno de Ana Botella, Pedro Corral. “No es cuestión de maniqueísmo, sino de indiferencia”, le contestó el tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente.
Ciudadanos se sumó al enfrentamiento en octubre de 2017. El PSOE y Ahora Madrid registraron una propuesta para “interponer querella criminal”, “en el contexto de crímenes contra la Humanidad”, contra la dictadura franquista. Esta iniciativa, que excedía la Ley de Memoria Histórica, propició que Ciudadanos se descolgara por primera vez de la política de memoria municipal.
Tras calificar la medida de “ideológica”, los ediles del partido liderado por Begoña Villacís se abstuvieron. Los populares hablaron de iniciativa “inútil” y empezaron a dirigir su crítica contra la bancada socialista: “¿Por qué les compran [a Podemos] que la Ley de Amnistía es una ley franquista?”, preguntó Corral.
El último enfrentamiento se produjo hace pocos días. El Ayuntamiento propuso crear un monumento en el cementerio de La Almudena a las víctimas del franquismo en la posguerra (1939-1944). Y los populares pidieron en el pleno ampliar el memorial a las víctimas de la Guerra Civil.
El rifirrafe fue duro. Ciudadanos apoyó la propuesta del PP y calificó de “absurdez” el monumento. Pero los socialistas y Ahora Madrid, unidos, rechazaron por mayoría la moción. El edil Ramón Silva (PSOE) argumentó que “el franquismo buscaba el exterminio de los disidentes” y rechazó la “equidistancia” de PP y Ciudadanos.
Con los dos bloques cada vez más divididos, ese último debate desembocó incluso en episodios más recientes: ETA y el reconocimiento a sus víctimas. Los ediles de Ahora Madrid hablaron de la necesidad de buscar “criterios uniformes” entre las víctimas del franquismo y del terrorismo. Otra vez, encontraron la crítica de los populares. Corral rechazó la “comparación”: “Es como suponer que las víctimas del terrorismo son consecuencia de una guerra entre un Estado de derecho y el terrorismo”, dijo entre los aplausos de los ediles de su partido.
