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Donde la ley ‘trans’ no llega

Dos años después de su aprobación en la Asamblea, la ley que protege a las personas que cambian de sexo no tiene acomodo pleno en su vida cotidiana

El 17 de marzo de 2016, la oposición de la Asamblea de Madrid aprobó, frente a las 48 abstenciones del Partido Popular, la ley de Identidad y Expresión de Género, un logro histórico para los colectivos de transexuales de la región. El nuevo código incluía formación para tratar con alumnos transexuales en centros educativos, la posibilidad del cambio de la identidad en los documentos de competencia autonómica, la deslocalización de la atención sanitaria (para recibir el tratamiento médico de cambio de sexo había que pasar obligatoriamente por la Unidad de Identidad de Género, UIG), entre otras reivindicaciones.

Mireia, una paciente transexual que fue rechazada en el Hospital La Paz.
Mireia, una paciente transexual que fue rechazada en el Hospital La Paz.

Casi dos años después de la aprobación de la normativa, muchas de las demandas más importantes del colectivo no se han materializado. Colectivos de transexuales y LGTBI como Transcogam, Arcópoli o Familias Transformando llevan más de un año reivindicando el desarrollo de los artículos de ley. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, definió este hecho como "discriminatorio" por parte del Gobierno de la región, a lo que el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, respondió con que “se están poniendo en marcha todos los aspectos de la ley, aunque seguramente algunos requieren más tiempo de implantación que otros”.

"En nuestra asociación hemos recibido docenas de mensajes de colegios e institutos de toda la Comunidad de Madrid pidiéndonos consejo sobre qué hacer con un alumno transexual", explica Carmen García, responsable de Transcogam. El artículo 23 de la ley describe los distintos aspectos que deben tomarse en cuenta a la hora de tratar con un alumno transexual y garantizar su bienestar, pero todos ellos están sujetos a un protocolo que el Gobierno regional debe desarrollar. La consejería de Educación asegura que "se está elaborando un protocolo de atención educativa a la identidad de género en los centros escolares", una frase que a García le resulta familiar.

En la asociación Familias Transformando, compuesta por familias con niños transexuales, han tenido buenas y malas experiencias con colegios e institutos, pero todos coinciden en una misma incertidumbre: la falta de ese protocolo oficial al que dirigirse en estos casos deja a los padres y alumnos a merced de lo que el centro considere correcto. "Es como decía la película Un tranvía llamado Deseo: dependemos de la buena voluntad de unos extraños, de los responsables del centro", explica Daniela del Barco, madre de Sara, una adolescente transexual de 14 años.

Sara y su familia tuvieron suerte. Cuando a los 13 años tomó total conciencia de su identidad de género, el instituto fue muy sensible con la situación. Mantuvieron numerosas reuniones con ella y sus padres, consultaron con el departamento LGTBI de la Comunidad de Madrid, que se ofreció a dar una charla informativa en la clase de niña, e incluso modificaron la identidad en los documentos internos (exámenes, justificantes, circulares, tablas de notas) para que apareciera su nombre sentido en ellos. La identidad debe permanecer en la aplicación informática, dado que pertenece a la consejería de Educación.

No fue tan afortunada Riley, de 12 años. Ahora que ha entrado en el instituto se encuentra a gusto, pero cuando comenzó su tratamiento de bloqueadores hormonales con 11 años, encontró cierta resistencia en su colegio. Ante la falta de protocolos, el colegio decidió no cambiar su identidad en los documentos internos. Tampoco diseñó una estrategia conjunta para que el equipo de la escuela supiera cómo afrontar la situación. "No es justo que un niñe [emplea un género neutro porque Riley es transgénero] que saca dieces en todo tenga que volver a casa llorando con las notas del trimestre porque le han puesto su nombre de chico", protesta su madre, Rosa Ortega.

Unidad de Identidad de Género

Mireia, docente de 28 años, fue rechazada en dos ocasiones del hospital La Paz, único centro sanitario público en la Comunidad de Madrid donde se hacen intervenciones de cambio de sexo. La primera vez, los médicos se negaron a hacerle una revisión médica después de hacerse una vaginoplastia en una clínica privada. La segunda, rechazaron realizarle una mamoplastia. La razón: no había sido derivada desde la Unidad de Identidad de Género (UIG), situado en el hospital Ramón y Cajal.

La ley de Identidad y Expresión de Género descentraliza el tratamiento de los transexuales aplicando el criterio de "proximidad", por lo que podrían ser atendidos en cualquier centro hospitalario. Mireia prefirió recibir el tratamiento hormonal cerca de su lugar de trabajo, y sufrió las consecuencias. Ni con la ley en la mano ni con dos reclamaciones consiguió ser atendida. "Es un despropósito, porque en los dos casos quien me pidió las valoraciones fue un médico de atención primaria, dentro del circuito sanitario de la comunidad", señala.

Daniel Delgado, miembro del colectivo El Hombre Transexual de 46 años, ha tenido una experiencia semejante. Unos dolores provocados por el tratamiento hormonal le llevaron a ginecología del hospital 12 de Octubre. La doctora que se le asignó se negó a tratarle aduciendo que tenía que venir derivado de la UIG. Delgado exigió otro facultativo, y este sí quiso tratarle.

¿Qué es la Unidad de Identidad de Género?

La UIG es una unidad formada por médicos de diversas especialidades relacionadas con el tratamiento de personas transexuales: psicólogos clínicos, psiquiatras, urólogos, endocrinólogos, cirujanos plásticos entre otros muchos. Desde su fundación en 2007, todas las personas que querían hacerse un cambio de sexo por la sanidad pública debían pasar por la unidad para recibir el tratamiento psicológico y hormonal. Para cualquier tipo de prueba o procedimiento, pacientes de toda la Comunidad de Madrid tenían que trasladarse obligatoriamente al Ramón y Cajal.

Para Antonelli, "estas situaciones podrían evitarse mandando una circular a todos los hospitales de la región para que supieran que no hace falta ser derivado desde la UIG", además de "desarrollando un protocolo" para que los facultativos supieran cómo actuar. "Si no lo hacen es porque quieren conservar desde la unidad el monopolio del tratamiento, no quieren perder ese privilegio", concluye la diputada.

Fernando Prados, viceconsejero de Humanización y Asistencia Sanitaria, tiene claro que la UIG es "donde se encuentran los mejores especialistas en este campo" y que todos los pacientes deben pasar por la unidad para el tratamiento. "La transexualidad es una circunstancia muy poco común, por lo que lo normal en estos casos es reunir a los expertos en un mismo lugar para traten a los pacientes", explica Prados, "en casos tan específicos como la transexualidad, es normal que los centros se nieguen a operar si no se ha hecho un seguimiento exhaustivo por unos expertos reconocidos".

Respecto a los conceptos de "descentralización" y de "proximidad", el viceconsejero niega la mayor: "Es una filosofía para que nadie se siente discriminado", asegura, "si tienes un problema que no esté relacionado con tu condición no tienes que ir, pero si lo tienes, debes ir a la unidad, que es donde están los mejores especialistas". En relación a esto último, Prados achaca los casos de desatención médica en transexuales a la prudencia de los facultativos: "Entiendo que un médico no quiera tratar a alguien con esta condición en especialidades como ginecología, pues puede pensar que no tiene la preparación para tratar un caso así".

Tarjeta sanitaria

“Nosotros nos hemos comprometido en el margen de nuestras competencias, como con el abono de transporte, el carné joven o el de la biblioteca”, sentenciaba el director general de Servicios Sociales, Pablo Gómez Tavira, a comienzos de al ser interrogado por la posibilidad de cambiar la identidad en la tarjeta sanitaria por cuestiones de género, una de las reivindicaciones más fervientes del colectivo transexual.

El cambio de identidad en los documentos oficiales de competencia autonómica permitiría normalizar la vida de la persona transexual mientras está en proceso de cumplir los requisitos que le permitan modificar estos datos en el registro civil. Para pedir estos cambios, es necesario que el solicitante lleve dos años de tratamiento hormonal y que haya sido diagnosticado con un trastorno de disforia de género (nombre que recibe en psiquiatría la discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico).

Cambio de datos en la tarjeta sanitaria

Cuando una persona solicita un cambio de nombre por identidad de género, primero se modifican esos datos en el Sistema de Información Poblacional, una base de datos regional que todas las comunidades autónomas poseen. La Consejería correspondiente cruza después la información con la base de datos del Sistema Nacional de Salud, a la que todas las autonomías tienen acceso, y con la que se permite hacer cambios de identificación. Esta modificación no afecta a la base de datos del INSS, en la que seguirá constando la identidad original.

Desde la consejería de Sanidad se asegura que el cambio de identidad en la tarjeta sanitaria implicaría un cambio en los datos en la Seguridad Social, administrado por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), órgano de competencia estatal. Esto significaría una violación de las competencias del Estado. La diputada socialista Carla Antonelli ha calificado reiteradamente esta posición como de "analfabetismo político" y de ocultar un "espíritu de negación".

Fuentes de las consejerías de Salud de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón e islas Baleares, comunidades autónomas que han aprobado leyes en apoyo a los colectivos transexuales similares a la madrileña, contradicen la versión del Gobierno de Madrid. Según estas fuentes, cambiar la identidad de un solicitante en la tarjeta sanitaria no implica modificar los datos de la Seguridad Social.

Emilio García, responsable de la asociación Familias Transformando, lleva casi un año batallando con la administración para exigir el cambio de datos de la tarjeta sanitaria de su hijo Gara y el de otros jóvenes transexuales, una demanda que ha sido reiteradamente denegada. En estos colectivos conocen bien los malentendidos y situaciones embarazosas que las personas transexuales padecen cuando los datos de un documento como este no coinciden con tu identidad actual, especialmente los más pequeños.

Cada vez que Paloma Vázquez va con su hija de ocho años al centro médico, se acerca al mostrador para hacer la misma demanda: "Por favor, llamadla por Andrea". De lo contrario, cada vez que suena el nombre registral por megafonía, tal y como explica Cruz Rabadán, madre de un chico transexual, "toda tu privacidad queda expuesta". "Es como si preguntaran por el altavoz 'por el que sufre de tal problema'. ¿Por qué tiene que conocer todo el mundo que mi hijo es trans?", explica indignada.

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