El informe jurídico deja en manos de Torrent desbloquear la investidura

No hay plazo para investir al presidente de la Generalitat. Esa es la principal conclusión del informe jurídico entregado este viernes por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, que propone al presidente de la Cámara, Roger Torrent, alternativas para que no se eternice la situación. Si este no lo hiciera, el texto abre la puerta a la oposición a que actúe para que eche a andar el reloj y se elija presidente en dos meses. En caso contrario, se disolvería el Parlament y habría elecciones.

Tras conocer el informe jurídico, la oposición coincidió en que la pelota está en el tejado de Torrent y no se dio por aludida ante la posibilidad de forzar una investidura fallida. El texto asegura que si Torrent no impulsa “el acto equivalente” a una votación fallida para que empiecen a contar los dos meses para que haya investidura, “sin justificación objetiva y transcurrido un plazo razonable, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente”.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, primer grupo del Parlament, entendió que ese mensaje vale para la oposición y para los grupos independentistas. El diputado, además, avisó de que ni mucho menos se plantean proponer a Inés Arrimadas como presidenta. “Eso solo serviría para unir al independentismo ahora que está desunido y desconcertado”, sostuvo.

Jordi Terrades, del PSC, avisó de que los letrados interpelan a la oposición en última instancia y que los socialistas no se sienten llamados a actuar. “No podemos hacerlo cuando solo tenemos 17 diputados”, señaló. Elisenda Alamany, portavoz de los comunes, razonó que Esquerra tiene en sus manos la llave para desbloquear la situación y proponer a otro candidato. “No podemos estar así eternamente. La patata caliente la siguen teniendo los partidos independentistas”, afirmó recordando, además, que la aritmética “es la que es”, mostrando su convencimiento de que Arrimadas no se postulará. El popular Santi Rodríguez definió el informe como “indefinido y desafortunado”. “La oposición no puede hacer si no tiene mayoría. Si alguien se postula solo serviría para presionar a Torrent”, dijo.

Tribunal Constitucional

El informe expone que el aplazamiento del pleno de investidura acordado por Torrent el pasado 30 de enero, “no se produce como consecuencia de una decisión deliberada”, sino por decisión del Tribunal Constitucional y que, por tanto, debe esperarse también a que decidan los magistrados. Carles Puigdemont fue el candidato propuesto por Torrent, pero el Constitucional prohibió la sesión a no ser que el expresidente estuviera presente en la Cámara y con autorización del Tribunal Supremo. El secretario general del Parlament considera que, por ello, no han empezado a contar los diez días hábiles de que dispone Torrent para presentar un candidato desde la constitución del Parlament, el pasado 17 de enero.

El informe precisa que para decidir si ha corrido ese plazo de diez días habrá que esperar a que el Constitucional resuelva la admisión o no del recurso del Gobierno. Si después se prolongara la situación de interinidad o bloqueo institucional, el informe asegura que el presidente del Parlament podría activar el plazo para la convocatoria automática de elecciones a través de una comunicación a la Cámara en la que constatara la imposibilidad de llevar a cabo la investidura. También podría, añade el secretario general, iniciar una ronda de nuevas conversaciones para elegir a otro candidato. Si fallan todos esos escenarios, es cuando se abriría la puerta a la oposición.

Pero el secretario general insiste en que no han empezado a contar los diez días para presentar un candidato a la Cámara por la decisión del Constitucional y que, por tanto, no se ha iniciado el cómputo de dos meses para la disolución anticipada del Parlament como si hubiera habido una votación fallida. Interpretarlo así, dice el secretario general, sería “crear un supuesto de disolución anticipada no previsto en la norma, con perjuicio de los derechos fundamentales” de los diputados.

Además “pondría en manos del presidente un instrumento exorbitante para provocar esta disolución sin presentar siquiera un candidato, desfigurando su papel institucional”, dice el informe. Así las cosas, el informe añade que al no existir una regulación sobre el incumplimiento del plazo para presentar candidato a la investidura se puede considerar que el plazo de dos meses empezaría a contar con un “acto equivalente” a la primera votación y por ello sugiere a Torrent que no permanezca pasivo.