La justicia autoriza la retirada de la cruz a los caídos de Callosa de Segura

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha autorizado al Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) para concluir los trabajos de retirada de la cruz de los caídos franquista situada junto a la iglesia del municipio alicantino, interrumpida el pasado 29 de enero por un auto del mismo tribunal en respuesta a una plataforma defensora del monumento. 

El tribunal levanta así las medidas cautelares acordadas la semana pasada tras un recurso presentado por los defensores de la cruz, con las que se paralizaron los trabajos de desmantelamiento del monumento. La sala impone al Ayuntamiento la obligación de custodiar todos sus elementos hasta que la sala se pronuncie sobre el fondo del pleito por si la sentencia ordenase su reposición.     

Los magistrados entienden que la retirada de la cruz no produce daños irreparables; que no concurre el requisito legal de peligro en la mora procesal, ya que “no se está produciendo, ni puede producirse, una destrucción del conjunto de los elementos que componen la cruz.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, que tramita el recurso interpuesto por dicho colectivo contra el acuerdo del pleno, deberá pronunciarse sobre si la supresión de la cruz vulnera o no el derecho a la libertad religiosa, si la cruz es un símbolo religioso o un elemento de justificación de una dictadura y la relación que pueda existir entre la declaración de monumento histórico-artístico de la Iglesia Parroquial de San Martín y la llamada cruz de los caídos.

El grupo municipal  del PP pedía mantener la cruz porque se habían realizado obras de remodelación y modificación del monumento, del que se habían eliminado placas y menciones conmemorativas franquistas, y no creía aplicable la ley de la Memoria Histórica. La moción fue rechazada por la mayoría del pleno. El acuerdo fue recurrido por una posible vulneración de la libertad religiosa.

En su resolución, el TSJ reprocha al Ayuntamiento que comenzara los trabajos de retirada del conjunto objeto del litigio sin esperar dos días a que se celebrara la vista en la que había de resolverse sobre la petición de medidas cautelares, y que lo hiciera sin comunicarlo al tribunal en los términos en que le había sido requerido el día 24, enviando un fax el viernes 26 “sin especificar temporalidad o momento concreto alguno para la operación de desmontaje”.

Cuando el Ayuntamiento recibió la pasada semana la orden del tribunal valenciano, los operarios trabajaban para desmontar la peana o base del monumento donde están inscritos los nombres de los callosinos que murieron durante la Guerra Civil española y que lucharon en el bando franquista. El Gobierno local se vió obligado a paralizar los trabajos por la resolución judicial.

El alcalde de Callosa de Segura (Alicante), Fran Maciá (PSPV-PSOE), ha anunciado su intención de reanudar en breve los trabajos para concluir la retirada del monolito. El alcalde ha avanzado que contactarán con "la empresa encargada de estos trabajos para conocer su disponibilidad y ponerlos en marcha lo antes posible para así tener la plaza de España, donde se ubica la cruz, en condiciones para la celebración de la Semana Santa".

Voto particular

“No se entiende por qué la Administración, que había esperado dos años para proceder al desmontaje de la cruz no puede esperar dos días, que eran los que quedaban para resolver la apelación”, subraya el auto.

"Lo que en principio se cuestiona es si la supresión de la cruz atenta, contraría o vulnera el principio de libertad religiosa, porque se dice que los signos que recordaban entonces al franquismo han sido actualmente eliminados”. prosigue.

Las dos resoluciones del TSJCV notificadas sobre la Cruz de Callosa cuentan con el voto particular de uno de los cinco magistrados, que defendía la necesidad de adoptar medidas cautelares por considerar que la retirada de la cruz antes de que se resuelva el fondo del pleito puede causar daños morales irreparables. En este sentido, subraya el hecho de que en 2016 ya se eliminaron del monumento las placas que pudieran considerarse elementos de exaltación colectiva de la Guerra Civil. 

El grupo socialista en las Cortest Valencianas ha expresado su "satisfacción" por las resoluciones del TSJCV que autorizan al Ayuntamiento a la retirada del monolito, una decisión que considera "avala" al alcalde de la localidad, el socialista Fran Maciá.

El PSPV, a través de la portavoz de Memoria Democrática, Mercedes Caballero, ha denunciado los "ataques de odio" que ha sufrido el primer edil pese a que "siempre ha actuado siguiendo lo establecido en la legislación nacional y autonómica".