La investidura queda en el limbo

El auto dictado el pasado sábado por el Tribunal Constitucional por el que solo permitía la investidura de Carles Puigdemont si lo autorizaba el juez Pablo Llarena ha creado una situación de incertidumbre legal que deja en el limbo la elección del presidente de la Generalitat. Según fuentes jurídicas, Roger Torrent, presidente de la Cámara, ha de elegir ahora entre tres escenarios posibles: continuar adelante con el Pleno convocado para mañana por la tarde para la elección de Puigdemont, aplazar la sesión o suspenderla.

El artículo 4.2 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat establece de manera clara que en el plazo de diez días desde la constitución del Parlament, el presidente "debe proponer al Pleno un candidato o candidata a la presidencia de la Generalidad". Eso es lo ya hizo Torrent la semana pasada y convocó el pleno para mañana martes.

De la literalidad del redactado no se desprende que el Pleno de investidura haya de celebrarse en esos diez días hábiles que finalizan el próximo miércoles, 31 de enero, pero fuentes parlamentarias consideran que no cabe otra interpretación que esa y que si el presidente de la Cámara "propone al Pleno", como dice la ley, debe convocar en paralelo la sesión, que es lo sucedió la semana pasada.

Sin embargo, la decisión del Constitucional crea una situación insólita que ha causado desconcierto en los juristas. Si Torrent continua adelante con el Pleno y la candidatura de Puigdemont corre el riesgo de incurrir en desobediencia al Tribunal Constitucional, por lo que lo más razonable es que se aplace o se suspenda la reunión.

La decisión corresponde a la Mesa del Parlament, que en principio tiene previsto reunirse este martes por la mañana. Si para entonces Torrent persiste en su decisión, el PSC ha anunciado que solicitará la suspensión de la sesión de investidura y que Torrent abra una nueva ronda de consultas con los líderes de todos los grupos parlamentarios para proponer otro candidato distinto a Puigdemont. La decisión intermedia que parece que es la más satisfaría al independentismo sería aplazar el inicio del Pleno ya convocado y ganar tiempo para buscar un candidato alternativo al expresidente.

En cualquier caso, todas las fuentes jurídicas y parlamentarias consultadas coinciden en que el miércoles es el día máximo para que se celebre la primera votación del debate de investidura, que requiere la mayoría absoluta de la Cámara (68 diputados). Si no prosperase, puede celebrarse otra segunda votación al cabo de dos días, que solo requiere mayoría simple.

Si tampoco se eligiese candidato se pueden volver a celebrar sesiones para investir presidente hasta los dos meses siguientes a la primera votación: el 31 de marzo, Sábado Santo. Si para entonces sigue bloqueada la situación, el Parlament quedaría disuelto y Mariano Rajoy volvería a convocar nuevas elecciones.