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Barcelona y las entidades rechazan la subida del precio del agua

El Ayuntamiento y los vecinos no entienden como la Generalitat propone un aumento del 11% a un mes de la sentencia de ATLL

Estación de bombeo de la distribuidora de agua de Fontsanta de ATLL (Aguas Ter-Llobregat) en Sant Joan Despí, Barcelona.
Estación de bombeo de la distribuidora de agua de Fontsanta de ATLL (Aguas Ter-Llobregat) en Sant Joan Despí, Barcelona.

La sorpresa fue tan grande que se preguntaron si se trata de una inocentada antes de tiempo. El Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Alianza contra la pobreza energética (APE) y la plataforma Aigua és vida rechazaron ayer la subida del 11,8% de la tarifa del agua de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) para el año que viene que ha propuesto la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat y que ayer reveló EL PAÍS. La subida del precio que ATLL vende a las suministradoras que operan en Barcelona se llevará al consejo de administración previsto para el día 28.

Las voces consultadas coincidieron en que las familias que sufren pobreza energética no pueden afrontar más subidas en las facturas; rechazaron una subida que está muy por encima del IPC; y además cuestionaron una propuesta por parte de la Generalitat que se toma cuando falta solo un mes para que el Tribunal Supremo se pronuncie (el 30 de enero) sobre la adjudicación del contrato de ATLL, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La portavoz de la APE, Maria Campuzano, valoró que aunque cuando se habla de pobreza energética se focaliza el fenómeno en las subidas del precio de la luz, “si aumenta el del agua también afecta a las personas que están en esta situación”. “En un momento en el que no suben ni los salarios ni las pensiones, las familias no se pueden permitir que la factura suba ni un euro”. Campuzano tachó además de “injustificada e incluso ilegítima” la propuesta de aumento, “porque la concesión está anulada por el TSJC”.

“Parece inverosímil que se quieran subir tarifas con la concesión anulada”, lo entendió la portavoz de la plataforma Aigua és vida, Míriam Planas. “No podemos aceptar una subida de casi un 12%, muy por encima del IPC, con la carga que llevan las familias, los ayuntamientos que están haciendo un esfuerzo para que no se les corten los suministros o personas que acumulan deudas”. Planas también reclamó “espacios de participación donde la ciudadanía pueda ser parte en las decisiones y las políticas que se toman en relación del agua”.

Desde la FAVB, su presidenta, Ana Menéndez, recordó que las entidades vecinales advierten desde 2012 de que “la privatización de ATLL comportaría grandes aumentos de tarifas para rentabilizar las aportaciones de los inversores privados”. “La subida anunciada ahora se inscribe en un contexto que la hace más ominosa, a un mes de la sentencia del Supremo y cuando se han comenzado a recoger firmas para hacer una consulta sobre la municipalización del agua para recuperar su gestión pública”.

El concejal de Presidencia, Agua y Energía del consistorio barcelonés, Eloi Badia, se mostró “sorprendido” por la propuesta del ACA ante la sentencia “porque si el Supremo anula la privatización comportaría justo lo contrario, una rebaja de precio”. “Es una sorpresa negativa y no menor, porque los gastos no aumentan un 11%; tras cinco años sin subir tarifas, no viene de un mes”, apuntó.

Colau reclama 40 millones para el transporte al Estado

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para reclamarle que incremente en 40 millones de euros (de 108 a 148 millones) las aportaciones al sistema de transporte público para 2018. Colau recuerda que entre 2010 y 2017 la aportación del Estado a la financiación del transporte público metropolitano ha caído en 540 millones de euros, tantos como la deuda que tiene el sistema. En cambio, durante el mismo periodo, las aportaciones del Ayuntamiento han incrementado un 87%, las del Área Metropolitana un 22% y las de la Generalitat, un 27%.

Los 40 millones son la clave para dar respuesta al servicio que requieren 40 millones de viajeros más y para congelar las tarifas en 2018. La petición de Colau no es nueva. La lanzó en septiembre con las administraciones que integran la Autoridad del Transporte Metropolitano y fue respaldada el pasado viernes en el pleno municipal.

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