Cinco años sin respuesta a la pobreza energética en Cataluña

La pobreza energética, la incapacidad para hacer frente a los recibos de los suministros básicos, ha sido el asunto social estrella de los últimos cinco años en Cataluña. La Generalitat se ha volcado en el debate pero los resultados han brillado por su ausencia. Este problema social se ha convertido, así, en otra arma arrojadiza del procés entre el Gobierno y el Govern. El debate también ha alcanzado de lleno a las empresas suministradoras y ha puesto de relieve la labor fundamental de las entidades sociales ante la falta de políticas públicas contundentes. El resultado es que en Cataluña hay 325.021 hogares que pasan frío, el 11% del total, según el propio cálculo de la Generalitat.

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La falta de resultados no quita que Cataluña fuera pionera en la lucha contra este problema en España. En 2013, la Generalitat aprobó la llamada tregua invernal. Esta impedía que se hicieran los cortes en los meses de más frío pero postergaba la deuda de las familias. Esta norma, junto con una reforma del Código de Consumo, fueron recurridas por el Gobierno central al entender que invadían sus competencias en energía. La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) también criticó que medidas como obligar a sus socios a colaborar con una parte de sus beneficios a combatir la pobreza energética iban en contra de la unidad de mercado. Piden más “seguridad jurídica y mejor gestión”.

Solo una de esas normativas se salvó parcialmente del recurso, algo que los partidos independentistas curiosamente niegan en estos días de campaña electoral: la ley 24/2015, surgida de una iniciativa legislativa popular de emergencia habitacional, promovida por la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

El articulado tiene dos partes, uno dedicado a la vivienda —que sí fue suspendido por el Tribunal Constitucional— y otro a la pobreza energética. Ese último punto introducía dos aspectos básicos: el llamado principio de precaución, es decir, que las empresas han de consultar a los servicios sociales antes de realizar un corte de servicio para comprobar que no se tratara de una familia vulnerable. Y después instaba a las Administraciones a “establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido”.

El Gobierno central también quiso recurrir el apartado sobre pobreza energética —la APE salió a la calle para impedirlo— pero finalmente no lo hizo por recomendación del Consejo de Estado. El dictamen del 21 de abril de 2016 deja clara la razón por la cual no era necesario: el texto legal “no impone a las suministradoras una obligación de llegar a convenios”. Las normas anteriores sí recogían una obligación expresa y esa fue la percha de la que se agarró el Gobierno para recurrirlas.

La ley 24/2015 se aprobó al final de la legislatura, con una gran presión social y justo antes de las elecciones el 27-S. Nadie quería quedarse fuera de la foto. Ningún letrado se dio cuenta de que era una ley que en lo que respecta a la ayuda de las empresas para pagar la factura de la pobreza energética es insustancial. Según los datos de la Generalitat, desde su aprobación se han denunciado 244 cortes ilegales y se han abierto 150 expedientes sancionadores. La mayoría han sido recurridos y las eléctricas solo han pagado cuatro sanciones.

El Gobierno central se jactaba de permitir a la Generalitat poder atender a los pobres energéticos. Y el Govern culpaba sin cesar al PP de no dejarle luchar contra esta lacra. En medio, la Generalitat solo ejecutó 1,1 millones de euros de los cinco que había presupuestado para pagar los recibos de los pobres energéticos en 2015. El Govern aceptó que había un problema de gestión y optó por implicar a los municipios. Para esta urgencia social, los entes locales dedicaron 37 millones de euros en 2015, 11,2 millones más que en 2013.

La muerte hace un año de Rosa Pitarch, una mujer de Reus que en teoría estaba cubierta por la ley catalana de pobreza energética pero tenía la luz cortada, volvió a poner el debate sobre la mesa. El expresidente Carles Puigdemont señaló directamente a Gas Natural como la responsable por desobedecer la ley. La Generalitat estaba ahora a la espera de conocer los detalles del nuevo bono social promovido por el Gobierno central para darle un nuevo impulso a su propia normativa. Una tarea pendiente para el nuevo Govern.