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Puigdemont busca un frente con los alcaldes contra la pobreza energética

El recurso contra la ley antidesahucios congela el diálogo entre Gobierno y Generalitat

El restablecimiento del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat no logró evitar ayer el recurso contra la ley catalana antidesahucios y de pobreza energética. El Consejo de Ministros aprobó llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) cinco de sus artículos, que establecen mecanismos para evitar la emergencia habitacional, argumentando que la decisión viene motivada sólo por argumentos jurídicos. El presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo que la decisión da un “portazo” no a su Gobierno sino a “las familias más necesitadas” y buscará un frente común contra la pobreza junto a los alcaldes catalanes. La suspensión cautelar acaba con la obligación de los grandes tenedores a ofrecer alquiler social, entre otras cosas. El Gobierno no objetó, sin embargo, el apartado referente a las familias que no pueden pagar los suministros.

La vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría explicó que la ley 24/2015 vulnera competencias estatales sobre legislación procesal y concursal al fijar la mediación extrajudicial previas al desahucio. El Gobierno, citando un informe perceptivo del Consejo de Estado, también ve inconstitucionales la obligación a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a un afectado por un lanzamiento o la cesión obligatoria por tres años de pisos vacíos. En definitiva, recurre los aspectos que hacían corresponsable a la banca y a los grandes tenedores de vivienda.

“No es posible tener legislaciones asimétricas y que haya unos derechos o no dependiendo del territorio donde estén los bienes. Hay que garantizar la igualdad de los españoles”, insistió Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ley vasca de vivienda también terminó en el TC. El Gobierno tampoco utilizó su potestad para no pedir la suspensión cautelar.

Mena llama a desobedecer al TC porque lo considera "un chiste"

El diputado de En Comú Podem en el Congreso Joan Mena ha llamado este viernes a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC), que ha descrito como "un chiste", después de que el alto tribunal haya anulado algunas leyes catalanas.

En los últimos días, el TC ha dejado sin efecto normas aprobadas por el Parlamento catalán, como la que gravaba la producción de energía eléctrica nuclear o la que prohibía el uso de la técnica de la fractura hidráulica o "fracking" en la búsqueda de hidrocarburos.

Estas decisiones se suman a los nuevos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy contra iniciativas catalanas como partes de la ley de pobreza energética.

"El TC se ha convertido en un chiste. Sin gracia, porque afecta a la vida y a la dignidad de millones de personas. Habrá que no hacerle caso", ha afirmado desde Twitter Joan Mena, militante de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), que el 20D concurrió en el número 7 de la candidatura de En Comú Podem por Barcelona.

Mena, además, ha reenviado un mensaje de su compañero de militancia en EUiA David Companyon, que manifestaba: "¡Hace falta desobedecer al TC!".

Companyon recriminaba al PP por llevar al TC la ley contra la pobreza energética y los desahucios y la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El futuro de esta ley —que surgió de una Iniciativa de Legislación Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)— fue uno de los puntos centrales de las reuniones que mantuvieron tanto Mariano Rajoy con Puigdemont como los vicepresidentes de ambos Gobiernos. La Generalitat consideraba que no recorrer la norma sería un gesto de “buena voluntad”.

El plazo para llevar la ley ante el TC vencía el próximo jueves y el Gobierno ha esperado hasta último momento para aprobar el recurso. Hace una semana, el Consejo de Ministros había aprobado recurrir artículos de otras tres leyes catalanas y de ahí el esfuerzo de la portavoz para intentar transmitir el mensaje de que detrás de la decisión no hay ninguna motivación política y que el recurso se limita a un conflicto competencial. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue más beligenrante: “ ¿Qué me están diciendo? ¿Que prevariquemos respecto de lo que dicen y advierten los servicios (jurídicos y Consejo de Estado)?”.

Dinero de suministradoras

El presidente Carles Puigdemont criticó duramente la decisión y recordó que se buscarán vías alternativas para evitar la desprotección. “No se puede combatir la pobreza energética si no hay una casa en donde vivir. No han abierto la puerta a medias, sino que para mí la han cerrado del todo”, aseguró. Pasadas las horas y como respuesta a la suspensión parcial de la ley, Puigdemont convocó para el martes en el Palau de la Generalitat una reunión institucional y social para defender "los derechos sociales de los catalanes", según señalaron fuentes cercanas al Gobierno, que también confirmaron la asistencia de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Según las mismas fuentes, además de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también acudirán a la reunión la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín (PSC), la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlón (PSC) y la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabaté.

El Gobierno no recurrió puntos sobre pobreza energética que molestan a las empresa suministradoras, como la concesión de ayudas a fondo perdido a las familias vulnerables o que se apliquen descuentos muy notables. También se mantiene el principio de precaución, es decir, que las empresas deben verificar la vulnerabildiad de una familia en los Servicios Sociales antes de proceder a un corte en los suministros.

En un comunidado, la PAH acusó al Gobierno de cometer un “golpe de Estado” al ignorar el mandato de una ILP y de un parlemento autonómico. “Se han tumbado todas y cada una de las propuestas que se han hecho para acabar con la emergencia habitacional”, aseguró.

El Consejo de Ministros también aprobó llevar otra ley ante el Alto Tribunal. Se trata de la 19/2015, que modificaba el libro quinto del Código Civil catalán para incorporar la propiedad temporal y de la propiedad compartida. Leyes similares de otras CCAA fueron recurridas también.

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