El Parlament aprueba la ILP contra los desahucios

El pleno del Parlament aprobó ayer, por unanimidad, la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la pobreza energética. A la votación asistió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

“Hemos ampliado el alcance del texto original”, dijo Carlos Macías, cabeza visible de la PAH. Entre las modificaciones están, por ejemplo, la obligación de las empresas suministradoras de contactar a los servicios sociales municipales antes de realizar un corte por impagos para verificar si se trata de un caso de pobreza energética.

También se ha incluido una definición de gran tenedor de vivienda, donde no solo se incluye a las entidades financiera sino también a las personas jurídicas que, incluso a través de empresas, sean dueñas de una superficie habitable de más de 1.250 metros cuadrados. Estos también están obligados a hacer una oferta de alquiler social en el caso de un desahucio por pago del arrendamiento.

Una familia tendrá que acreditar su vulnerabilidad no solo por sus ingresos sino también mediante un informe de los servicios sociales, para evitar dejar algunos casos fuera.

La presencia de un millar largo de activistas a la puerta del Parlament muestra de la presión a la que están sometidos los partidos. Las negociaciones fueron duras. No es gratuito que fuera la lucha contra la pobreza energética y los desahucios el primer tema social que Raül Romeva abordara en su discurso del pasado lunes, en la presentación de la lista soberanista.