La Generalitat sólo gastó en 2015 el 22% del fondo de pobreza energética

Este documento, firmado el pasado 21 de diciembre por el ex consejero de Empresa Felip Puig, revela que el departamento recibió un total de 4.150 peticiones de ayuda por parte de empresas suministradoras y ayuntamientos. El 9% fueron rechazadas. En total se entregaron 1,1 millones de euros para sufragar las 3.770 ayudas aprobadas.

El procedimiento del fondo, aprobado en agosto de 2015, especificaba que las familias que no pudieran hacer frente a sus facturas tenían que llevar a las empresas un informe de los servicios sociales municipales donde se especificara su condición de vulnerabilidad, con una fecha posterior al 1 de enero del año pasado. Entre septiembre y octubre, las empresas debían comunicar a Empresa cuántas solicitudes tenía. La Generalitat revisaba la documentación y posteriormente entregaba el dinero.

Endesa fue la que más peticiones presentó (2.400) y la que más dinero recibió del fondo (726.427 euros). En la lista, de 26 entidades, le sigue Gas Natural (861 peticiones, 259.257 euros) y Agbar (505, y 94.066 euros). También figuran los ayuntamientos de Mollet del Vallès (23, y 3.982 euros) y Figueres (97, y 13.937 euros). El 97% de las denegaciones, por su parte, corresponden a solicitudes hechas por Gas Natural.

Ayuntamientos y entidades

¿Son 3.770 muchas o pocas ayudas?, ¿Por qué no hay más ayuntamientos en la lista? Desde Empresa confirman las cifras aunque no valoran el alcance de la cobertura. Una portavoz insiste, sin embargo, en que a nadie se le corta el suministro si tiene el informe de los servicios sociales. En marzo del año pasado, Puig informó en el Parlament de que, durante 2014 y en los primeros cuatro meses de 2015, se habían recibido 4.175 solicitudes para no interrumpir el suministro, aunque no aclaró cuántas se concedieron.

El principal problema es que, hoy por hoy, no hay un diagnóstico real sobre el impacto de la pobreza energética en Cataluña. Hay una horquilla entre las 50.000 familias que recibían algún tipo de ayuda (de acuerdo con un estudio del propio departamento) hasta las 683.000 personas que, según el Idescat, no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada. Las empresas suministradoras son las únicas que realmente saben cuántos cortes realizan, pero no desglosan las cifras por Comunidades Autónomas.

“Muchas personas recurren primero a las entidades sociales o a los ayuntamientos, ya que pagan directamente los recibos”, sostiene Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Este es el caso del Ayuntamiento de Barcelona: a octubre del año pasado había ayudado a unas 4.000 personas (613.227 euros, el 20% del total de la partida destinada). El Área Metropolitana, que agrupa a 36 municipios, también creó un propio fondo de cinco millones de euros para atender los casos. Excluyendo Barcelona, se han ejecutado 800.000 euros aunque no especifican el número de beneficiarios. En L’Hospitalet, desde septiembre del año pasado, se han dado 1.474 ayudas, para lo que ha destinado 214.140 euros.

A lo largo de 2014, la Cruz Roja en Cataluña destinó 55.000 euros para hacer frente a los recibos de luz, agua y gas de muchas de las personas que atiende. Cáritas Barcelona, por su parte, aún no ha presentado su memoria del año pasado pero en la de 2014 mostraba un aumento del 24% en el número de ayudas económicas directas, incluyendo la pobreza energética. Para todo este paquete se destinaron más de dos millones de euros. Las empresas suministradoras, además, defienden que tienen sus propios programas de ayuda.

“Desde 2008, la factura de la luz en España ha subido un 60% y la del agua un tanto más”, recuerda Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). Illa ejemplifica la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas familias poniendo como ejemplo a las personas beneficiarias del programa Hàbitat3, que administra pisos sociales. “Una familia que está allí, con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales, ya acogida a medidas de rebaja como el bono social, tiene que destinar 2.000 euros cada año a pagar la luz, el agua y el gas”, explica.

Ya en el pasado, la Mesa había pedido a la Generalitat una mayor comunicación a los municipios y una mayor publicidad de las ayudas contra la pobreza energética. "En muchas oficinas de servicios sociales se desconoce que este fondo existe", denuncia Mercè Civit, de la comisión de servicios básicos del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña. Y los tres, además, coinciden en dos cosas: el papeleo que implica solicitar la ayuda desestimula a muchas personas. Y, tras dos años, la Generalitat sigue sin clarificar cuál debe ser la colaboración económica de las empresas suministradoras.